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Aunque la investigación concluyera de manera terminante que el fiscal Nisman se suicidó, muchos no lo creerían. Es una muerte que se prestará siempre para la especulación y el juego político. La manera en que el fiscal Ricardo Sáenz o su colega Carlos Rívolo usaron este suceso trágico para influir en su interna profesional es apenas una demostración. ¿Qué es más importante: dilucidar esa muerte o utilizarla para saldar cuentas con la procuradora Alejandra Gils Carbó y desgastar la figura presidencial?

La “amenaza” que recibió el polémico juez Claudio Bonadio subraya el sentido que se les quiere dar a estos hechos: “La yegua ya dio la orden de tu muerte”, dice el mensaje, escrito novelescamente con letras de diario recortadas. Este juez es el que lleva una investigación de la empresa Hotesur, de las que una de las propietarias es Cristina Kirchner. Justamente por esa razón, Cristina Kirchner es la más interesada en que no le pase nada. La misma situación se planteaba con Alberto Nisman, que había presentado una denuncia contra ella.

Las dos acusaciones tienen poca consistencia y forman parte de la ofensiva judicial contra el Gobierno en un año electoral. Sobre todo es endeble jurídicamente y sin pruebas la denuncia que presentó el fiscal Nisman. Por esa debilidad de la denuncia, el oficialismo necesitaba que el fiscal se presentara en el Congreso para ponerlo en evidencia. La falta de pruebas es tan obvia que su posición hubiera sido pulverizada en la reunión parlamentaria que se había convocado para el lunes posterior al hallazgo de su cuerpo. Con sus años como fiscal, Nisman tenía que saber el desastre al que se dirigía. El borrador que se encontró es todavía más flojo. Su muerte en esas circunstancias fue la peor noticia para el oficialismo, que ya consideraba que la reunión del lunes sería un paseo. Nadie fue más afectado por la muerte de Nisman en ese contexto que el Gobierno.

La situación es tan extrema y compleja que induce al temor y a una fuerte inquietud, tanto porque se afecta la suerte de la República y sus instituciones como porque en ese cuadro destemplado pesa ahora la vida de una persona. ¿Cualquier fiscal puede deponer a un presidente con una acusación sin sustento? ¿Cualquier fiscal puede intervenir en el proceso electoral ciudadano con acusaciones insustentables que puedan incluir pedidos de allanamientos, de detención o de indagatorias? ¿Puede hacerlo si una buena parte de los funcionarios judiciales que intervendrían respalda esas acusaciones porque está contra de ese gobierno? Los mensajes de odio en Facebook contra Cristina Kirchner, por parte de la jueza Fabiana Palmaghini, producen escalofríos por sus augurios de parcialidad, y son apenas otra muestra de la actitud politizada y tan embanderada de gran parte de los miembros del Poder Judicial, como quedará demostrado también en el acto que se convocó para el próximo jueves. El peligro más grande de la investigación son estas presiones.

Toda la investigación que realizó Nisman del atentado a la AMIA fue alimentada por el director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, quien, a su vez, recibía los aportes de la CIA y el Mossad. Los Servicios de Inteligencia descartaron otras pistas y eligieron la llamada pista iraní. Fue así durante la investigación del juez Juan José Galeano y se mantuvo después con la del fiscal Nisman. Pero hacía varios años que Nisman no aportaba nuevas pruebas. Como sucedió con el ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour, que fue detenido en Londres por Interpol y liberado por falta de pruebas, si otros acusados hubieran sido detenidos, habría sido muy difícil condenarlos con las pruebas que había reunido Nisman. ¿Por qué los Servicios de Inteligencia (SIDE, CIA, Mossad) no aportaron más pruebas a la investigación de Nisman? ¿Por qué lo dejaron solo con su acusación?

La denuncia del memorándum de acuerdo con Irán se produjo cuando el gobierno de Israel se manifestó en su contra. Dos periodistas argentinos dijeron bajo juramento que les habían mostrado una comunicación interna de la Cancillería iraní donde se afirmaba que el gobierno argentino podía dejar de perseguir a los acusados por el atentado a la AMIA a cambio de acuerdos económicos. Nadie más que algún funcionario de la embajada israelí o del Mossad podría haber mostrado un documento de esas características. Ese documento, que estaba escrito en inglés, cuando en Irán se habla el idioma farsi, fue una piedra basal de la denuncia contra el memorándum.

