El juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez, investigado por el Consejo de la Magistratura por obstaculizar las causas por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, declaró ilegal la resolución de la Procuración General de la Nación que en 2013 designó como fiscales federales ad hoc a Miguel Palazzani y José Nebbia. La decisión tuvo lugar una semana después de que la Cámara Federal dejara cesante a Alvaro Coleffi, el primer funcionario del Poder Judicial local que se animó a investigar el rol de la Iglesia Católica y del diario La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado. “Es parte de la maniobra que venimos denunciando desde el año pasado. Martínez y su séquito hacen una defensa corporativa de los cómplices civiles de la dictadura”, reflexionó Nebbia, y recordó el antecedente de Carlos Blaquier, quien de la mano de su defensor Jorge Valerga Aráoz logró apartar a Pablo Pelazzo, el fiscal ad hoc que había impulsado la acusación contra el dueño del Ingenio Ledesma. “Hay sectores del Poder Judicial de Bahía Blanca en los que se advierte una especie de confabulación, un alineamiento en contra de las causas por los crímenes de la dictadura y más aún cuando se trata de imputaciones a sectores civiles o grupos de poder económico. Por este camino inevitablemente vamos a pagar con moneda de impunidad”, consideró el fiscal general Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad. El Consejo de la Magistratura, en tanto, tratará el 4 de junio el pedido de remoción de Martínez y la designación como juez ad hoc de Claudio Pontet, el abogado que en tiempo record y pese a haber sido recusado dictó la falta de mérito del empresario Vicente Massot, director de La Nueva Provincia.

El cuestionamiento a los fiscales lo formuló Gloria Girotti, la ex secretaria del juez Guillermo Madueño, que en 1976 se tapaba la nariz mientras apuntaba las palabras que balbuceaban secuestrados en estado nauseabundo y con signos de tortura en el Cuerpo V de Ejército. Fue en agosto de 2013, días después de que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal la designación de la procuradora fiscal subrogante Alejandra Cordone Roselló. Nebbia y Palazzani contestaron entonces que la Corte había opinado sobre una fiscal subrogante (no ad hoc), que la procuración tiene facultades para nombrar fiscales ad hoc, y lo ha hecho infinidad de veces, y que el planteo de Girotti era extemporáneo, no acreditaba ningún agravio y sólo pretendía “la paralización del proceso y la impunidad”.

Pese a que el expediente no registra cambios desde marzo de 2014, cuando la procuración envió los antecedentes de las designaciones, Martínez lo dejó hibernar catorce meses y decidió resucitarlo la última semana, justo después de enviar su descargo al Consejo de la Magistratura por denuncias que Nebbia y Palazzani realizan desde diciembre. En los últimos días, además, denunciaron junto al fiscal federal Antonio Castaño la parálisis de la secretaría de derechos humanos del juzgado –a cargo de Mario Fernández Moreno– que no resuelve la situación procesal de imputados indagados hace más de un año, y la intervención ilegal de Martínez ante una presentación del imputado ex juez Francisco Bentivegna pese a que antes se había inhibido porque son amigos.

El juez subrogante afirmó en su resolución que el caso es “claramente análogo” al de Cordone Roselló (fallo “De Martino”) y citó como antecedente la decisión de la Cámara Federal de Salta contra el fiscal Pelazzo. La omisión de la confirmación de ese fallo por parte de la Cámara de Casación Penal en marzo sugiere que el escrito es de vieja data y se desempolvó en caliente. “La jurisprudencia que cita no es aplicable al caso, ambos fiscales cumplen los requisitos del fallo ‘De Martino’”, advierte Auat. La decisión será apelada aunque el caso de Palazzani es abstracto, porque el año pasado fue designado fiscal general con respaldo unánime del Senado.

Mientras la Cámara Federal analice las objeciones a los fiscales, el Consejo de la Magistratura tratará el 4 de junio planteos acumulados sobre los operadores de la impunidad en Bahía Blanca. La Comisión de Disciplina podría remover a Martínez, subrogante desde 2009, denunciado por su “generalizada práctica de obstaculización que pone en riesgo los procesos”, por su intento (revertido por la cámara) de “fragmentar y descomponer” la causa en “expedientes aislados e inconexos” y por su rechazo a investigar delitos sexuales aun cuando la cámara se lo había ordenado. Martínez benefició a todos los acusados civiles por delitos de lesa humanidad en su ciudad: se inhibió de actuar en los casos de Bentivegna y Hugo Sierra porque son amigos; le dictó falta de mérito a Girotti; y no encontró elementos para indagar a Massot ni al ex capellán Aldo Vara, posición contraria a la de los jueces del Tribunal Oral Federal que ordenaron investigarlos, a la de los fiscales y a la del desterrado Coleffi.

La Comisión de Selección de Magistrados, en tanto, deberá pronunciarse sobre la designación como juez ad hoc del benefactor Pontet. Los fiscales cuestionaron su nombramiento por contrariar la ley que establece que en casos de subrogancia prolongada la designación la debe hacer el Consejo y por antecedentes que invitaban a dudar de su imparcialidad. Luego de que la Cámara Federal trasladara el planteo al Consejo, Pontet demostró una descomunal capacidad de trabajo y en menos de sesenta días (plazo máximo de la subrogancia breve) no sólo dictó la falta de mérito de Massot, sino que se esmeró en profundizar la estrategia del empresario de desviar hacia la Triple A la investigación de los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los trabajadores gráficos cuyo desempeño gremial sólo molestaba a La Nueva Provincia. Pontet también declaró nulo el testimonio del teniente coronel Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Ejército, quien rompió el pacto de silencio al contar que el general Acdel Vilas le relató en 1987 que la entonces directora del diario, Diana Julio de Massot, le encomendó al general Osvaldo Azpitarte “chupar por izquierda” a los dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas que días después serían secuestrados, torturados y asesinados. Ni el abogado defensor de Massot se había animado a pedir lo que Pontet resolvió motu proprio.