El represor Carlos Francisco Villanova se negó a declarar ante la jueza federal de San Martín Alicia Vence, quien lo había citado para indagarlo por 70 casos de secuestros, torturas, abusos sexuales y homicidios cometidos durante la última dictadura cívico-militar en territorio de Campo de Mayo. Villanova fue señalado como el jefe de los torturadores de los militantes de Montoneros que pasaron por los centros clandestinos que funcionaron en esa guarnición. En esa época se hacía llamar “Gordo 1”. Según trascendió, se mostró sorprendido por su detención y se hizo el desentendido ante los hechos en los que se lo involucra. Su defensa solicitó “tiempo para analizar” la documentación que prueba su vínculo con delitos de lesa humanidad y la prisión domiciliaria. El fiscal que interviene en la instrucción, Miguel Angel Bianco García Ordas, se pronunció por rechazar el beneficio. Vence lo supeditó al informe del cuerpo médico forense.

Villanova fue una incógnita para la Justicia argentina durante casi 40 años. Los sobrevivientes de Campo de Mayo y varios otros testigos lo recordaron siempre por sus sobrenombres: “Gordo 1”, “Doctor”, “Tordo” lo nombraron en testimonios ofrecidos en numerosas investigaciones, desde la Conadep hasta las instrucciones judiciales que se apilaron tras la nulidad de las leyes de impunidad y en los juicios orales que las sucedieron. No tenía nombre hasta que, a mediados de esta semana, la unificación de los testimonios, el trabajo de la Fiscalía y el del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos permitieron otorgarle uno: Carlos Francisco Villanova.

Como no estaba identificado, Villanova nunca fue buscado por la Justicia argentina. No escapaba. Vivió hasta el jueves muy tranquilo en su casa de Vicente López. Hasta 2004, cuando se retiró como oficial mayor, trabajó en la Policía Federal. Luego, brindó servicios en el ámbito privado. El jueves fue detenido. Ayer, ante Vence, se mostró sorprendido por “tanta batahola”. Antes de negarse formalmente al interrogatorio, Villanova dijo ser “un vecino muy conocido de Vicente López”, tan conocido que incluso fue “candidato a concejal” hace “algunos años”, y no entender “de qué se trata toda esta acusación”, informaron fuentes judiciales. La jueza, entonces, pasó a comentarle rápidamente uno a uno los casos de imposición de tormentos, privación ilegítima de la libertad, abusos de las 70 víctimas por los que, por el momento, se lo llamó a declarar. En San Martín no descartan ampliar la nómina de víctimas.

Entre 1976 y 1978, Villanova fue Claudio Federico Vargas y respondió a las órdenes de la Dirección General de Investigaciones como agente de Inteligencia. Su misión estuvo enmarcada en el Grupo de Tareas 2 del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército argentino: a su cargo estuvo el interrogatorio de cada hombre o mujer integrante de la columna Norte de Montoneros que fue secuestrado y llevado a Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado. Para los pocos que lograron salir con vida de aquel sitio, el “Tordo” fue el más brutal de los torturadores. “Era uno de los genocidas más buscados de Campo de Mayo”, señaló el abogado Pablo Llonto, querellante en la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos sucedidos en esa repartición del Ejército.