El aval de la Justicia a Mauricio Macri para que equipe con pistolas eléctricas Taser a la Policía Metropolitana generó un cerrado rechazo de la oposición. Ante el permiso a la administración PRO para que avance con esta medida, el gobierno nacional, dirigentes de los organismos de derechos humanos así como de los partidos de la centroizquierda y la izquierda alertaron que el uso de las pistolas Taser es considerado como un instrumento de tortura por Naciones Unidas y Amnistía Internacional. El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Pisoni, que como particular fue el impulsor de la denuncia judicial contra la utilización de las Taser, anticipó que apelará el fallo del Tribunal de Justicia. A su vez, los legisladores del kirchnerismo presentaron un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Pública porteña, prohibiendo expresamente el uso de estas o de cualquier otra arma eléctrica a la Metropolitana.

Si bien ayer voceros del macrismo salieron a aclarar que el gobierno porteño “no tiene previsto” adquirir las Taser “porque no está contemplado en el presupuesto de este año”, lo cierto es que Macri intentó armar a la Metropolitana con estas pistolas desde el momento en que creó la fuerza. En el año 2009, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, autorizó un pliego para comprar armas “no letales”. A comienzos de 2010 ordenó la adquisición de cinco pistolas Taser X 26, pero no pudo concretarlo porque fue frenado por un fallo de la jueza Andrea Danas. En su resolución, la magistrada explicó que estas pistolas fueron calificadas como un elemento de tortura por Naciones Unidas. Por este motivo, los órganos de aplicación de la Convención contra la Tortura de la ONU recomendaron a los Estados parte que no las utilizaran, con la advertencia, además, de que potencialmente pueden llevar a la muerte.

La causa judicial que frenó aquella compra había sido iniciada por una denuncia de Pisoni desde el Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires. “Autorizar la compra de las Taser es legalizar la tortura en la Ciudad”, alertó ayer Pisoni, que es actualmente subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, y adelantó que apelará como particular la reciente decisión judicial que autorizó a comprarlas.

El aval al gobierno porteño fue otorgado el lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, luego de una serie de apelaciones sostenidas por la administración macrista que desmienten su esgrimido desinterés por armar a los efectivos de la Metropolitana con las Taser. Entre los argumentos planteados en el expediente judicial, el gobierno porteño sostuvo que otras fuerzas de seguridad usan esos dispositivos. Consultadas sobre el punto, Prefectura y Gendarmería respondieron que no tienen Taser. La Policía de Seguridad Aeroportuaria informó, por su parte, que tenía una en custodia que había quedado de la antigua Policía Aeronáutica Nacional, pero “su uso ha sido prohibido desde el año 2005”.

Repudios

“No estamos en absoluto de acuerdo con esa visión respecto de la tarea para ordenar las cosas que están sucediendo en las calles y se puede hacer sin sangre y sin heridos”, dijo ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, abriendo una ronda de rechazos que se acumularían a lo largo del día. El funcionario apuntó que “desde 2001 a la fecha en Estados Unidos y Canadá hay más de 70 muertos por las descargas” eléctricas de las pistolas.

Fernández recordó que durante la toma del Parque Indoamericano, Macri “como si fuera John Wayne nos pedía que le diéramos la Policía Federal para sacar a los manifestantes en un ratito”. En este marco, consideró que “pareciera que la única forma que conoce” el jefe de Gobierno porteño de responder al conflicto social es con “una fuerte represión”.

“Para Macri será un placer ver un tipo revolcándose en el piso, torturado tan sólo por asistir a una manifestación”, concluyó el ministro coordinador.

Mientras tanto, en la Legislatura porteña el bloque del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Seguridad Pública –que dio origen a la Metropolitana– y prohibir que sus agentes usen armas eléctricas.

“Hay que tener en cuenta de dónde viene nuestro país y la terrible experiencia con las fuerzas policiales, por lo que darles un elemento de tortura es una barbaridad”, consideró la jefa del bloque, Gabriela Alegre, al explicar los motivos de la presentación.

En los fundamentos, el proyecto reseña las objeciones planteadas por organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales. Entre otros antecedentes, señala que:

- El Comité contra la Tortura de la ONU dictaminó que el uso de estas armas contra las personas es una forma de tortura, ya que provocan un dolor extremo y en algunos casos la muerte.

- La Unión Europea se manifestó también críticamente y prohibió en 2005 la importación y exportación de este tipo de armamentos.

- Amnesty Internacional pidió “suspender la utilización y adquisición de pistolas tipo Taser y otras defensas eléctricas” (ver aparte el informe Voltios sin control).

María Rachid, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, agregó que “el Tribunal Superior ha decidido habilitar a la Policía Metropolitana para que descargue durante cinco segundos 50 mil voltios sobre un ser humano”.

“Nos merecemos una policía de proximidad que ayude a combatir el delito, no que se prepare para reprimir con balas de goma y pistolas eléctricas”, apuntó Aníbal Ibarra, ex jefe de Gobierno porteño y hoy precandidato a suceder a Macri. “Si en la represión del Borda la Policía Metropolitana hubiera tenido, además, las pistolas Taser las consecuencias habrían sido más graves todavía.”

La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) consideró una “provocación” el aval de la Justicia. “Tenemos muchas denuncias por represiones de la Metropolitana que ahora serán agravadas por la tenencia de las armas Taser”, planteó su presidente, César Cigliutti.

La diputada de Libres del Sur Victoria Donda dijo que le “parece inadmisible que el gobierno porteño haya insistido en el uso de este tipo de arma. Y más aún que la Justicia finalmente se lo haya permitido”.

También dirigentes de la izquierda y centroizquierda sumaron sus rechazos. Myriam Bregman, precandidata a jefa de Gobierno porteño del Frente de Izquierda, repudió que Macri “sólo piense en reprimir a los trabajadores y al pueblo pobre de la ciudad con descargas eléctricas”. Desde Camino Popular, Itai Hagman, advirtió que el fallo del Tribunal Superior, que dice “que se va a adaptar a las recomendaciones del Comité contra la Tortura supone ignorar el accionar real y concreto que ha tenido esta fuerza a lo largo de los años”. Desde el Partido Obrero, Marcelo Ramal apuntó que el macrismo “está tomando las disposiciones para reforzar el accionar represivo” y recordó que uno de los principales impulsores del uso de las Taser, el ministro de Seguridad Montenegro, apoya la candidatura de Gabriela Michetti, que “es presentada con un halo de transparencia de la gestión” del PRO.