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“¡A mis viejos los habían asesinado los milicos y a mí me arman fotos, con mis tres años, en una cuna rodeada de armas!”, recuerda Alejandrina Barry. Se refiere a las notas que publicó editorial Atlántida, en sus revistas Gente, Para Ti y Somos, en las que decía que Barry era “víctima de sus padres subversivos”, que la habían dejado huérfana y que nadie la reclamaba. Por esos artículos, Barry inició en 2010 una querella contra la editorial por encubrimiento y participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio. La causa fue al juzgado federal de Sergio Torres, quien investiga un hecho de similares características del que fue víctima Thelma Jaraz de Cabeza, y luego de cuatro años, el magistrado se declaró incompetente y lo derivó al juez que investiga los crímenes del Plan Cóndor, Sebastián Casanello. Pero éste también se declaró incompetente y devolvió el expediente a Torres, quien hoy decidirá si se lo queda o lo envía a la Cámara Federal para que dirima el conflicto de competencias.

“Cuando me enteré me llenó de bronca porque esto demuestra que nadie quiere meterse en serio con los civiles que hoy siguen teniendo poder”, dijo Barry, que es querellante contra los dueños de editorial Atlántida, el periodista Samuel Gelblung, ex director de Gente; Héctor D’Amico, quien dirigía Somos y hoy es secretario de redacción de La Nación. “‘Supuestos terroristas que dejaron de ser personas y se convirtieron en desalmados, fabricantes de huérfanos’ son las cosas más leves que dijeron al reivindicar el asesinato de mis viejos”, recuerda la mujer.

En junio, el juez Torres le tomó declaración indagatoria el ex editor de Para Ti Agustín Botinelli, acusado de haber publicado una falsa entrevista a Jaraz de Cabezas, en la cual la hacía aparecer como una Madre de Plaza de Mayo arrepentida, mientras la mujer estaba secuestrada en la ESMA. Pero a los pocos días, Torres se desprendía del expediente de Barry y lo pasaba a Casanello. “Mis papás, Susana Mata y Juan Alejandro Barry, fueron asesinados en diciembre de 1977 durante un operativo conjunto en Uruguay entre las fuerzas armadas argentinas y uruguayas, primero asesinaron a mi papá y, ese mismo día, cercaron la casa donde estábamos con mi mamá, la matan, y quedo en manos de los militares”, recuerda Barry.

Casanello dio intervención al fiscal federal Miguel Angel Osorio, quien dijo que eran competentes para investigar el rol de los periodistas y editores así como también la causa por la desaparición de sus padres y su propio secuestro. Sin embargo, el 22 de septiembre este magistrado dijo que revisó el expediente y se declaró incompetente en lo que se refiere a los civiles, al tiempo que lo devolvió a Torres.

Barry, que milita desde su adolescencia, cuando conoció la historia de sus padres, e integra el Ceprodh y el PTS, dijo estar “indignada porque estas dilaciones son un mensaje de impunidad, y porque además de las pruebas y testimonios que presenté están todos los archivos que muestran abiertamente el papel de cómplices del genocidio, con sus campañas de acción psicológica, que cumplieron estos personajes”.