Como era previsible, el fiscal Gerardo Pollicita apeló el fallo del juez Daniel Rafecas que desestimaba la denuncia por encubrimiento en la causa AMIA contra Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otras personas, promovida por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte. Pollicita sostiene que Rafecas tomó una decisión “prematura”, sin adoptar medidas de prueba a su entender necesarias en un caso de “inusitada gravedad y trascendencia institucional”. Nisman había planteado que el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán, que preveía la creación de una Comisión de la Verdad, era el puntapié para dar impunidad a los iraníes sospechosos. El juez, en cambio, advirtió que como el acuerdo nunca entró en vigencia, no hay delito posible, y que tampoco se dieron de baja las notificaciones rojas de Interpol para lograr la captura, sino que el Gobierno buscó todo lo contrario, mantenerlas firmes. El fiscal le discute que sería suficiente con demostrar la intención de encubrir a los acusados y que para eso se podrían analizar llamadas, cables diplomáticos y tomar testimonios, que determinen si había negociaciones y verificar si se procuraban otros mecanismos para evitar las detenciones. Rafecas sostiene que eso es propio de un sistema autoritario. Igual, ya concedió la apelación y la discusión será saldada por la Cámara Federal. Hoy se sorteará a qué sala le toca.

El jurista León Arslanian insistió ayer en que “de ningún hecho objetivo surge que fue intención firmar el memorándum para facilitar que los iraníes eludan a la Justicia” y que “no hay una sola prueba sólida de la existencia de dolo en la firma del acuerdo con Irán ni en el accionar del Gobierno”. “Todo lo contrario, es un acuerdo para facilitar el juicio, sacar el expediente del pantano. Los discursos de la Presidenta y la actitud firme ante los alertas rojos demuestran que no hubo ninguna voluntad de ayudar a los prófugos”, señaló el ex camarista. Según se deduce del fallo de Rafecas, no se podría hablar de “dolo” o de una intencionalidad de supuesto encubrimiento sin que se haya concretado la aplicación del Memorándum de Entendimiento, que preveía que el juez argentino indague en Teherán a los sospechosos iraníes, con la intervención de una Comisión de la Verdad. Para él, los “actos de ideación o preparación en el derecho penal de un sistema democrático no resultan en absoluto punibles”. Como tampoco se levantaron las notificaciones rojas sino que Timerman fue contundente frente a Interpol en afirmar que el memorándum no las llevaba a perder vigencia, Rafecas dijo que tampoco se podía hablar de delito. Sólo el juez de la causa AMIA (Rodolfo Canicoba Corral), señalaba el canciller, puede pedir una modificación.

La denuncia original de Nisman hablaba de la supuesta existencia de una maniobra para beneficiar a los iraníes imputados por el ataque a la AMIA, impulsada por la Presidenta y el canciller Timerman, con la colaboración del operador pro iraní Khalil, el dirigente de Miles Luis D’Elía, el de Quebracho Fernando Esteche, el diputado Andrés Larroque, el ex juez Héctor Yrimia y el espía trucho Allan Bogado. Les atribuía gestiones para crear la “Comisión de la Verdad” con mecanismos que terminarían favoreciendo a los acusados y apuntaban a dejar sin efecto las capturas. Se basaba en escuchas sobre teléfonos de Khalil, en las que no hablaba ninguno de los funcionarios, sino sólo los particulares, y echaba mano a versiones periodísticas. Rafecas dijo que con el material provisto por el propio Nisman sólo podía decir que los iraníes querían hacer negocios y eludir la Justicia y que las autoridades argentinas se mantuvieron firmes. Irán nunca ratificó el memorándum. Para él las escuchas no tienen valor probatorio. En ellas incluso a Timerman lo maldecían (con frases como “ruso de mierda”) porque era un obstáculo. El fallo también mostraba dos escritos en los que Nisman planeaba pedir la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para lograr interrogar a los iraníes, con elogios a la actuación de la Presidenta en todo el caso AMIA, lo contrario a la denuncia por encubrimiento.

Pollicita dice que es su obligación como fiscal impulsar la acción para “agotar todas las vías probatorias”. Para él, la posición de Rafecas y la que tenía Nisman son tan “opuestas” que “resulta prudente y razonable abrir la investigación” y luego definir “el fondo”. Su razonamiento jurídico es contrario al del juez: para Pollicita hay que investigar si hubo aunque sea una intención de encubrir, a través de negociaciones, porque eso de por sí sería delito sin ser necesario que se haya logrado el resultado buscado. “El encubrimiento –según el fiscal– es un delito de actividad, de efectos permanentes, entonces el comienzo de ejecución es su consumación.” Para Rafecas, no: ésa suele ser la excusa que usan, por ejemplo, para la persecución ideológica, los regímenes autoritarios.

Así, según Pollicita, “lo central” no es “si el acuerdo (con Irán) entró en vigencia”, sino cuál era el fin: si era para lograr un avance de la causa, como interpreta Rafecas y planteó el Gobierno, o si era para desvincular a los iraníes. El fiscal dice que el juez “da por cierto cuestiones que deben ser demostradas con mayor certeza”: alega que no está demostrado que no hayan estado en riesgo las credenciales rojas por la sola firma del memorándum. A pesar de las notas oficiales enviadas por el secretario general de Interpol Ronald Noble a la Cancillería y sus aclaraciones públicas (reflejadas por Página/12), Pollicita dice que debería testificar. Señala que tampoco está claro, de acuerdo con el reglamento de Interpol, si el único mecanismo para dejar los alertas sin efecto es que lo pida el juez de la causa a la oficina local o si la misma Interpol puede hacerlo por su cuenta.

Según Pollicita, las famosas escuchas sí podrían tener valor como indicios y la demora en su análisis es lo que explica que Nisman no haya hecho la denuncia no bien se aprobó el memorándum, el 27 de enero de 2013. Arslanian insistió ayer: “No se pueden tener en cuenta los diálogos telefónicos entre personas periféricas, que no son funcionarios, que no tienen el dominio del hecho, que no representan al poder”. Pollicita agrega que se podrían analizar cruces de llamadas, cables diplomáticos y habría que tomar testimonio a quienes integraron la comitiva cuando el canciller se reunió con su par iraní (en la llamada cumbre de Alepo que el fiscal fallecido mencionaba como parte de la negociación, pero sin aportar elementos), así como también a los colaboradores de Nisman en la Unidad AMIA. A su vez, respaldó los escritos dirigidos al Consejo de Seguridad, que no ve opuestos a la denuncia por encubrimiento.

La apelación ante la Cámara deberá ser sostenida (o no) por el fiscal Germán Moldes, uno de los que encabezó la marcha del 18F, quien ha sido cuestionado por los familiares de las víctimas de AMIA por no impulsar las apelaciones en la causa por el encubrimiento (de funcionarios judiciales, políticos y de Inteligencia) en el gobierno de Carlos Menem.