Lunes, 30 de junio de 2014 | Hoy
EL PAíS › SE DEFINE SI PUEDE CONTINUAR EL JUICIO POLíTICO AL FISCAL CAMPAGNOLI
Hoy se realizará una audiencia para determinar cómo se reemplazará a la integrante del tribunal que debió renunciar por estrés. Como el suplente no participó del proceso, el juicio podría ser anulado y debería comenzar otro.
El juicio político al fiscal José María Campagnoli debe reanudarse hoy con una audiencia clave para el caso, ya que el tribunal deberá decidir el modo en que reemplazará a una de sus integrantes, María Cristina Martínez Córdoba, que presentó una licencia por estrés. Su suplente, Leonardo Miño, ya fue convocado, pero no presenció las audiencias previas; por esto, la cuestión a decidir es si alcanza con que el suplente vea las grabaciones de las audiencias o si el juicio debe ser anulado para iniciarlo desde cero.
El fiscal Adolfo Villate, uno de los acusadores en el proceso, aseguró que existen “elementos suficientes” para destituir a Campagnoli, aunque remarcó que hay una “total indefinición” sobre el rumbo que tomará el jury. Villate indicó que si bien “una de las posibilidades es incorporar al suplente, estamos con el problema de que no medió en la producción de prueba y no estuvo presente en las testimoniales, y eso es una gran complicación”.
“Es la primera vez que pasa algo como esto, ha habido muy pocos enjuiciamientos y nunca se dio una situación así: hay que ver cómo seguimos”, explicó el fiscal.
El jury, que desde su inicio estuvo marcado por presiones de los grandes medios de comunicación y las intimidaciones que circulan por las redes sociales, quedó en esta complicada situación cuando estaba por comenzar la etapa de los alegatos. Martínez Córdoba, representante en el juicio de la Defensoría General de la Nación, envió al tribunal una notificación de que entraría en licencia médica porque había sufrido un pico de presión.
La jurado y defensora de menores –que en diciembre había definido con su voto la suspensión del fiscal Campagnoli– tuvo que enfrentar en los últimos días una serie de intimidaciones mediáticas y hostigamiento a través de las redes sociales.
Al programa Periodismo para Todos, en el que se la intentó desprestigiar, se le sumaron las crecientes agresiones en las redes sociales, donde se llegaron a publicar los números de teléfonos de su defensoría y de su casa, y también a amenazarla con futuros escraches en la calle si no votaba en favor del fiscal acusado por mal desempeño.
“Cuando salgas a la calle, nos vamos a acordar de vos”; “que vote a favor de Campagnoli o que el infierno la consuma”, decían algunos de los tweets que circularon profusamente. El motivo es que su nombre sonaba como el de quien debería destrabar un empate entre los jueces, por la destitución o la absolución de Campagnoli.
El jurado está integrado por Daniel Adler (representante de la Procuración), Ernesto Kreplaj (Poder Ejecutivo), Rodolfo Ojea Quintana (por el Senado de la Nación), Juan Octavio Gauna (por la Corte Suprema de Justicia) y los letrados Javier Panero y Adriana Donato (Federación Argentina de Colegios de Abogados y Colegio Público porteño). Todos ellos deberán resolver si incorporan al suplente designado por la Defensoría General, Luis Miño, y si el jury debe recomenzar desde el principio, una postura por la que se inclinaría la mayoría de los miembros, según trascendidos.
Campagnoli debe responder a los cargos de mal desempeño y abuso de autoridad. Se lo acusa de haber cambiado el objeto procesal de una causa en la que el financista Federico Elaskar pasó de denunciado por administración fraudulenta a supuesta víctima de una extorsión, y por haber avanzado sobre una causa en la que no era competente: la investigación por “lavado de dinero” en la que trabajaba el juez Sebastián Casanello y que tenía en la mira a Lázaro Báez. También se lo acusa de haber divulgado datos y documentación reservada a los medios.
Asimismo, la Procuraduría contra la Violencia Institucional detectó en la fiscalía de Campagnoli la existencia de unas 1500 imágenes de personas, en su mayoría habitantes del Barrio Mitre, tomadas sin que los involucrados lo supieran. Existían imágenes de chicos de entre 10 y 12 años, e incluso aparece la foto de un bebé en brazos de un joven, entre otros vecinos. Las fotos eran utilizadas para inducir a víctimas de delitos que acudían a realizar una denuncia para que las reconocieran y, así, abrirles una causa.
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