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La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos solicitó al juez federal Sergio Torres el arresto de 47 represores que actuaron en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura. Todos fueron autores o partícipes de desapariciones de personas, torturas, tratos inhumanos o degradantes y reducción a la servidumbre. La presentación del organismo de derechos humanos se hizo en la causa que ordenó reabrir la Cámara Federal y en la que la semana que viene varios marinos que salieron en libertad cuando el gobierno español no reclamó su extradición volverán a prisión.
La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, representada por los abogados Mónica González Vivero, Myriam Bregman y Rodolfo Yanzón, solicitó ser tenida como parte querellante en el expediente. En el escrito que dejó en el juzgado aportó información sobre la estructura, funcionamiento y cadena de mandos de uno de los mayores campos de concentración del país.
“La ESMA funcionó como centro clandestino de detención, torturas y exterminio desde antes del 24 de marzo de 1976 y hasta finalizada la dictadura. Fue asiento del G.T 3.3/2, denominación que se le dio al grupo de tareas que allí operaba. También funcionó allí el G.T 3.3/3, integrado por miembros del Servicio de Inteligencia Naval. La ESMA se estructuró en tres sectores: Inteligencia, Operaciones y Logística”, explicaron los ex detenidos.
Entre los represores cuya detención fue solicitada por la asociación figuran Jorge Eduardo Acosta, jefe del sector de Inteligencia; Adolfo Donda Tigel, segundo jefe de Inteligencia en 1980; Jorge García Velazco, oficial jefe del grupo de operaciones del Servicio de Inteligencia Naval; Jorge Perrén, quien llegó hasta jefe de Operaciones de la ESMA; el oficial de Inteligencia Raúl Enrique Scheller y el jefe del grupo de tareas Jorge Raúl Vildoza, quien está prófugo en la causa en la que se investigó la apropiación del hijo de la desaparecida Cecilia Viñas.
Además de los 47 represores también figuran en el escrito los responsables de la zona I del Ejército (dentro de la que estaba la ESMA) que encabezó Carlos Guillermo Suárez Mason y otras 41 personas que fueron vistas e identificadas, entre otros, por Víctor Basterra, sobreviviente del campo.
Ayer entró en vigencia la ley que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ya que pasaron ocho días desde la publicación de la norma en el boletín oficial. Tal como informó Página/12, esta circunstancia hará que el expediente que está analizando Torres se active y que la semana que viene unos quince acusados sean detenidos.
Varios marinos que salieron en libertad cuando el gobierno español no reclamó la extradición de los represores procesados por el juez Baltasar Garzón volverán a prisión. Torres reclamará el arresto de quienes fueron beneficiados por las leyes de impunidad, entre quienes están los represores Alfredo Astiz, Juan Antonio Azic, Antonio Pernías y Acosta. Ellos ya estaban indagados o procesados según el Código de Justicia militar en 1987. Ahora habrá que ajustar su situación a la prevista en el nuevo Código Procesal, según el cual se debe regir esta causa de acuerdo con lo que señaló la Cámara Federal al ordenar la reapertura de este expediente y de la investigación sobre los crímenes ocurridos en el Primer Cuerpo de Ejército.