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El fiscal federal Ramiro González pidió la citación a declaración indagatoria a 15 ex funcionarios de la dictadura del español Francisco Franco, en la causa que investiga los crímenes cometidos bajo su mandato y que lleva adelante la jueza federal María Servini de Cubría. El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 porteña sugirió a la magistrada que evalúe la posibilidad de abrir una investigación para que se aplique el protocolo utilizado en Argentina para investigar la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado en aquellos casos que eventualmente existieran en España. González también impulsa que se pidan medidas de prueba referidas al rol que la Iglesia española desempeñó durante el franquismo.

El fiscal González pidió además que se libre una orden de detención y extradición, para tomarle declaración indagatoria a Abelardo García Balaguer, por el caso de una de las víctimas del franquismo, María Flor de Lis Díaz Carrasco. Ahora la jueza deberá decidir si hace o no lugar a las medidas pedidas por la fiscalía. Los acusados por el fiscal son Antonio Carro Martínez, ex ministro de la Presidencia; Luciano de la Fuente, ex ministro de Trabajo y ex vicepresidente; Antonio Barrera, ex ministro de Hacienda y ex vicepresidente segundo; José María Sánchez Ventura Pascual, ex ministro de Justicia; Alfonso Osorio García, ex ministro de la Presidencia.

González solicitó también que se llame a indagatoria a Jesús Quintana Saracíbar, capitán de la policía acusado de atacar la iglesia de San Francisco de Asís; Carlos Rey González, ex miembro del Consejo de Guerra; Antonio Troncoso de Castro, ex juez, y siete ex policías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honroado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter. El fiscal los acusa de la presunta comisión de los delitos de homicidio, torturas, desapariciones de personas y sustracciones de niños.

En diálogo con Página/12, Máximo Castex, abogado de la querella, consideró que el requerimiento del fiscal representa una magnífica noticia para las víctimas porque respalda todo lo actuado a lo largo de más de cuatro años de investigación. Desde su perspectiva, la medida adoptada por González también es importante para aquellas víctimas que decidieron presentar sus denuncias ante los consulados argentinos, sin constituirse como parte querellante y que, por ende, no contaban con apoyo legal. A partir de ahora –aseguró Castex– dichas denuncias pasan a engrosar el objeto procesal de la investigación.

“Lo más importante son las solicitudes de medidas probatorias y los pedidos de declaraciones indagatorias para 15 imputados, muchas de las cuales ya habían sido solicitadas oportunamente por la querella”, recordó el abogado. Según Castex, a partir de este requerimiento, la causa ha dejado de tener el impulso solitario de la querella y a partir de ahora cuenta con el apoyo de la acusación pública a cargo del Ministerio Público Fiscal. “Resta esperar ahora que la jueza actúe pronto en consecuencia y resuelva las solicitudes de ambas partes acusadoras”, completó Castex.