Una manifestación de un sector del Poder Judicial para pedir Justicia. Aunque suene contradictorio, eso fue lo que anunciaron ayer cuatro fiscales opositores y el dirigente sindical Julio Piumato, al convocar a una Marcha de Silencio para el 18 de febrero, cuando se cumpla un mes de la muerte de Alberto Nisman. En conferencia de prensa, llamaron a marchar “sin identificaciones partidarias” entre la Plaza Congreso y las oficinas donde funciona la UFI-AMIA, donde trabajaba Nisman, a pocos metros de Plaza de Mayo. La cita obtuvo rápidamente el apoyo de dirigentes y medios de comunicación opositores y se viralizó en las redes sociales gracias a las mismas cuentas que estuvieron detrás de las convocatorias “espontáneas” de cacerolazos contra el gobierno nacional. Desde el kirchnerismo se mostraron respetuosos del derecho a manifestarse, aunque salieron a responder. El secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, señaló que entre los convocantes “hay gente que no se movió por otros argentinos en los momentos más duros”.

Aunque la cara visible son los fiscales Guillermo Marijuán, Carlos Stornelli, José María Campagnoli y Ricardo Sáenz, la convocatoria cuenta con el apoyo desembozado de la Asociación de Magistrados y de dirigentes de la oposición. Otros fiscales, como Cristina Caamaño, rechazaron la propuesta y hay sectores del Poder Judicial que tampoco la acompañan. Desde el Gobierno le atribuyen la intención de sacar rédito político de la muerte del responsable de la investigación sobre el atentado contra la sede de la mutual judía y de buscar la renuncia o destitución de la procuradora Alejandra Gils Carbó.

“Dada la consternación que nos ha causado la muerte trágica de nuestro compañero Alberto Nisman, los empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal y también del Poder Judicial Nacional, le rendiremos homenaje con una marcha en silencio y con total tranquilidad”, anunció Marijuán, que aclaró que la convocatoria “no es en contra de nadie, sino por respeto”, a pesar de que fue refrendada por dirigentes de la oposición como Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Laura Alonso, y, en las redes, por los organizadores de anteriores cacerolazos.

Aunque alegan marchar por la independencia del Poder Judicial, entre los que pusieron la cara para la convocatoria está el fiscal Campagnoli, quien investigó de forma irregular a la familia Kirchner, por lo que estuvo al borde de ser destituido por mal desempeño el año pasado, y sobre el que pesan denuncias por violencia institucional. También Stornelli, de fluidos vínculos con el PRO y con un sector de la barra brava de Boca Juniors, club donde actúa como jefe de Seguridad. Por su parte, Sáenz es vicepresidente de la opositora Asociación de Magistrados que preside el camarista radical Ricardo Recondo y fue denunciado por realizar “forum shopping”. Tanto Sáenz como Recondo participaron de viajes y programas financiados por la fundación Certal, vinculada a Clarín.

“Debemos hacer esta tarea de trabajar e investigar con libertad e independencia, porque sin investigadores independientes, la Justicia no suele actuar”, dijo Campagnoli en la conferencia de prensa. Stornelli, por su parte, advirtió que el caso de Nisman “es el primero de estas características, pero podría no ser el último”. Ambos estuvieron escoltados por Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales, quien pidió que “quienes tienen las responsabilidades de investigar la muerte de Nisman y de seguir sus investigaciones, y quienes tienen en sus manos causas trascendentes para el futuro de la Nación, deben sentir que están acompañados por la comunidad judicial y el conjunto del pueblo argentino”.

Sin embargo, no toda la “comunidad judicial” concuerda con la protesta: la fiscal federal en lo criminal Cristina Caamaño calificó ayer la marcha como “una puesta en escena para victimizarse” y denunció que “los fiscales que convocan están operando políticamente” (ver aparte). Desde el gobierno nacional, si bien recalcaron el derecho a manifestarse y a expresarse de quienes organizan la protesta, pusieron la lupa en su legitimidad y cuestionaron los antecedentes de quienes la convocan.

“Creemos firmemente en la libertad de expresión, en la libertad de reunión, en la libertad de opinión, y creemos que la democracia debe ser plena e intensa. Somos extremadamente respetuosos de todas las manifestaciones, pero también creemos que es necesario tener un nivel de evaluación de por qué se realiza una marcha de esta naturaleza”, dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que destacó que “quien tiene que investigar” la muerte de Nisman “es el Poder Judicial” y “nadie puede decir que existe intromisión e interferencia por parte del Ejecutivo” en esa investigación.

Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, aseguró que la posibilidad de marchar “forma parte de los derechos conquistados por todos los argentinos”, pero advirtió que entre quienes le dan apoyo “hay gente que no se movió por otros argentinos en los momentos más duros” del país, y mencionó en ese sentido al ex fiscal general Strassera.