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Las confesiones de los generales Ramón Díaz Bessone, Benito Bignone y Albano Harguindeguy ante la periodista Marie Monique Robin acallaron las resistencias a la reapertura de los juicios penales interrumpidos por las hoy nulas leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. “¿Cómo puede sacar información [a un detenido] si usted no lo aprieta, si usted no tortura?”, preguntó Díaz Bessone. El ex jefe del Cuerpo II de Ejército admitió que por lo menos 7.000 detenidos-desaparecidos fueron asesinados en la clandestinidad. “¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar 7000? Al fusilar tres nomás, mire el lío que el Papa le armó a Franco con tres. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7000 personas ¿Y si los metíamos en la cárcel, qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad. Salían otra vez a tomar las armas, otra vez a matar.”
A raíz de ello fue expulsado del Círculo Militar, en donde habló como si fuera su casa. Hasta su hijo Alejandro, teniente coronel en actividad destinado a una unidad de la Patagonia, notificó a sus superiores que no compartía las afirmaciones de su padre, quien “está destrozado”. Bignone reconoció la existencia de 8000 desaparecidos, de los cuales atribuyó 1500 al gobierno justicialista de Isabel Perón, y dijo que la Iglesia Católica había aceptado la legitimidad de torturar a los detenidos para extraerles información, cosa que el Episcopado desmintió. También reivindicó el asesinato de personas para evitar que cometan un delito. Harguindeguy reconoció el empleo de esos métodos, pero dijo que los consideraba un error. Luego de una instrucción preliminar realizada por el director de Informática del Ejército, general Luis Pozzi, el presidente Néstor Kirchner elevó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la solicitud de castigo por ofensa al honor militar. Difundidas en este diario y en Telefé Noticias al mismo tiempo que el anuncio del gobierno español de que no solicitaría la extradición de los 38 responsables de esos crímenes pedida por el juez Baltasar Garzón, esas jactancias obraron como un sedante en las Fuerzas Armadas y como un elemento adicional de convicción ante la sociedad civil. Fuentes militares afirmaron que el desenlace del juicio militar no es dudoso: por lo menos siete de los nueve integrantes del Consejo votarían la destitución de los ex dictadores, que también podrán ser condenados a una pena de hasta cinco años de cárcel.
El mismo día en que Kirchner firmó el decreto instando la acción, un grupo de militantes de la Paleoizquierda Unida golpeó con palos hasta hacer sangrar al actor Fernando Siro. Su esposa y también actriz, Elena Cruz, había pronunciado palabras laudatorias al ex dictador Videla y ofensivas hacia sus víctimas. Los golpes alevosos a ambos ancianos fueron un espectáculo repulsivo. Sus autores rindieron a Videla un servicio mucho mayor que las pobres palabras de Elena Cruz. Pero ni ellos pueden romper el aislamiento social de los dinosaurios castrenses.