EL PAíS
La justicia inglesa excarceló al ex embajador de Irán en Argentina
Una Cámara de apelaciones dejó en libertad al diplomático acusado en la causa AMIA. La investigación sigue. Quejas de DAIA y AMIA.
Por Raúl Kollmann
Una Cámara de Apelaciones de Londres (High Court) aceptó ayer el pedido de excarcelación que formularon los abogados del ex embajador iraní en la Argentina Hadi Soleimanpour y consideró que no hay peligro de que el diplomático fugue. Por lo tanto, le permitió volver a su casa en Durham, cerca de Londres, donde deberá presentarse en la comisaría todos los días. Como fianza, Soleimanpour tuvo que depositar un millón de euros, que fueron aportados en gran parte por el gobierno de Irán y el padre del ex embajador. La Cámara no se expidió sobre el fondo de la cuestión, o sea que no se pronunció sobre los cargos que pesan sobre Soleimanpour ni sobre la pertinencia o no de la extradición a la Argentina. Más allá de la libertad concedida ayer, el proceso de extradición continúa normalmente y la clave estará en la audiencia que el juez Christopher Pratt encabezará el día 19 y en la que va a evaluar las pruebas y elementos que le está haciendo llegar su par argentino Juan José Galeano.
Tanto la AMIA como la DAIA pusieron ayer el grito en el cielo argumentando que Soleimanpour volvió a casa no por una decisión judicial sino por presiones políticas. La detención del ex embajador provocó una serie de cruces muy fuertes entre el Reino Unido e Irán, incluyendo llamados a los embajadores y dos tiroteos al edificio de la delegación diplomática británica en Irán. “Es evidente que acá hay motivaciones políticas de carácter internacional que tienen más que ver con los intereses de Inglaterra que con la causa AMIA. El mundo otra vez se arrodilló ante el terrorismo”, sostuvo el titular de la mutual judía, Abraham Kaúl.
En Londres, mientras tanto, la Cámara aceptó la excarcelación considerando que Soleimanpour vive allí desde hace casi dos años y que existen bajas posibilidades de que eluda la justicia. El tribunal dio así marcha atrás en una decisión que había tomado el juez Pratt hace unos días. En esa oportunidad, el magistrado consideró que los cargos que se le imputan a Soleimanpour –complicidad en el homicidio de 85 personas– son gravísimos y por lo tanto no existe fianza que justifique su puesta en libertad.
Con su resolución de ayer, la Cámara de Apelaciones no se pronunció sobre ninguno de los dos temas de fondo que están en danza:
- Si las evidencias contra Soleimanpour son suficientes o no. Esta semana, el juez Juan José Galeano le envió a su colega Pratt un escrito de unas cien páginas en las que enumera esas evidencias. El punto central es que Soleimanpour era el embajador en momentos en que, según Galeano, los diplomáticos iraníes participaron de la coordinación, planeamiento e inteligencia del atentado. Galeano considera, por ejemplo, que el agregado cultural, Moshen Rabbani, jugó un papel clave y por lo tanto Soleimanpour, que era su superior, debía saber lo que se estaba tramando. En este terreno, uno de los mayores obstáculos es que toda la investigación del juez Juan José Galeano está cuestionada, existen evidencias de que se tapó la llamada pista siria y el pedido de captura contra Soleimanpour se hizo sobre la base de un informe realizado por la SIDE en tiempos del cuestionado Miguel Angel Toma, cuando fue evidente que se hizo un gran esfuerzo para blanquear las responsabilidades del gobierno de Carlos Menem.
- El otro punto clave es si corresponde o no otorgar la extradición de Soleimanpour. En el cuestionario enviado por el juez Pratt a Galeano se pregunta si el ex embajador tenía inmunidad diplomática en la época del atentado y si la Argentina firmó el tratado de Viena. Con estas dos preguntas se apunta a un argumento en contra de la extradición: que la inmunidad diplomática vale para el momento en que ocurrieron los hechos, algo que según algunos juristas es lo que dice expresamente el tratado de Viena. De todas maneras, se trata de un punto controvertido. Además, debe tenerse en cuenta que la última palabra en el terreno de la extradición no la tiene la justicia sino el ejecutivo británico. Después de que todo pase por jueces y camaristas, será el primer ministro del Reino Unido el que tome la resolución final.