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Gran cantidad de expedientes con información sobre personas registradas como NN que murieron entre 1977 y 1983 fueron encontrados en un sótano de la delegación San Martín del Registro Provincial de las Personas. En las carpetas existían solicitudes de inhumación, notas policiales y actas de defunción de hombres y mujeres que, en su mayoría, habían muerto por “heridas de bala”, “hemorragias intercraneanas”, “mutilaciones” y “pérdida de masa encefálica”. El secretario de Derechos Humanos bonaerense, Remo Carlotto, consideró que el material hallado “puede colaborar a determinar la identidad de desaparecidos que hayan sido inhumados como NN” y que “ya hay más de veinte casos donde está comprobado que hubo acción directa de las Fuerzas Armadas en las muertes”.
Semanas atrás, una empleada de limpieza de la delegación San Martín del Registro Provincial de las Personas atendió una comunicación telefónica que le llamó la atención. “En el sótano hay unas cajas con papeles que son viejos y ya no sirven para nada. Destruilas o quemalas sin problema”, le dijo la voz de una señora que había trabajado como delegada del Registro durante la dictadura. Lo ocurrido llegó a oídos del director de la institución, Mario Giacobbe, quien al leer los expedientes le remitió una copia a la Secretaría de Derechos Humanos para que la analizara.
La información que está dentro de las ocho carpetas de cartulina amarilla da cuenta del fallecimiento de 160 personas, 79 de ellas muertas entre 1977 y 1979, y 81 entre 1980 y 1983. “En más de veinte expedientes se hace una descripción física bastante completa de la persona”, comentó Carlotto a Página/12. “Aunque es cierto que la única forma de identificar a alguien es mediante un análisis genético, hay elementos que probablemente permitirían inducir de quiénes se trata”, aclaró.
Si bien en algunos casos las actas podrían corresponder a personas no identificadas de las que habitualmente se toma conocimiento en los registros, el momento histórico y, sobre todo, la forma violenta en la que murieron la mayoría de ellos, genera las sospechas de los funcionarios sobre su vinculación con la represión de la última dictadura. Incluso, en una de las actas se especifica la muerte de un hombre y una mujer de aproximadamente 25 años “producto de un enfrentamiento armado entre el Comando de Institutos Militares-Zona 4 y elementos subversivos pertenecientes a la Organización Montoneros, el 6 de octubre de 1977”.
En uno de los ocho expedientes consta que el director del cementerio municipal de San Martín pidió, a fines de 1983, a la delegación del Registro “duplicados de las licencias de inhumación de las actas de NN que se acompañan”. Aunque aún no se pudo determinar en qué lugar están enterrados los cuerpos, este tipo de datos podría indicar que los restos se encuentran en el cementerio de San Martín. “Vamos a iniciar la búsqueda de información para ver si hubo una remoción de restos en el cementerio y si fueron enviados a un osario común”, explicó Carlotto.
Para lograr un mejor análisis de los datos encontrados y determinar su verdadero valor, la secretaría ya envió copias al Equipo de Antropólogos Forenses, a la Cámara Federal de La Plata y a la Dirección de Fallecidos y Desaparecidos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Además, se les va a pedir a los cementerios las actas de defunción de personas NN durante el mismo período, para comparar y establecer la veracidad de la información. En uno de los casos hallados, por ejemplo, el nombre de una persona que primero figuraba como desconocido y que luego fue identificado, se cruzó con las listas de la Conadep y allí figura como desaparecido. Valiosos aportes como éste podrían desprenderse del entrecruzamiento de esta información con otros archivos.
Teniendo en cuenta que expedientes similares pueden estar guardados en otras dependencias, el director del Registro de las Personas ya envió una circular a los delegados de toda la provincia con indicaciones precisas para preservar toda la documentación fechada en la década del 70.
“No desvinculo la aparición de los archivos con la reciente anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, afirmó Carlotto. Todas las actas que se encontraron están firmadas por médicos de la policía con las correspondientes solicitudes de autorización de “denuncia de defunción” también firmadas por autoridades policiales o del Ejército. Estas personas podrían ser llamadas a declarar por la Justicia y, si se determina su responsabilidad, podrían quedar detenidas, ya sin leyes de impunidad que los protejan.
Si bien la información que se rescató puede ser de gran utilidad para determinar el destino de muchos de los desaparecidos, Carlotto aclaró que “no queremos plantear falsas expectativas, lo que encontramos es sólo una pieza más de un enorme rompecabezas”.
Informe: Martina Noailles