La falta de mérito del empresario Carlos Blaquier dictada por la Cámara Federal de Casación en dos causas en las que tenía procesamiento firme por delitos de lesa humanidad fue repudiada por dirigentes sociales, funcionarios y legisladores. El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, consideró “llamativo que en una semana se dictaran tres fallos en beneficio de cómplices civiles de la última dictadura”, en referencia además al rechazo del pedido de indagatoria de Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble por la apropiación de Papel Prensa y a la falta de mérito dictada por un abogado recusado por sus antecedentes a favor de Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y acusado del homicidio de dos obreros gráficos. La diputada jujeña Milagro Sala, de la organización Tupac Amaru, afirmó que estas decisiones “dan cuenta de la complicidad de sectores del Poder Judicial con el empresariado que colaboró con la devastación de este país”. El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, advirtió que los fallos a favor de Blaquier y Massot “son preocupantes”, porque “vuelven a instalar la idea de impunidad” en la sociedad, y agregó que “fallos como éstos no hacen más que reflejar que una parte de la estructura judicial se resiste a las investigaciones de delitos durante el terrorismo de Estado”.

El fallo que firmaron Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi benefició a Blaquier y a su ex gerente Alberto Lemos, que tenían procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Salta por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de 26 víctimas, entre ellos el ex médico de la planta y ex intendente Luis Arédez, trabajadores y vecinos del ingenio Ledesma de Jujuy.

“Parece que la Justicia no quiere avanzar sobre este delito y en investigar la responsabilidad de los civiles implicados en el terrorismo de Estado. Estos fallos son malas noticias para las víctimas y para toda la sociedad”, afirmó Fresneda y aseguró que la secretaría “avanzará hasta la última instancia judicial posible”. El secretario de Promoción de Derechos Humanos, Luis Alen, adelantó que se analizará el fallo para “estudiar ir a la Corte Suprema y tomar otras medidas para que la causa continúe viva”. “Está visto que las causas sólo avanzan en este momento cuando nos referimos a integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, pero cuando se trata de civiles comprometidos en hechos de lesa humanidad las estructuras judiciales se resisten”, lamentó Alen.

En el mismo sentido opinó el fiscal general Auat, quien recordó que uno de los objetivos que se planteó la Procuraduría fue “ampliar la investigación a todo el fenómeno criminal de la dictadura, porque no fue sólo la cuestión de los cuarteles”. Auat admitió que ese obstáculo “nunca fue totalmente superado” y que el escenario actual “habilita a adoptar una estrategia que signifique superar esas dificultades”. “Si hablamos de terrorismo de Estado es fundamental analizarlo en su totalidad”, sostuvo, y citó a Theodor Adorno para remarcar que “la Justicia que no abarca la totalidad del crimen deja un sabor amargo a injusticia”. Para el titular de la Procuraduría “el objetivo de los investigadores es la Justicia y eso se logra solamente abarcando la totalidad del crimen”, en tanto la suspicacia “es una consecuencia lógica que surge de datos objetivos”.

Desde las organizaciones jujeñas Tupac Amaru, Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular y Red de Organizaciones Sociales, las críticas apuntaron hacia “la complicidad de algunos sectores del Poder Judicial con los cómplices civiles de la dictadura militar”. “Desde nuestro espacio político y desde las organizaciones sociales vamos a continuar acompañando a los organismos de derechos humanos, levantando las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y vamos a seguir exigiendo la democratización del Poder Judicial. Estas decisiones contrarias a la verdad no hacen más que dañar la democracia”, destacó Milagro Sala.

El diputado Carlos Raimundi, del Frente para la Victoria, contextualizó los fallos a favor de civiles “en un principio común y es que, lamentablemente, no se pudo llevar adelante una profunda reforma judicial”. “La Justicia Federal mantiene sus vínculos con los poderes concentrados y, en el caso de Blaquier, se suman los intereses locales. Recordemos que varios jueces se excusaron de juzgarlo”, destacó, y cuestionó las conductas “feudales” que aún existen en la República Argentina.