Diputados del Frente para la Victoria enviaron una nota al presidente de la Cámara, Julián Domínguez, para que se gire a la Comisión de Juicio Político el pedido de que “se abra un proceso de investigación legislativa” sobre todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, para determinar si incurrieron en un delito en las acordadas que habilitaron la re-reelección anticipada de Ricardo Lorenzetti como presidente del máximo tribunal. “No queremos afectar su prestigio pero queremos certidumbre sobre la legitimidad de las acordadas, según las versiones periodísticas que trascendieron sobre las mismas y contradictoria información que brindó la propia Corte”, dijo a Página/12 una de las diputadas que firmaron el petitorio. La nota será girada hoy a la comisión que preside la diputada camporista mendocina Anabel Fernández Sagasti, que podría convocar a sus integrantes para el martes próximo.

Los nueve diputados firmantes son todos integrantes de la Comisión de Juicio Político e integran el bloque que encabeza Juliana Di Tullio. En la nota dirigida a Domínguez, los legisladores fundamentan el pedido en las supuestas irregularidades formales que habría tenido la firma de la acordada que volvió a ungir anticipadamente a Lorenzetti como presidente de la Corte por un nuevo período de tres años, a partir del 1º de enero de 2016, especialmente la ausencia del ministro Carlos Fayt en la Sala de Acuerdos del Tribunal en el Palacio de Justicia, como informó en principio la propia Corte.

Una irregularidad que denunció el periodista Horacio Verbitsky quien, en nota publicada el 26 de abril en Página/12 bajo el título de “Falso”, reveló que el 21 de abril Fayt, de 97 años, firmó la acordada 11 desde su departamento de Recoleta y que incluso propuso como vice a Elena Highton de Nolasco. Lo que desató las sospechas del kirchnerismo. Atrás también quedó el amague de renuncia de Lorenzetti por “cansancio moral”, como se lo había anticipado en una nota que el propio juez le envió a Verbitsky.

Entonces, el kirchnerismo rotó la presidencia de la Comisión de Juicio Político e impuso a la diputada camporista Fernández Sagasti, quien decidió avanzar con su bloque y los aliados en una investigación legislativa para saber si Fayt, con reiteradas ausencias de sus funciones como juez de la Corte y con 97 años, estaba en condiciones psicofísicas como para continuar su tarea. Una propuesta que logró imponer a pesar del también abroquelamiento de la oposición en contra de la iniciativa, denunciando lo que calificaron como “asalto final” del Gobierno al Poder Judicial.

Una investigación que podría derivar en un pedido de juicio político por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, aunque el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios de la Cámara para impulsarlo.

El 13 de mayo, un día después de que la Comisión de Juicio Político tratara el tema Fayt, la Corte ratificó esta acordada de la re-reelección de Lorenzetti en una reunión donde el veterano juez se hizo presente en el Palacio de Tribunales, luego de mostrarse en la puerta de su casa de Recoleta y como un acto de resistencia ante las cámaras de TV y los flashes fotográficos. Una actitud que el oficialismo interpretó como un reconocimiento de que el acta anterior que había difundido la propia Corte fue “irregular”.

Ahora, el oficialismo quiere abrir una investigación para saber si los miembros de la Corte incurrieron en algún delito, que podría ser el de “falsedad ideológica”, en esas acordadas. Un tema que ya no sólo involucra a Fayt sino al resto de sus integrantes: Lorenzetti, Highton de Nolasco y Carlos Maqueda. Ese es el objetivo de la nota que los integrantes kirchneristas de la Comisión de Juicio Político presentaron en la mesa de entradas de la Cámara baja, dirigida a su presidente.

La misiva seguirá su trámite burocrático. El titular de Diputados, Domínguez, giraría hoy el pedido de los legisladores a la presidenta de la comisión. Fernández Sagasti, en tanto convocaría a la comisión la próxima semana, con el martes como fecha tentativa.

Allí, el oficialismo no sólo buscará avanzar con la exhaustiva indagación que propuso el oficialismo sobre la situación de Fayt, que aún no comenzó, sino que también intentará abrir la “investigación legislativa” sobre la actuación de los supremos en la acordada que consagró a Lorenzetti por un nuevo período al frente de la Corte Suprema. Ayer, a última hora de la noche, otros diputados oficialistas preferían no tipificar el supuesto delito en el que podría haber incurrido la Corte, pero sí ratificar la idea de dar impulso a una investigación que pueda certificar si las irreguilaridades existieron y cuál sería su calificación.