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Un protegido del ex vicepresidente Carlos Rückauf desarrolló una maniobra de extrema audacia, tendiente a restituir a las Fuerzas Armadas injerencia en cuestiones de seguridad interior. Ni el presidente Néstor Kirchner ni el ministro de Defensa José Juan Pampuro avalaron este solapado operativo. Sus conductores son el Secretario de Asuntos Militares, Julián Domínguez, y sus dos antecesores en el cargo, Fernando Maurette y Angel Tello. El rechazo de los académicos convocados para participar en la elaboración de un Plan Estratégico de Defensa Nacional forzó un retroceso táctico de la iniciativa, que forma parte del avance de Domínguez sobre las posiciones de Pampuro. El secretario de Asuntos Militares ha revelado a diversos interlocutores que será el sucesor del ministro en diciembre, si éste asume la banca de diputado nacional para la que fue electo, y que sus movimientos tienden a acumular poder para lograr tal objetivo con el beneplácito castrense. Cerca del ministro se afirma lo contrario: Pampuro continuará en Defensa y será Domínguez quien despegará en diciembre, rumbo a la Legislatura bonaerense, para la que fue elegido diputado. Luego de los categóricos pronunciamientos presidenciales de los últimos meses es asombroso que un dirigente político crea posible construir poder erigiéndose en vocero de una corporación.
Microemprendimiento
Domínguez y Maurette llegaron a la Secretaría de Asuntos Militares como delegados de Rückauf. Tello fue el principal colaborador de los ex ministros radicales Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena y para saber el día de la semana consulta con el Servicio de Informaciones Navales. También participan de este microemprendimiento autonomista uno de los generales de la cúpula descabezada en mayo, Julio Alberto Hang (lo cual irrita al jefe del Ejército, Roberto Bendini), el ex diputado justicialista Luis Uriondo y el académico del Ceamse, Adolfo Koutoudjian. En octubre de 2000, Hang era el responsable de la seguridad presidencial cuando un ciudadano zamarreó a Fernando de la Rúa de la solapa. No lo protegió Hang sino Marcelo Tinelli y lo rescató El Oso Arturo, que alcanzó a asirse de la cintura del desequilibrado antes de que éste terminara de desequilibrar al entonces jefe del Estado. Esa noche De la Rúa perdió para siempre el respeto de la sociedad. Uriondo ofreció a Pampuro su experiencia como legislador para convertirse en enlace con el Congreso. Pero en realidad es un factor de irritación, como quedó claro en las idas y vueltas que rodearon al proyecto de ley relativo al ejercicio Aguila III y el tipo de inmunidades solicitadas por los Estados Unidos.
Ejercicio de reconciliación
La Mesa de Diálogo sobre Defensa fue parte de la iniciativa del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que comenzó cuando López Murphy era ministro y hacía girar su política sobre las denominadas Nuevas Amenazas, un concepto desarrollado por el Comando Sur de los Estados Unidos. Continuó cuando Alfredo Atanasof llevó a Domínguez a la jefatura de gabinete, luego de la renuncia al ministerio de Obras Públicas bonaerense que le pidió Felipe Solá al descubrir algunas cuentas dudosas. Bajo responsabilidad de Domínguez, la jefatura produjo el mamotreto “Rol del Estado en la Gobernabilidad”. El paupérrimo nivel del proyecto motivó la ácida crítica de los académicos más serios del país, que rehusaron participar, como el politólogo Guillermo O’Donnell. Cuando fue designado en Defensa, Domínguez mantuvo el equipo rucufista de asesores que había armado Maurette, con quien consulta cada paso. Antes de desembarcar en Defensa, Maurette fue el cajero de Rückauf en el Ministerio del Interior. En junio, Domínguez elaboró un primer proyecto, concebido como un ejercicio de reconciliación entre los militares y la sociedad, que Pampuro no estimuló. Por eso, Domínguez lo reformuló, como un debate sobre la política pública de Defensa. El documento titulado “La Defensa Nacional en la agenda democrática” propuso “actualizar el debate, iniciado en 1983 con el regreso a la democracia, sobre el rol de las fuerzas armadas en la consolidación de la gobernabilidad democrática”, como forma de “construir legitimidad y representatividad en sus instituciones políticas”. Confuso enunciado que sugiere un rol político para las Fuerzas Armadas.
