La Cámara de Diputados aprobó en una sesión especial la estatización de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. La ley, impulsada por el Frente para la Victoria, convertirá a esa casa de estudios en un instituto universitario nacional que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En los fundamentos del proyecto, firmado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Educación, Alberto Sileoni, y de Justicia, Julio Alak, el Poder Ejecutivo anticipó que el instituto buscará formar “profesionales altamente capacitados para la defensa de los derechos humanos”.

El proyecto fue aprobado con el voto favorable de 132 legisladores del oficialismo. En cambio, la UCR, el FAP, el Frente Renovador, la Coalición Cívica, Unión PRO y el FIT votaron en contra, reuniendo 87 votos. Hubo cinco abstenciones, las de Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Claudio Lozano, Víctor De Gennaro, Antonio Riestra (Unidad Popular) y Facundo Moyano.

La aprobación de la ley fue saludada con cantos y aplausos por los estudiantes y docentes de la Universidad Popular y los militantes que siguieron el debate desde los palcos. Durante cuatro horas, oficialistas y opositores habían mantenido duros cruces sobre los objetivos del proyecto. La oposición hizo foco principalmente en la causa por desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas populares que afronta la Fundación Sueños Compartidos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, mientras que el oficialismo defendió la iniciativa como una ratificación de que las luchas en defensa de los derechos humanos deben ser respaldadas e incentivadas desde el Estado.

Así, en la apertura, el diputado informante del oficialismo, Martín Gill, calificó de “mezquino” al enfoque que los opositores llevaron al recinto. “La ley no tiene nada que ver con los hechos públicos que han sucedido en torno de la fundación y sus responsabilidades”, sostuvo. Por el contrario, defendió la estatización de la Universidad Popular “en honor a la lucha, a la resistencia, el amor y la esperanza que representaron y representan todas y cada una de las Madres de Plaza de Mayo”.

Uno de los argumentos puestos en juego por los diputados que votaron en contra fue que el Estado deberá hacerse cargo de deudas de la fundación. El radical José Riccardo, por ejemplo, habló de “200 o 300 millones de pesos malversados” que deberían ser cubiertos con fondos públicos, aunque este argumento fue rechazado por el oficialismo así como por los voceros de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

En la misma línea que los radicales, el PRO se centró en las denuncias de corrupción. “Se pretende un salvataje a una institución que no puede dar cuenta del manejo de los propios fondos”, sostuvo Héctor Baldassi. Su par Patricia Bullrich sumó otro cuestionamiento, al asegurar que la casa de estudios tiene bajo nivel académico. “Se creó la figura del instituto universitario porque era imposible darle el carácter de universidad”, aseguró.

También votaron en contra los dirigentes del FA-Unen y los del Frente de Izquierda. “No creemos estar ante una ley que vaya a ampliar la educación pública”, sostuvo Néstor Pitrola.

El debate tuvo momentos caldeados. “Nos cuesta escuchar ciertos términos que se sueltan a la ligera sobre la política de derechos humanos de este gobierno”, se quejó el diputado Horacio Pietragalla al hacer uso de la palabra. El nieto recuperado criticó a los legisladores que introdujeron en la discusión las denuncias por malversación que involucran a Sergio Schoklender, a quien –remarcó– “ni vale la pena nombrar” porque “ensució la Fundación Madres con sus prácticas enfermizas”.

En el cierre, la jefa del bloque del FpV, Juliana Di Tullio, acusó a la oposición de haber “tratado de confundir” el debate. “¿Ustedes creen que un partido político puede cooptar Madres de Plaza de Mayo, que no se han dejado amedrentar ni por la dictadura?”, preguntó. “Es vergonzoso que lo digan. Las Madres no le pueden dar explicaciones a este Parlamento, le han dado el ejemplo.”

En sus fundamentos, el proyecto valoró los saberes generados por la militancia en defensa de los derechos humanos. “Desde hace más de tres décadas los organismos de derechos humanos, abogados, académicos universitarios, artistas, sindicalistas, docentes, movimientos juveniles, etc., han pensado y actuado buscando vectores, caminos creativos para encarnar la memoria, la justicia y la verdad en nuestro país. Esa excepcional experiencia acumulada nos permite pensar una experiencia educativa universitaria novedosa en la que una vez más la universidad pública muestre su capacidad para construir un espacio de excelencia académica, a la vez que dé lugar democratizador, plural y crítico”.

En este sentido, el proyecto planteó que el objetivo de “autorizar la creación de una institución universitaria” es “formar profesionales altamente capacitados para la defensa de los derechos humanos”. Y concluyó: “Es claramente responsabilidad del Estado la promoción de la enseñanza de los derechos humanos y de las garantías fundamentales en todos los niveles de la educación”.

El proyecto había recibido en mayo media sanción en la Cámara de Senadores. Junto con el pase de la universidad a la órbita del Ministerio de Justicia, dispuso la creación de un consejo para definir “el marco filosófico y conceptual” del instituto. También estableció que el Poder Ejecutivo le asignará un presupuesto.

En la Asociación Madres de Plaza de Mayo estimaron que el funcionamiento del instituto arrancará en el ciclo lectivo 2015. Será gratuito, por su carácter estatal, y sumará a sus carreras actuales –Trabajo Social, Historia y Derecho– una tecnicatura en periodismo y una licenciatura en comunicación social.