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Se oyeron los alegatos en la causa contra Domingo Cavallo por el megacanje de bonos de 2001. La fiscalía pidió condena de tres años de prisión. Es obvio que Cavallo no estaba solo: integraba una bandada de buitres.

Semanas atrás los medios informaron que esa causa había finalizado para casi todos los vinculados, faltaba sólo el juicio oral a Cavallo. Mi preocupación por la administración de justicia me llevó a aproximarme al caso y conseguí leer las principales resoluciones. Adelanto que es otro ejemplo de calamitosa justicia penal, mérito principal de un procedimiento obsoleto, oscuro, colonial, escondido y, como resultado, eficaz instrumento de los poderosos.

Sintético cuadro: entre la operación y la dilución de su investigación en casi la nada pasaron trece años y la laboriosidad judicial acumuló casi 50 tomos. El “megacanje” fue cambiar 46 bonos de deuda de vencimiento cercano por 5 con términos hasta 2031. Nadie duda que fue un dislate que aumentó nuestra deuda en 53.700 millones de dólares. Pero los jueces no debían investigar la medida ruinosa, responsabilidad de los poderes políticos: estaban acotados a determinar si había habido delito en la selección de bancos que canjearon –Francés, Galicia, Río, Credit Suisse First Boston, HSBC, J.P. Morgan y Salomon Smith Barney– cobrando 150 millones de dólares de comisión, 20 para el especialista norteamericano David Mulford.

Evito un relato de la causa. El monstruo de papeles que creció en recoletas oficinas quedará para siempre en el misterio. Pero me siento autorizado a opinar lo siguiente. A fines de 2007, la Sala II de la Cámara Federal citó pruebas en cantidad aplastante para fundamentar que los bancos citados, en repetidas ocasiones, negociaron con las autoridades cuestiones que eran competencia de éstas, siendo evidente que “existió una ilegítima decisión tomada en favor de determinado sector financiero, modificando aspectos de una operación de renegociación de la deuda pública a la medida de requerimientos de participantes privados predeterminados”. No menos categórico es el detalle cronológico del tribunal de los momentos, desde marzo de 2001, cuando Mulford hace la propuesta a Cavallo, hasta que –incluida una reunión en Londres– se llegó a la decisión a comienzos de mayo, con la adjudicación a los bancos que en cada etapa lograron del gobierno las medidas que les convenían. En los apartados IV a VII, la Cámara demuestra, con pruebas harto sostenidas por elementos que cita, que los bancos favorecidos fueron los únicos intervinientes, que el desorden del expediente sólo fue producto de la premura en darle visos de legalidad y, entre otras numerosas irregularidades, destaca que el comunicado de prensa oficial anunciando la concreción del operativo se hizo dos días antes de que los técnicos del Ministerio opinaran que ninguna de las cuatro propuestas (inclusive la del “comisario”) daba datos suficientes para evaluarlas, por lo que se atribuyó la resolución “a la superioridad” (¿Cavallo? ¿De la Rúa?).

En diciembre de 2013, el juez federal resolvió sobre los otros altos funcionarios implicados. Hizo eje en lo demostrado por la Cámara sobre Cavallo. Como se apoyaba en numerosísima prueba documental, pericial y testimonial que detalló, nada le costó concluir que intervinieron de modo crucial en el negocio favorecedor del sindicato de bancos, entre otros, Jorge Amadeo Baldrich, Ernesto Alberto Marcer, Guillermo Eduardo Mondino, Federico Sturzenegger y Horacio Liendo, como cómplices necesarios del ministro, y dictó sus procesamientos.

Pero este expediente contiene sorpresas. Grandes. Una es que el mismo juez sobreseyó a los banqueros del megacanje, casi en Navidad de 2012, a dos meses de designado. Al respecto, la Cámara en 2007 había señalado que la manipulación de elección de los bancos consistió en que previo a la operación hubo un concilio de voluntades de los funcionarios con los banqueros, con el objetivo de favorecerlos; el fiscal, al pedir sus procesamientos, destacó que la pericia de la Policía Federal había demostrado que los bancos elegidos canjearon bonos propios, con lo que redujeron su exposición al “riesgo argentino” y, además, se llevaron las millonarias comisiones. El juez, al contrario, sostuvo que, como todas las gestiones eran realizadas por agentes estatales, los banqueros pudieron creer que era una operación legal, que no se consiguió que se presentara a declarar Mulford –prófugo–, actor principal junto a Cavallo, que por seis años nada se agregó y, citando a la Corte Suprema, recuerda que los financistas denunciados tenían el derecho a no permanecer en situación de incertidumbre ante la ley y la sociedad. La consagrada impunidad de los banqueros con esos endebles “argumentos” es inamovible: el fiscal de Cámara desistió la apelación. La segunda sorpresa es reciente. En junio pasado, la Cámara Federal revocó los procesamientos de los funcionarios estatales y los sobreseyó también a ellos. Expone generalidades como fundamentos, que no se hacen cargo puntual de las numerosas pruebas citadas en la resolución que tira abajo. Esta vez el fiscal de Cámara sostuvo el recurso ante la Casación. Este tema parcial no está, aún, cerrado.

Lo único patente de la relación precedente es la insuperable eficacia para la impunidad del poder real del actual sistema y que, con uno como por el que hoy brega Justicia Legítima, en muy escasos meses un cuerpo de fiscales especializados habría producido una acusación pública ante un tribunal. De seguido, en sucesivas audiencias orales, de cara a la sociedad y bajo su mirada, hace años que hubieran sometido a preguntas y careos entre sí (por dar algunos ejemplos) a Cavallo y a estrellas académicas como Sturzenegger y Mondino para que explicaran cómo en sus altos cargos en Economía no advirtieron la constitución de un sindicato de bancos para un inmenso megacanje. También a Marcer, entonces procurador el Tesoro y actual conjuez de la Corte Suprema, de qué forma consiguió no ver el desquicio del trámite y avalar el singular decreto presidencial –sin precedentes para una operación así–; a los destacados y exitosos banqueros Escasany y Rohm explicar a la sociedad el método para no notar la patente ilegalidad que los hacía únicos beneficiarios del monumental negocio.

Justicia Legítima lucha por la profunda reforma del funcionamiento del Poder Judicial, único al que la democracia no ha llegado. Actuar de manera opaca sigue siendo inherente a la mayoría de sus integrantes, cooptados por la ideología de la corporación. Valga esta aserción porque se podría argüir que al menos habrá publicidad respecto de Cavallo. Dudo que sea esclarecedora. La Nación del 27 de junio pasado informó que once días antes, el 16, sin que se enteraran ni los periodistas, había comenzado su juicio, que Cavallo declaró en soledad durante tres horas, en las que, según informantes (¿?) hizo “una complicada explicación técnica sobre por qué se adoptaron las medidas que se adoptaron y cuál era la realidad del país en ese momento”. De Cavallo, depredador serial, lo único que se oirá y leerá es que se libere el dólar.

Queda una débil esperanza. La Cámara de Casación podría revocar el sobreseimiento no firme del destacado defensor de los fondos buitre, diputado Sturzenegger. Se le dificultaría continuar abogando contra el país y por la vuelta a los ’90.

* Ex director de la Oficina Anticorrupción.