Mesas
El documento añadió que “las modificaciones en el escenario estratégico internacional vuelven obsoletos los esquemas de seguridad y defensa tradicionales” y que el “componente militar” aumentará “la eficacia para enfrentar las nuevas amenazas”. Quien reveló en qué consistían esas presuntas nuevas amenazas fue López Murphy, a poco de asumir De la Rúa: “El terrorismo internacional, la pobreza extrema, la superpoblación y migraciones masivas, el narcotráfico, la degradación del medio ambiente, el tráfico ilegal de armas, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales. Estas nuevas circunstancias han revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles y compromisos en el orden nacional como internacional”. Para la elaboración de un nuevo Libro Blanco sobre la Defensa se crearon un Consejo Asesor, dirigido por Domínguez, y un Comité Académico, ambos integrados tanto por civiles como por militares. Sin explicación, Domínguez fijó plazos exiguos para el trabajo: debe estar concluido en diciembre. Esa fecha sólo guarda relación con las apetencias del Secretario de Asuntos Militares por el cargo de Pampuro. El director de la Escuela de Defensa Nacional, general (R) Aníbal Laíño y el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Villaverde, reclamaron a Pampuro que no se encajonara la elaboración dentro de plazos tan mezquinos. Hasta ahora el ministro no se pronunció.
El método de trabajo fue copiado del Diálogo Argentino, pero sin tomar nota de que las instituciones aquí involucradas manejan armas letales y tienen una historia que no conviene ignorar. Se constituyeron entonces mesas para analizar un temario que incluye el papel de las Fuerzas Armadas en el nuevo contexto internacional, relaciones de la Defensa con la comunidad, la economía de la Defensa, el régimen legal de las Fuerzas Armadas, la coordinación conjunta entre las fuerzas, la educación en temas de defensa y la relación entre la defensa y el desarrollo científico y tecnológico. En cada mesa se integraron tanto civiles como militares. Según las indicaciones de Pampuro la representación castrense debía concentrarse en un representante por cada uno de los Centros de Estudios Estratégicos, del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, que debían integrarse a título personal y como académicos.
La invasión
Domínguez, Maurette y Tello no se atuvieron a esa limitación y, en cambio, abrieron las puertas a una invasión de militares retirados, pero también en actividad, coroneles e incluso teniente coroneles que, invocando representación institucional, compiten en un torneo de cuestionamientos a las decisiones políticas de los últimos veinte años, plasmadas en las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional. De este modo se contradice la subordinación castrense a las decisiones de las autoridades electas que estuvo en la médula de las definiciones del Poder Ejecutivo. Un ejemplo de las posiciones que se cuecen allí es el documento presentado a la mesa que discute el fortalecimiento de las instancias institucionales de coordinación conjunta por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército. Su encabezamiento advierte que se trata de contenidos expuestos por “los representantes del Ejército” y su texto dice que el ataque al cuartel militar de La Tablada en enero de 1989 y los atentados terroristas contra la Embajada de Israel y la DAIA (sic), en 1992 y 1994, demostraron que “las ecuaciones: conflicto interno-seguridad interior; conflicto externo- defensa nacional” forman parte de un marco legal “que presenta lagunas o restricciones que no le permiten estar a la altura de los tiempos en materia de defensa y seguridad nacional”. Esa “carencia legal impide la estructuración armónica de un verdadero Sistema de Defensa Nacional, y por ende la formulación de Políticas de Defensa y la adopción de estrategias eficientes para cada amenaza o caso en particular”.
Este empatotamiento militar incomodó a los académicos de distintas universidades e instituciones que participaban a título individual. Algunos de ellos, que valoran la convocatoria oficial como un cambio valioso (José Manuel Ugarte, de la Universidad de Buenos Aires; Rut Diamind, de la Universidad Di Tella; Luis Tibiletti, de la Universidad del Salvador; Ernesto López y Marcelo Saín, de la Universidad de Quilmes, entre otros), reclamaron sin embargo que el Ministerio de Defensa estableciera en forma explícita que las leyes vigentes constituían un piso conceptual y político, del que no sería admisible un retroceso hacia las viejas doctrinas rejuvenecidas con el maquillaje de las nuevas amenazas. Algunos llegaron a declinar la invitación para una nueva ronda de discusiones, que se realizó el jueves 18 y el viernes 19 en la Base Naval de Puerto Belgrano.
La tregua
Domínguez advirtió que había ido más allá de lo que el largo de sus piernas le permitían y alzó una prudente bandera de tregua. En vísperas del concilio en la base naval, envió al Comité Académico y a los coordinadores de las mesas una nota en la que toma nota de los cuestionamientos recibidos y retrocede de su embate contra las tres leyes. El documento final reducirá a un anexo aquellas “propuestas que no puedan ser contenidas en la plataforma de acuerdos básicos”, dice. Allí quedarán confinados los “puntos de disidencia con la legislación vigente, la cual es considerada por esta iniciativa como el núcleo básico”. También anunció que lo que llamó “necesaria reformulación de la política de Defensa como política de Estado” se basará en las definiciones del presidente Kirchner, compiladas en un “Decálogo de la Defensa Nacional”. Su pieza de resistencia descarta el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas policiales. Tal vez el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas debiera reformular su página de Internet, que hoy incluye como sitio relacionado el que invita a la “Primera bicicleteada Policía y Sociedad” el 27 de octubre en Palermo.