El gobierno nacional publicó ayer una solicitada en la que destacó el fallo del juez federal Daniel Rafecas desestimando la denuncia de Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA y en ese marco dio a entender que la presentación del fiscal Alberto Nisman acusando a la jefa de Estado tenía como objetivo “buscar un efecto político desestabilizador”. El texto, titulado “Compromiso, verdad y justicia”, fue publicado en los principales diarios del país.

“La importancia de dar a conocer esta resolución se funda en la gravedad institucional y política de la denuncia” que “involucró a las más altas autoridades de la República Argentina en el entorpecimiento de la causa que investiga el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en el año 1994”, se explica la solicitada, dirigida al “pueblo argentino” y “toda la comunidad internacional”.

El texto destaca que “el Juez Federal a cargo de la investigación rechazó categóricamente el escrito presentado por el Fiscal y ratificó lo que muchos especialistas de renombre internacional sostuvieron luego de leer la denuncia con detenimiento: la evidencia reunida, ‘lejos de sostener mínimamente la versión del fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario’”.

Además, remarca que en su resolución Rafecas dice que “‘no hay documento alguno, ni testimonio alguno, ni escucha alguna’ que sostenga la acusación de presionar a Interpol para el levantamiento de las alertas rojas, sino que las pruebas y la postura oficial de Argentina ‘son concluyentes en señalar que los sucesos ocurrieron exactamente al revés’”, lo que coincide con “la aseveración de la autoridad máxima de Interpol, Ronald Noble”, en el mismo sentido.

La solicitada recuerda a continuación que “el juez presenta documentos hasta ahora desconocidos”, entre los que se destaca “el hallazgo en la fiscalía especial de la causa AMIA de dos escritos judiciales idénticos –firmados por el fallecido Fiscal Nisman y fechados en los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015–, nunca presentados”, en los que se “solicitaba al Poder Ejecutivo que remitiera al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un pedido de conminación de la República de Irán a fin de que detenga y extradite a sus nacionales acusados por el atentado terrorista”.

Otro punto sobre el que llama la atención el texto es que en esos documentos “Nisman ‘no sólo no hace ningún tipo de alusión a la inminente o consumada presentación de la denuncia en contra de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”, sino que además “presenta una postura diametralmente opuesta, en el sentido de que realiza consideraciones sumamente positivas de la política de Estado del gobierno nacional, desde 2004 hasta la actualidad’”.

Incluso, agrega, el fiscal “hacía hincapié en el ofrecimiento a Irán de realizar el juicio en un tercer país y en la firma del memorándum de entendimiento como dos intentos del Gobierno para lograr sentar a los acusados ante el juez y permitir avanzar en la causa hacia el juicio oral”, por lo que en ese marco recuerda que “el juez resaltó la falta de ‘coherencia e integración’ de estos dos escritos con la denuncia presentada por Nisman”.

En la segunda mitad del texto, el Gobierno desarrolla su hipótesis de que todo formó parte de una operación política, a través de una serie de preguntas retóricas: “¿Por qué el Fiscal trabajaba en paralelo con dos objetivos exactamente opuestos?”, se pregunta la solicitada. A continuación, indica que “desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el Fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia de lógica y sustento jurídico.”

Por eso añade: “¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar generar un efecto político desestabilizador?”. Y va más allá: “En el oficio presentado al juez junto a los escritos judiciales, los seis secretarios de mayor jerarquía del Fiscal afirmaron tener conocimiento de que Nisman había dejado firmados ambos escritos antes de partir de vacaciones. ¿De qué dependía la opción de impulsar una estrategia conjunta con el Poder Ejecutivo ante las Naciones Unidas o de denunciar a la Presidenta de encubrimiento?”, se pregunta, nuevamente.

Finalmente, el Gobierno vuelve a defender el acuerdo que se firmó con Irán para avanzar con la investigación del atentado a la AMIA y que es la piedra de base de la acusación en contra de CFK: “Sólo es posible ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a través del memorándum, una herramienta que permitiría interrogar a los ciudadanos iraníes acusados y, a partir de allí, llevar el caso hacia un juicio oral y público”, asegura.

“Esa situación pondría al Estado argentino en un mejor contexto frente a Irán y la comunidad internacional para exigir la extradición o al menos para negociar la realización del juicio oral en un tercer Estado –agrega–. Es menester hacer un llamado a la sociedad argentina y a la comunidad internacional a escuchar a las víctimas del atentado y a sus familiares, a quienes todos dicen representar, pero pocos realmente le prestan atención”.

Además, pide “acompañar el juicio oral que se llevará adelante por el verdadero encubrimiento del atentado, en el que están acusados un ex presidente, su jefe de la Secretaría de Inteligencia, el juez de la causa, los fiscales, un alto jefe policial, entre otros funcionarios públicos de alta jerarquía”. Al respecto, destaca que el proceso “no implica solamente a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo de aquellos tiempos, sino que también pone bajo la lupa al sistema de justicia penal federal”.

Por último, la solicitada recuerda que “el atentado a la sede de la AMIA constituye uno de los crímenes más dolorosos de nuestra historia reciente” y “reafirma el compromiso del Gobierno argentino en la búsqueda de verdad y justicia” en concordancia con “cada uno de los hechos y políticas impulsadas por el Estado Nacional”.