La muerte de dos niños en un taller clandestino puso en el centro de la escena a la subsecretaría de Trabajo porteña, que se ocupa de las inspecciones a estos y otros lugares. El tiempo que pasa entre que el gobierno porteño hace una inspección laboral y se redacta el informe técnico que puede conducir a una acción es de 331 días en promedio. En un caso, llegó a 920 días, casi tres años. Los datos surgen de un informe de la Auditoría General de la Ciudad. “El plazo de casi un año muestra la connivencia con los talleres clandestinos”, advirtió el auditor porteño Facundo del Gaiso.

El informe de la Auditoría –que evalúa el desempeño de la Dirección General de Protección del Trabajo durante 2013– anticipa varias de las falencias que se pusieron en discusión tras el incendio del taller de Floresta, donde ni siquiera se realizó inspección. La Auditoría encontró que entre que se hace una inspección y se redacta el informe técnico correspondiente existe un “plazo excesivo”. “En las inspecciones de fiscalización de las normas laborales, de salud, higiene y seguridad social y de la prohibición de trabajo infantil, se ha verificado un plazo excesivo en la preparación de la nota con el informe técnico”, indica el informe de la Auditoría. “Del examen de 79 expedientes dio un plazo promedio de 331 días. El plazo menor fue de 36 días y el mayor de 920 días”, indica el texto.

El caso extremo de los 920 días fue en Bilbao 3662: se hizo la inspección el 12 de diciembre de 2011 y el informe de esa inspección se presentó el 19 de julio de 2014. “Son casi tres años. De ahí saqué una foto y bien podría ser un taller clandestino”, advirtió Del Gaiso. “No se trata de negligencia sino de complicidad y connivencia que da como resultado la muerte de chicos en los talleres clandestinos”, remarcó el auditor de la Coalición Cívica.

Algunos ejemplos del universo relevado por la Auditoría superan los dos años, como la inspección a Alsina 1659, que se hizo el 3 de septiembre de 2012 y cuyo informe estuvo el 1º de julio de 2014 (666 días), o la de Aranguren 3135 (671 días) o la de Ramón Falcón 7226 (680 días) o bien la de Morón 2559 (713 días).

Del Gaiso advirtió que nada ha cambiado desde el informe: “Tienen la misma cantidad de inspectores, a quienes no hacemos cargo de esta situación. El área de jurídicos está casi desmantelada”.

El informe de la Auditoría también encontró una inconsistencia entre la cantidad de inspecciones que el gobierno macrista informó que hizo en 2013. En un inciso señalaba que fueron 37.064 y en otro 36.885. Por esa diferencia de 179 inspecciones la Auditoría le pidió una aclaración a la Dirección de Protección del Trabajo, que respondió que la cantidad de inspecciones, en realidad, había sido mayor que esas dos cifras: 38.007. La Auditoría chequeó la información y encontró que había 2202 inspecciones que estaban repetidas, por lo que el número real habría sido 35.805, en un año en que hubo cerca de tres meses de conflicto por un intento de la gestión PRO de trasladar a todos los inspectores a otras áreas.

La laxitud para presentar números de la gestión PRO le llamó la atención a Del Gaiso, quien hizo la cuenta de cuántas inspecciones tendría que haber hecho cada inspector. “Si se dividen las 38.007 inspecciones dividido 109 inspectores, me da que cada inspector trabajó los 365 días del año, incluyendo Año Nuevo, Navidad, todos los domingos y feriados –afirmó Del Gaiso–. Esto fue en un año en el que estaban en conflicto permanente con la Dirección para no perder sus condiciones laborales. Es imposible. Es un dibujo.”