En Tucumán se juzgó el asesinato de Osvaldo De Benedetti, militante del PRT-ERP ejecutado en 1978.

Doce represores fueron condenados ayer por delitos de lesa humanidad en el norte argentino durante la última dictadura. El Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó seis sentencias a prisión perpetua por el asesinato en 1978 de Osvaldo De Benedetti, militante del PRT-ERP ejecutado en un operativo que se publicitó como “intento de fuga”. El Tribunal Federal Nº 1 de Jujuy, en tanto, impuso penas que van de nueve años a prisión perpetua a seis imputados por secuestros, torturas y homicidios contra siete víctimas.

Benedetti fue asesinado el 21 de julio de 1978. La sentencia por el crimen alcanzó a Ariel Rolando Valdivieso como autor material, en tanto como autores mediatos fueron sentenciados Alberto Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleti y Camilo Angel Colotti. Los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga dispusieron revocar el arresto domiciliario de Lucena, Gorletti, González Navarro y Chilo, trasladar a los dos primeros a la cárcel de Ezeiza y al resto al complejo penitenciario de Bower, en Córdoba.

Ema De Benedetti, hermana de Osvaldo, dijo estar “muy satisfecha con la sentencia”. “Es algo que estábamos esperando desde hace 36 años”, confesó, y agradeció al tribunal porque “escuchó todos los pedidos”. “Hablo en nombre de la familia, porque nuestra mamá va a cumplir 96 años y no puede estar en las audiencias, mientras que nuestro papá murió hace muchos años”, contó. Recordó que “los hijos de Osvaldo iniciaron la querella con mucha valentía, pero no pudieron estar presentes porque viven en España”.

Bernardo Lobo Bugeau, de la querella, consideró que “este fallo hace mérito a todas las pruebas que tenía la causa, que eran abundantes en lo documental y en el testimonio de quienes compartieron detención con la víctima”. “La valoración que hizo el tribunal llega a la conclusión de que se trata de un delito gravísimo de lesa humanidad y que la única alternativa que tenían era la aplicación de la pena perpetua”, resaltó. El fiscal Gustavo Gimena consideró que “este fallo se condice plenamente con lo que pedimos en los alegatos el Ministerio Público y la querella, tanto en la pena como en la autoría”.

De Benedetti estudiaba ingeniería y era militante del PRT-ERP. En 1974 se le instruyó una causa por la ley 20.840 de “Seguridad Nacional”, que estuvo a cargo del juez Manlio Torcuato Martínez, hoy detenido en el penal de Villa Urquiza. Benedetti fue detenido en Tucumán, pasó por las cárceles de Rawson y en febrero de 1978 fue trasladado a Córdoba. La versión oficial del Ejército fue el tradicional “abatido en un intento de fuga”. Durante el juicio se probó que fue víctima de una ejecución sumaria ordenada por las autoridades del área militar 311 de Córdoba.

En Jujuy, el tribunal que integran Fátima Ruiz López, Daniel Morín y Federico Díaz concluyó el segundo juicio por delitos de lesa humanidad de la provincia. Antonio Orlando Vargas, ex interventor en la cárcel jujeña, quien ya había sido condenado a 25 años, recibió ahora una sentencia a prisión perpetua, que cumple en el penal de Ezeiza. El ex suboficial del Ejército César Darío Díaz también recibió la pena máxima como partícipe necesario de homicidio agravado. Carlos Alberto Ortiz fue absuelto por homicidio, pero condenado a 12 años de cárcel como coautor de secuestros y tormentos. El guardiacárcel Orlando Ortiz también fue condenado a perpetua. Su compañero Mario Gutiérrez recibió una pena de quince años de prisión y nueve años recibió Herminio Zárate.

Los detenidos desaparecidos por los que fueron juzgados son Dominga Alvarez de Surta (docente, secuestrada en su casa de Jujuy), Osvaldo Garibaldi (trabajador del ingenio Ledesma), María del Valle Ranzón (docente), Juana Francisca Torres Cabrera y su hermano Pedro Eduardo (jornalero de 16 años, secuestrado mientras trabajaba en un galpón del ex intendente de Jujuy durante la dictadura, Pablo Labarta), Jaime Lara Torres (docente de artes plásticas) y el abogado Jorge Turk Llapur, quien se presentó espontáneamente a la Jefatura de Policía tras una citación.

La mayor parte de las víctimas fueron secuestradas en mayo de 1976, trasladadas al penal de Jujuy y entregadas el 10 de junio al ex comisario Ernesto Jaig y al sargento Díaz. El único cuerpo recuperado fue el de Alvarez de Scurta, enterrado en el cementerio de Yala como NN, exhumado y reconocido por familiares y un empleado de la morgue del Hospital Pablo Soria.

La sala de audiencias estuvo ayer colmada por familiares de detenidos desaparecidos, ex presos políticos, amigos y militantes de la red de organizaciones sociales, encabezada por Milagro Sala, de la Tupac Amaru y diputada provincial. El juicio comenzó el 4 de septiembre pasado. Durante 39 audiencias declararon más de cincuenta testigos-víctimas, tres ex jueces federales, ex guardicárceles y médicos del penal, entre otros.