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Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales presentaron ayer un pedido de amparo para suspender la elección del defensor del Pueblo porteño. Las dos fundaciones consideraron como falto de transparencia el proceso llevado adelante por la Legislatura para elegir al defensor. El escrito sostiene que de los 34 candidatos actuales ninguno fue postulado con fundamentación por los legisladores. “La falta de fundamentación –dice el texto– contribuye a generar sospecha de que la selección de candidatos se enmarca en razones que no pueden hacerse públicas, o en otras de índole personal, familiar y/o de conveniencia política.” No es la primera crisis en el proceso de elección del defensor. En agosto, cuando se conoció la lista de los 34 candidatos, seis ONG advirtieron sobre la escasa publicidad que transforma en “falto de transparencia” el proceso de elección de un cargo en el que la credibilidad pública es imprescindible.
El proceso de elección del defensor porteño consta de cinco etapas. La primera corresponde a las postulaciones. Los interesados pueden autopostularse o ser nominados por organizaciones civiles. La ley contempla que los mismos legisladores puedan autopostularse. La segunda etapa corresponde al aval que deben dar los legisladores para convertir a los postulantes en candidatos. Requieren al menos del aval de un legislador. Durante la tercera se analizan las impugnaciones que puede presentar cualquier ciudadano. Los legisladores analizan las impugnaciones y les dan cabida o las rechazan. En la cuarta, las candidaturas son planteadas en audiencia pública. La última etapa es la sesión especial de la Legislatura en la que se designa al defensor, con la aprobación de al menos los dos tercios de los diputados.
En la primera etapa se presentaron 59 postulantes. Al llegar a la tercera etapa, se presentaron las impugnaciones. Los legisladores hicieron lugar a la impugnación de 25 postulantes, quedando habilitados los 34 restantes, entre los que figuran seis diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre y una legisladora electa en los últimos comicios. “Los avales a los 34 candidatos no fueron fundamentados”, dijo a Página/12 el abogado Andrés Nápoli, de FARN, quien presentó el pedido de amparo en representación de las dos fundaciones. “Cumplen sólo en las formas, pero no hay interés en discutir públicamente las candidaturas”, sostuvo el letrado.
Según el pedido de amparo, la falta de fundamentación “impide conocer los motivos tenidos en cuenta para hacer que los referidos 34 postulantes pudieran convertirse en candidatos, mientras que los restantes 25 no pudieron lograrlo”. Entre los 34 postulantes, se encuentran Alicia Pierini (PJ), Roque Bellomo y Eduardo Peduto Pardo (Frente Grande), Marcela Larrosa y Claudia Serio (UCR), Atilio Alimena (Demócrata), y Marta Elena Talotti, electa en los comicios del 24 agosto por el Partido de la Ciudad. Según versiones aún no confirmadas, Talotti se autoexcluyó y Larrosa estaría por tomar la misma decisión.
“El planteo es novedoso, nunca antes se pidió –respondió Pierini–. No está en la ley que se presenten las fundamentaciones. Los legisladores fundamentan en el momento de la elección. Pero, además, el defensor debe ser electo con los dos tercios de los votos. Quién mejor que mis colegas para conocerme. Hay 24 bloques. ¿Qué arreglo espurio se puede hacer?”
La lectura de Nápoli no es la misma pero en parte se basa en lo dicho por Pierini: “El cargo del defensor se sostiene por la transparencia de su figura pública. Si los legisladores que se postulan son avalados por sus pares, se presta a las sospechas de padrinazgo político”.
Los hechos, en parte, parecen decirlo: Cristian Caram, legislador de la UCR, realizó dos propuestas. Una de ellas por su pareja, Marcela Larrosa.