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Los bloques de diputados del massista Frente Renovador y de la Unidad Popular anticiparon ayer que no acompañarán el proyecto del Gobierno de “deuda soberana” y expusieron sus propias iniciativas antes de que el Senado –en el que no tienen representantes– comience hoy a discutir la propuesta para cambiar la ruta de pago a los bonistas reestructurados, así como depositar pagos en las mismas condiciones de quienes aceptaron los canjes, para el siete por ciento de los holdouts que lo rechazaron.

El massismo insistió en que solo votará su “propuesta integral” y “sin modificaciones”. “No vamos a aportar al quórum y si el oficialismo insiste con su proyecto, nos abstendremos en la votación”, afirmaron desde la UP. Habrá que ver cuál es la reacción opositora, si el oficialismo –tal como lo anunció– introduce cambios a su texto original para incorporar propuestas de la oposición.

El massismo presentó ayer al mediodía su anunciado proyecto de ley en el anexo de la Cámara baja, en el que ofrece a bonistas reestructurados y holdouts un variado menú de opciones para aceptar un nuevo canje bajo distinta legislación internacional y lugares de pago. Los diputados renovadores (entre los que no estuvo Sergio Massa), anunciaron que solo votarán su “propuesta integral”, a la que no consiguieron sumar otros opositores más allá de sus propios aliados.

“Es un proyecto integral, concreto y de implementación inmediata. La propuesta tiene sustento técnico, tiene un apéndice institucional muy importante, ya que cuenta con la creación de una comisión bicameral que le otorga un consenso multipartidario para volver a recuperar la confianza en el exterior”, sostuvo el jefe de los diputados del FR, Darío Giustozzi, rodeado por los aliados Walter Aguilar (del puntano Compromiso Federal), Carlos Caserío (del delasotista Unión por Córdoba), quienes adhirieron al proyecto. Además de Mario Das Neves, Felipe Solá, Adrián Pérez y Héctor Daer, entre otros. Aunque una de las principales voces para explicar la iniciativa fue el economista Marco Lavagna, que integra los equipos técnicos del massismo.

La propuesta incluye un primer “instrumento sintético” –según el enunciado–, para los bonistas reestructurados que cambia transitoriamente a la jurisdicción argentina, sólo hasta que se resuelva el conflicto con los fondos buitre en los tribunales estadounidenses. El menú ahí ofrece un “fideicomiso en garantía con ley argentina” con pagos a través de la Caja de Valores; el Banco Nación sucursal Montevideo (Uruguay) para quienes insistan en mantener la ley original estadounidense y la ley francesa; además de valores negociables que se listarán en el Banco Ciudad con pago en otras plazas financieras como Luxemburgo.

A quienes no adhirieron al canje se ofrece “un mecanismo transitorio para liberar el pago”, bajo las condiciones de que no sea antes del 31 de diciembre de 2014 (cuando vence la cláusula RUFO) y que los tenedores “renuncien a sus derechos derivados de sentencias”.

Los diputados de la UP Claudio Lozano y Víctor De Gennaro hicieron su propia propuesta: un proyecto de resolución para que el Ejecutivo convoque a la asamblea de tenedores de bonos de la deuda para proponerle modificaciones a los de títulos bajo jurisdicción argentina.

Lozano afirmó que “no es necesaria una ley del Congreso” para proponer las modificaciones de la legislación y la ruta de pago a los bonistas, al tiempo que criticó que el proyecto oficial “le otorgue un estatus de orden público a los canjes de 2005 y 2010” y calificó de “irresponsabilidad pagadora” la idea de depositar pagos a quienes no entraron en los canjes”. “Hay proyectos solidarios que generan vida y hay otros que generan negocios de muerte”, sostuvo De Gennaro, que incluyó entre los últimos a la iniciativa del Gobierno que consideró “invotable”. De todas maneras, Lozano giró su iniciativa al oficialismo.

La decisión del Gobierno de aceptar cambios al texto original con diferentes propuestas opositoras sacudió al disgregado abanico opositor, que esperará conocer hoy los cambios para volver a fijar posición.