De ese documento, lo único que hay es la palabra de los dos periodistas, uno de los cuales reveló que supo de él por “fuentes oficiosas de la Cancillería de Israel que ni siquiera hubieran podido asegurar que no era falso. Nadie más lo vio. En todo caso, el Mossad nunca se lo facilitó a Nisman. Aunque nada de lo supuestamente acordado se verificó en la realidad, Nisman formuló su denuncia contra la Presidenta y el canciller sobre esa hipótesis. Está comprobado que nada de lo que dice es cierto. Los jefes de Interpol aclararon que el gobierno argentino insistió en que no se levantaran las alertas rojas, está demostrado que el comercio con Irán disminuyó en vez de aumentar y que el famoso petróleo iraní –que según Nisman fue el motivo de esta supuesta traición– no se puede refinar en la Argentina por su alto contenido de azufre.

La razón por la que Nisman creyó más en los Servicios de Inteligencia que en los hechos crudos todavía es una incógnita. Sobre esas patrañas pretendía acciones legales contra una presidenta de la República y un canciller. Pero los Servicios de Inteligencia no le proveyeron de prueba concreta, también lo dejaron solo, más interesados en las repercusiones políticas de la denuncia que en el esclarecimiento de las mismas. Es probable que el fiscal también persiguiera un efecto político, pero sin pruebas quedaba muy expuesto desde el punto de vista legal, y su trabajo como fiscal en las dos investigaciones –AMIA y memorándum– quedaba marcado por el fracaso, como sucedió. Entre las miles de versiones sobre estos sucesos, se habló de que al fiscal le habían prometido dos testigos para apuntalar su denuncia, y que a último momento le avisaron que no los tendría.

Toda la guerra contra el gobierno argentino por el memorándum de acuerdo con Irán partió de los Servicios de Inteligencia, en especial el israelí, que aportó ese famoso documento interno de la Cancillería iraní, nunca presentado en la causa y cuyo contenido se demostró que era falso. Una operación del servicio secreto de un país extranjero pudo movilizar a la oposición interna contra el memorándum. Todas las instancias por las que transitan estos gravísimos hechos –el atentado a la AMIA y la muerte del fiscal que lo investigaba– están conmocionadas a su vez por problemáticas concretas de los que tratan de usarlos en provecho propio: los sectores más conservadores del estamento judicial se resisten a introducir los cambios propuestos por el oficialismo; la corporación mediática se resiste a la desmonopolización que requiere la nueva ley de medios; los Servicios de Inteligencia buscan venganza por los desplazamientos internos y la reorganización que se impulsa desde el Congreso; y la oposición está en un año electoral. Para todos ellos, el Gobierno es el único responsable de todos sus males. No es la mejor combinación para esclarecer ninguno de los hechos investigados.

Los Servicios de Inteligencia y la corporación de medios están tan mezclados con estos hechos, que es inevitable que el acto que se anuncia para el próximo jueves en homenaje al fiscal sea usado políticamente como se hizo con la ceremonia de su entierro. No por la actitud de la familia, que en todo momento trató de preservar el sentido de ese acto en un marco respetuoso, sino por la intervención de grupos de activistas que provocaron los desmanes. Desde el punto de vista granmediático, estos desmanes constituyeron lo más trascendente de la ceremonia. Y a los activistas los pusieron los servicios.

El jueves también estarán los que, al igual que en el entierro, tratarán de usar en provecho propio la muerte del fiscal. Estarán los dirigentes de la oposición como Elisa Carrió, que ya trató de opacar al fiscal Nisman con su propia denuncia contra la Presidenta. A cada quien le interesa su parte del botín sin que les importen mucho los 85 asesinados en la AMIA o el mismo fiscal homenajeado. La demagogia es más visible y ruidosa que la discreción de los que están más preocupados por el esclarecimiento de esas muertes. Son situaciones en las que la política muestra su costado más oscuro, donde la vida de las personas se convierte en meras fichas de un juego de poder que circula por rincones que nunca salen a la luz.