La Corte Suprema re-re-reeligió a Ricardo Lorenzetti como su presidente para un mandato que comenzará recién en enero de 2016. La votación, que también vuelve a designar a Elena Highton de Nolasco como vicepresidenta, se celebró con una anticipación infrecuente, ya que suele hacerse entre octubre y noviembre cada tres años, lo que dura la presidencia. El Alto Tribunal evitó, de esta manera, la participación de cualquier nuevo integrante supremo y se adelantó a un cambio en el clima político poscomicios de octubre. Celebró la elección en el acuerdo del martes, el mismo día que declaró la nulidad de la lista de diez conjueces abogados que habían sido designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado para que actúen como suplentes cuando el alto tribunal no cuente con los jueces necesarios para emitir un fallo. La novedad fue difundida un día después, ayer, a través del Centro de Información Judicial (CIJ).

De por sí, la decisión de sentenciar la nulidad de la lista de conjueces es una evidente señal de resistencia ante rumores de ampliación de la propia Corte Suprema y a cualquier movimiento que afecte al Poder Judicial. En el tribunal especulaban con que si una ley eleva el número de supremos a siete o nueve, hasta que se concreten las designaciones alguna cláusula transitoria echaría mano a los suplentes abogados. Públicamente, lo que argumentó Lorenzetti (en entrevistas periodísticas) es que siempre que se elevó la cantidad de jueces supremos fue para cambiar la mayoría y redundaría en un desprestigio para el Gobierno y para el propio tribunal. En la Casa Rosada niegan oficialmente cualquier proyecto de agrandar la Corte, pero las dificultades para conseguir los dos tercios en el Senado para aprobar el pliego del joven penalista Roberto Carlés, mantienen la idea flotando en el ambiente.

En los hechos, la re-re-reelección de Lorenzetti, quien preside el tribunal desde 2007 y ahora se garantiza la continuidad en ese mando hasta 2019, es una máxima demostración de fuerza y poderío que lo deja posicionado antes de las elecciones presidenciales. Así lo leían ayer en el Ministerio de Justicia.

Para ser presidente de la Corte –que hoy tiene cuatro integrantes y una vacante– hace falta mayoría absoluta. En el plenario del martes los jueces decidieron adelantarse ocho meses al cambio de autoridades. Juan Carlos Maqueda propuso la continuidad de Lorenzetti. Carlos Fayt y Elena Highton de Nolasco adhirieron. Los tres primeros postularon a la única mujer para seguir en la vicepresidencia y la elección quedó sellada sin sobresaltos. La acordada no explica nada sobre la premura de la elección. Sólo dice que luego de un intercambio de ideas se votó por unanimidad. Página/12 intentó comunicarse con voceros de la Corte y con la presidencia suprema para saber las razones, pero no hubo respuesta.

Lorenzetti asumió en la Corte en 2004, impulsado por Néstor Kirchner, y nunca antes había tenido cargos en el Poder Judicial. Venía del derecho civil, de contratos y se especializó en derecho ambiental cuando era una rama novedosa. Siempre mostró un perfil de hábil negociador y explorador de consensos. La primera vez que lo eligieron presidente supremo fue el 7 de noviembre de 2006, la segunda el 18 de agosto de 2009, la tercera el 16 de octubre de 2012 y esta es la cuarta. Para el armado de fallos y algunas decisiones internas siempre tuvo buen diálogo con el ex juez Raúl Zaffaroni y aceitado con Juan Carlos Maqueda, afín al peronismo federal, con quien pergeñó la nueva “re-re-re” en momentos en que despuntaba la chance de que después de octubre el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, impulsara para la presidencia de la Corte a Highton de Nolasco.

La relación de Lorenzetti con el poder político atravesó momentos de alta tensión siempre que estuvieron en el medio los intereses de la familia judicial, como cuando se discutió la reforma del Consejo de la Magistratura (que pretendía introducir mayor participación de la ciudadanía en la elección de consejeros), que la Corte finalmente declaró inconstitucional a pesar de que había logrado negociar con el Gobierno quedarse con el manejo de los fondos en lugar de traspasarlo al Consejo de la Magistratura.

Aquel fallo fue citado con insistencia en varias de las últimas de decisiones supremas con frases en defensa del Poder Judicial, como las que piden preservar la división de poderes, y con las que el tribunal viene intentando marcar territorio y reivindicar facultades de frenar reformas. Aparecen en la resolución que invalidó aspectos de la reforma constitucional tucumana, la semana pasada y, más cerca, en el que declaró la nulidad de la lista de los diez conjueces con el argumento de que el Senado no había conseguido los dos tercios de los votos de los presentes para dar acuerdo. Fundamentaba la mayoría exigida y el proceso de selección en “el fin de atenuar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y amortiguar la gravitación político partidaria”.

Esa mayoría calificada es la que se exige para nombrar jueces de la Corte. Sin embargo, para subrogar en el Alto Tribunal antes que los conjueces, primero son llamados de las Cámaras nacionales. Sólo si no se consiguen camaristas se convoca a los abogados. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuestionó: “Ninguno de los camaristas que ocupan esa función fue elegido por los dos tercios, se eligen por mayoría simple. Con lo cual lo que reclaman de los dos tercios es un formalismo innecesario”. “El Senado nunca actúa en contra de la Constitución” y lo que “ha hecho en la selección de los conjueces, es lo que correspondía”, dijo. También advirtió que en los últimos 80 años “los conjueces sólo participaron cuatro veces”.

En la lista de conjueces anulada había algunos nombres, como el del penalista León Arslanian y el del constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, que sonaban a la vez como posibles candidatos a la Corte. La vacante suprema o la conformación del Tribunal está en veremos, y cada vez más expuesta a una negociación, pero Lorenzetti tiene el mango de la sartén judicial asegurado para casi todo el mandato del presidente de la Nación que resulte elegido en las elecciones de octubre.