El abogado Eduardo Barcesat presentó una denuncia por el supuesto delito de “sedición” contra ocho senadores nacionales opositores que suscribieron un “compromiso público” de “rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema”, para bloquear cualquier propuesta que haga el Ejecutivo para reemplazar al renunciante ministro Raúl Zaffaroni. Algunos de los senadores denunciados y otros legisladores opositores salieron a rechazar y descalificar la denuncia al tiempo que ratificaron su decisión. Los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales coincidieron en acusar al Gobierno de estar detrás de la denuncia con el propósito de “amedrentar a los senadores” y de meterlos “presos”. El senador cordobés Luis Juez calificó la denuncia como una burrada jurídica, mientras que el diputado macrista Pablo Tonelli la consideró “una exageración” y la massista Graciela Camaño declaró que su argumento es “absolutamente ridículo”. En tanto, la diputada Mara Brawer se sumó a los legisladores oficialistas que describieron el documento opositor como “antidemocrático y antirrepublicano”.

La denuncia –cuyo sorteo recayó en el juzgado federal a cargo de la magistrada María Servini de Cubría, con intervención del fiscal Carlos Rívolo– es contra los senadores del Peronismo Federal Juan Carlos Romero (Salta) y Carlos Reutemann (Santa Fe), los radicales Ernesto Sanz (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy), el cordobés Luis Juez (Unen), los macristas de la Ciudad de Buenos Aires Diego Santilli y Gabriela Michetti, y el también porteño Fernando “Pino” Solanas (Unen). Más allá de los mencionados particularmente, Barcesat hizo extensiva la denuncia a “cualquier otro senador que pueda resultar implicado en la pesquisa”. El documento opositor fue rubricado por 28 senadores.

En su escrito de cinco carillas, Barcesat sostiene que “ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional” de proponer al candidato a ocupar la vacante que dejará Zaffaroni a fin de año en la Corte.

Barcesat argumenta que el “compromiso público” de los senadores para no cubrir hasta después de las elecciones presidenciales de 2015 la vacante generada en la Corte representa el supuesto delito de “sedición”, ya que “el acuerdo de los legisladores opositores viola el artículo 230 inciso 2 del Código Penal”. Allí se establece que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años”, aquellos “que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya un delito más severamente penado por este Código”.

“No amerita mayor detenimiento el texto claro, sin ambigüedades, del precepto constitucional que establece la incumbencia constitucional de proponer a los integrantes del Poder Judicial de la Nación cuyo nombramiento opera con acuerdo del Senado, que requiere la aprobación del candidato con el voto de los dos tercios de los miembros presentes”, sostiene Barcesat –que también fue convencional constituyente de la reforma del ’94– con respecto al artículo 99, inciso 4 de la Constitución que detalla las facultades del Ejecutivo. “Las vacancias (en la Corte) son para ser cubiertas, no para convertirse en escenario de impedimento de la integración de otro de los poderes que conforman el gobierno federal”, añade Barcesat en los fundamentos de su denuncia.

Algunos de los denunciados le salieron al cruce. El titular de la UCR y precandidato presidencial Ernesto Sanz asoció al Ejecutivo con la denuncia. “Está atrás de la denuncia porque quiere ver a los senadores presos, nos quieren amedrentar”, dijo el senador mendocino y sostuvo que Barcesat “no es un abogado cualquiera, es parte del Gobierno”. Morales siguió la misma línea que su compañero de bancada: sostuvo que es un intento de “presionar” y “amedrentar a la oposición” y afirmó que “si pudieran meternos presos, nos meten presos”.

El senador Juez sostuvo que “Barcesat es un burro” porque “nadie concretó” el delito que denuncia. El senador del Frente Cívico (FA-Unen) insistió en que se trata de una definición política que justificó en que hay “un gobierno que se está yendo” y que cuando llegue el momento de alguna propuesta responderán en el Senado.

Los senadores macristas que firmaron el documento no hablaron pero sí lo hizo el diputado PRO Tonelli: calificó como “una exageración” la denuncia contra los senadores por rechazar el tratamiento parlamentario para cubrir la vacancia en la Corte, y aseguró que cuando el kirchnerismo “tiene las mayorías”, las utiliza “de una manera bestial, sin importarles las consecuencias”. “Parece que su pasado en el Partido Comunista lo liga con (Jorge) Videla”, agregó su compañera Patricia Bullrich sobre Barcesat.

“Indudablemente el doctor Barcesat no reconoce la división de poderes. Dudo mucho que la Justicia pueda inmiscuirse en una decisión política de los senadores”, afirmó la massista Camaño. “Me parece que es absolutamente ridículo el planteo”, insistió. “Me parece un exabrupto político, institucional”, sumó el diputado socialista Roy Cortina y consideró que “no hay obligación de cubrir la vacante de Zaffaroni, ni jurídicamente ni políticamente con un gobierno que está terminando”. “La Corte puede seguir funcionando así. Más allá de lo que diga Barcesat”, sentenció Cortina.