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El juez federal Sergio Torres amplió el procesamiento del represor Jorge “El Tigre” Acosta por su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 57 personas que estuvieron secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). “El imputado sometió (a las víctimas) a maltratos físicos y morales y a condiciones inhumanas de vida. En algunos casos la conducta se vio agravada por el deceso de las personas tras padecer el sometimiento”, señaló el magistrado, que también embargó al acusado por 57 millones de pesos.
Acosta, ex jefe del sector de inteligencia de la ESMA, está preso en Campo de Mayo desde que fue arrestado por su responsabilidad en el plan sistemático para apropiarse de los hijos de los desaparecidos. Luego se le sumó la acusación por la desaparición y el robo de los bienes del abogado Conrado Gómez y sus socios. En septiembre pasado, después de que el Congreso anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la Cámara Federal reabrió la causa ESMA y Torres le notificó al represor que volvía a estar en la misma situación que tenía antes de la sanción de las normas de impunidad, es decir, procesado por el secuestro de ocho personas. Ayer, el juez agregó 57 casos por los que Acosta había sido interrogado pero nunca procesado.
“Existen sobrados elementos de juicio para tener por acreditado que todas las víctimas invocadas fueron privadas de su libertad, trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y permanecieron allí detenidas y sometidas a sufrir tormentos físicos y psíquicos, para ser con posterioridad liberadas en algunos casos o eliminadas físicamente en otros”, aseguró Torres.
El juez recordó que la Cámara Federal consideró acreditado que “el capitán de fragata Acosta se desempeñó entre el mes de abril de 1976 y principios de 1979 como jefe del Departamento de Inteligencia de la Unidad de Tareas 3.3.2 que funcionaba dentro de la ESMA y que era la encargada de realizar tareas ofensivas encubiertas en la lucha contra la subversión”.
El mismo Acosta, en distintas declaraciones que hizo entre 1986 y 1987, reconoció que “en marzo de 1975 fue afectado al Grupo de Tareas 3.3 como jefe de Comunicaciones, de Inteligencia y de la Central de Operaciones”. Agregó que ese grupo de tareas participó desde enero de 1976 en el planeamiento de lo que luego se definió como la toma de poder por parte de la junta militar y que desde allí participó en la operación “Garrafa” (detención de una lista de individuos por orden de la superioridad).
Pero Acosta ofreció en sus testimonios una versión más que distorsionada de lo que ocurría en la ESMA luego del golpe de Estado. Por ejemplo, afirmó que a los secuestrados “básicamente se trataba de respetarlos como personas pero con precauciones dado el fanatismo, adoctrinamiento y experiencia que existía en este tipo de situaciones”. Aunque admitió que eran llevados a la ESMA “con esposas, con los ojos vendados, en el asiento detrás, en micros o ambulancias”, negó que se los hubiese torturado y hasta intentó el argumento de que sus víctimas “aceptaban tácitamente” esta forma de “trabajo/vida”.
El cuadro que intentó pintar Acosta sobre la ESMA quedó totalmente refutado por las declaraciones de los sobrevivientes de ese centro clandestino de detención. Algunos de ellos, relataron que El Tigre estuvo presente y participó activamente en las sesiones de torturas a las que fueron sometidos.
Andrés Ramón Castillo, que fue secuestrado el 19 de mayo de 1977, aseguró que en la sala de torturas de la ESMA estaban Acosta y el teniente de navío García Velazco. Relató también haber quedado “impresionado por los quejidos, llantos de dolor y gritos de angustia”. Enrique Fukman describió que mientras estaba en un cuarto de la ESMA le levantaron la capucha que cubría sus ojos y pudo ver a la persona que lo estaba interrogando. Por fotografías identificó a Acosta. El mismo represor fuequien le contó a Carlos Muñoz que “cuando se llevaba a los detenidos al sótano, el médico Carlos Capdevilla, apodado Tommy, les aplicaba una inyección y se los trasladaba en helicóptero para arrojarlos al mar”.
En esta causa también están detenidos los represores Alfredo Astiz, Carlos Octavio Capdevilla, Adolfo Miguel Donda, Héctor Antonio Febres, Manuel Jacinto García Tallada, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Raúl Enrique Scheller y Juan Antonio Azic. Entre todos ellos están acusados por ochenta casos de secuestros, torturas y desapariciones por los que ya están en condiciones de ser sometidos a juicio oral.