La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció ayer a la Argentina como un “ejemplo mundial” de lucha contra la impunidad en materia de derechos humanos, por los juicios de los crímenes de lesa humanidad. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias reconoció que el “proceso de enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad en Argentina ha tenido un desarrollo cuantitativo y cualitativo”.

Se trata de un “ejemplo mundial en la lucha contra la impunidad” y, por eso, “resulta importante continuar con el desarrollo del sistema establecido”, sostuvo el informe presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra.

El grupo también señaló que el país “ha realizado numerosos avances en materia de desaparición forzada”, en especial en el ámbito legislativo. En ese sentido, el documento destacó las normas aprobadas por el Congreso, como la reglamentación del funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, al que se calificó de “órgano autónomo e independiente”. “La protección y la confidencialidad de los datos genéticos como datos personales sensibles está completamente garantizada”, puntualiza el informe.

También destacaron la incorporación del delito de desaparición forzada como un delito autónomo y la creación de una unidad especializada para los casos de apropiación de niños en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Asimismo, resaltaron la creación del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.

“El grupo de trabajo observa que todos los organismos gubernamentales que se ocupan de cuestiones de derechos humanos y el Poder Judicial han demostrado un alto nivel de compromiso y profesionalismo para conocer el destino y el paradero de las personas desaparecidas”, indicaron desde el grupo de la ONU.

Respecto de la restitución de la identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el informe consideró que el reencuentro “demuestra que, con el compromiso, la cooperación y el apoyo a los familiares de los desaparecidos, es posible obtener resultados incluso muchos años después”.

Entre otros destacados, también se valoraron “los esfuerzos para luchar contra los retrasos en los juicios y en la confirmación de las sentencias”.

No obstante, en el informe instaron a insistir “en la necesidad de la celeridad” de los procesos y advirtieron sobre la fuga de acusados por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. En ese sentido, el grupo reclamó “un fortalecimiento del monitoreo de los imputados”.