Representantes de los organismos de derechos humanos de Jujuy viajaron a Buenos Aires preocupados por el estado de parálisis en las causas contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier y la existencia de una campaña de amedrentamiento sobre los testigos llevada adelante por la empresa Ledesma. Inés Peña, de Madres de Plaza de Mayo, se reunió con la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad (conocida como Comisión Interpoderes), convocada especialmente. Al terminar, logró reunirse también con la ministra de la Corte con jurisdicción en la zona norte, Elena Highton de Nolasco. “Fue positivo”, dijo Inés. “La ministra nos dijo que de lo ‘poderoso’ del grupo Blaquier nosotros nos olvidemos, porque para la Corte ellos son como cualquier otro: ‘Usted tranquilice a los testigos porque acá no hay coronita para nadie, para la Corte son todos iguales’.”

La Comisión Interpoderes logró reunir a buena parte de sus integrantes. Estuvieron los responsables del seguimiento de las causas de lesa humanidad en la Procuración, Jorge Auat y Carolina Varsky. El secretario general de la Corte Suprema, Alfredo Kraut. El presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, y su secretario general, Javier Carbajo. Y el coordinador del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, Luciano Hazan.

“Nosotros vinimos a explicar ante una institución pública las connotaciones que está teniendo la demora de la Cámara Federal de Salta y la de Casación en la resolución de ciertas medias”, dijo Inés Peña a este diario, luego del encuentro realizado la semana pasada. “Es que, al no resolver los planteos, crean una sensación de incertidumbre en las víctimas-testigos que están expuestos, porque tenemos una campaña de la defensa de Blaquier de desprestigio en contra de la gente.”

La reunión sirvió sobre todo para que los representantes de Casación y la Corte tomen nota de algunos cortocircuitos. Blaquier está procesado en dos causas (Arédez y la Noche del Apagón) que están listas para ser elevadas a juicio oral, pero eso no sucede porque hace seis meses están trabadas en la Cámara Federal de Salta y, sobre todo, en la Sala IV de la Cámara de Casación.

En Salta, los abogados de Blaquier hicieron lo mismo que Pedro Hooft en Mar del Plata: recusaron a todos los funcionarios judiciales. Primero al fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, luego al juez Fernando Poviña, también a las querellas, al fiscal general ante la Cámara Federal de Salta, Eduardo Villalba, y ahora todos los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Salta. Entre las razones invocaron que adelantan opinión sobre el futuro de la investigación y le adjudican a un juez participación en el espacio de Justicia Legítima, un argumento que la Corte Suprema ya rechazó. Lo más complicado ahora es la posición de los jueces: contrariamente a lo que sucede en otros lugares del país, los recusados abandonaron el expediente en lugar de seguir trabajando mientras se resuelve el planteo. El último 8 de agosto, por ejemplo, los abogados querellantes viajaron de Jujuy a Salta para una audiencia pero, como no había jueces, quedó suspendida. Casación, que es el órgano encargado de constituir un tribunal alternativo para estos casos, no se enteró de nada de esto hasta la reunión de la Comisión Interpoderes del jueves pasado. Los jueces no avisaron tampoco al fiscal general. Y quienes estaban allí dicen que, cuando Borinsky intentaba dar cuenta de la fluidez de los caminos de la Justicia, Auat lo interrumpió para señalarle la novedad.

El otro eje de conflicto, más de fondo, reside en la Sala IV de Casación. Ahí están los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y ahora Eduardo Riggi (que reemplazó a Borinsky). Hay varios temas pendientes, como apelaciones al procesamiento de Blaquier y la aprobación, o no, de la designación del fiscal ad hoc. Los planteos, que podrían haberse resuelto en un mes, llevan en espera varios meses. El más importante es el procesamiento, porque es imprescindible para la elevación a juicio de la causa. Hay que decir aquí que ése es un tema que no debería haber pasado por Casación, pero ahora está ahí, aparentemente de manera excepcional y porque había planteos tanto de la querella como de la defensa. Amparados en esa condición de “excepción”, los presentes pidieron a Casación que procure la celeridad de esa cuestión pendiente.

“Creo que el encuentro fue bueno, porque era necesario que se hicieran cargo cada una de las agencias del Estado de las gestiones de gobierno que tienen que hacer”, dice Auat. “Lo más grave que pidieron los organismos, y que yo apoyé, es que la Corte y Casación noten esos problemas que tienen en la jurisdicción.” “A mí no me importa que los de Salta hayan mandado el informe, o no lo hayan mandado, sino que la Corte y la Casación se involucren, porque debería haber un control interno, en el plano administrativo, de estas cosas. Ese es el rol que tienen que cumplir: preguntarle a la Cámara por el estado en el que están las cosas. Nosotros les dijimos que no se confundan, que acá estás hablando de un Estado dentro de otro Estado. Hay que prepararse, esto va a ser duro, muy duro. ¿(El juez Carlos) Olivera Pastor quién era? ¿Quién es el abogado de Blaquier? O sea que en definitiva esto es lo mismo.”

Hazan, del Ministerio de Justicia, se detuvo en la situación de los testigos, el otro punto que preocupa a los organismos de derechos humanos. Y la relación de la seguridad de los testigos con la desaceleración de las causas. “Para nosotros, el tema de la seguridad de los testigos es una prioridad y nos estamos manejando de esa manera. No- sotros ya lo hemos dicho: los testigos en Jujuy son víctimas de una campaña de amedrentamiento llevada adelante por la empresa. Y las demoras en los juicios provocan distintos efectos. Uno de los problemas que tenemos son las custodias, porque estas rutinas tienen eficacia en el corto plazo, para juicios que están pensados para hacerse en seis meses o un año, pero si se demoran dos o tres años se producen grandes conflictos en los testigos que se deben adaptar a esa situación por un tiempo indefinido.”

María José Castillo es abogada y representa a las querellas. No estuvo en la reunión, pero es una de las que preparó un punteo de los problemas para presentar en ese espacio. Ella también habla de las víctimas: “Las recusaciones de los jueces y los fiscales son abundantes y recurrentes; no sólo se realizaron contra Poviña, sino que también se presentan contra todos los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y el fiscal general. Estos planteos, a todas luces inconducentes y carentes de fundamentos, no hacen más que lentificar y entorpecer el juicio oral contra estos empresarios, generando en las víctimas un clima de incertidumbre”. Pero, además, Castillo agrega una hipótesis que suele escucharse en los últimos tiempos sobre las estrategias de los abogados: “Debido al tiempo biológico del acusado, las estrategias dilatorias perversas utilizadas por la defensa permitirían que este siniestro personaje quede impune”.