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“¿Ustedes a veces no tienen momentos de calentura?” El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, intentó un gesto cómplice mientras miraba a los piqueteros del MTD Aníbal Verón. En plena Casa Rosada, los desocupados se habían quejado porque el Gobierno “había traspasado el umbral de los Tribunales” tras el episodio del bloqueo al Ministerio de Trabajo. Parrilli explicaba las razones del Ejecutivo en una reunión más informal, el encuentro con el Presidente ya había terminado. “Pero ahora podrían retirar la causa”, propusieron los militantes, en referencia al juicio que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide. “No, la presentación va a seguir, no se puede retirar”, les respondieron. Los piqueteros, de cualquier forma, se fueron con la sensación de que el Gobierno hará todo lo posible para que la causa no avance demasiado.
La visita del MTD Aníbal Verón a la Casa de Gobierno había sido gestionada por Hebe de Bonafini, el miércoles, en su propia visita a Balcarce 50. Los piqueteros habían pedido la audiencia con Néstor Kirchner varias semanas atrás. El Gobierno decidió recibirlos ayer, en otra de sus señales para aliviar la tensión con las organizaciones de desocupados. Así, a las dos de la tarde, cinco delegados de la Verón entraron al despacho presidencial. Con ellos iba Alberto Santillán, el padre de Darío, asesinado por la policía en la masacre de Avellaneda el 26 de junio del año pasado. Uno de los reclamos de los piqueteros es, justamente, que se castigue a los responsables políticos de aquel episodio.
Kirchner los recibió acompañado por Parrilli y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Entre su paquete de quejas, los desocupados denunciaron que “en cinco meses no se había hecho nada” en la investigación de lo que pasó en el Puente Pueyrredón. También pidieron que el Gobierno retirara la denuncia penal contra las agrupaciones que bloquearon el Ministerio de Trabajo. “Pónganse firmes políticamente, denuncien políticamente la situación, pero pasar los umbrales de los Tribunales es un antecedente peligroso”, argumentaron los piqueteros en la charla con los funcionarios. Los visitantes asimismo pidieron que se implemente un “aguinaldo social” en diciembre, lo que permitiría que cada beneficiario del Jefas y Jefes de Hogar cobrara 300 pesos en vez de 150.
La audiencia con el Presidente duró una hora. Kirchner escuchó los pedidos –subsidios, herramientas y planes de autoconstrucción–, y luego se refirió a los dos temas más sensibles: la investigación de la masacre de Avellaneda y la denuncia contra los piqueteros que habían rodeado al ministro Carlos Tomada. En el primer caso, anticipó que el Gobierno haría lo mismo que había hecho en la investigación de la AMIA: abrir los archivos de la SIDE y de la Bonaerense. “Son vías paralelas a la Justicia que sirven para presionar”, evaluaba uno de los desocupados que participó de la entrevista. De cualquier forma, los piqueteros adelantaron que van a mantener los cortes de ruta que todos los 26 hacen en el Puente Pueyrredón en reclamo de castigo a los “responsables políticos” de la masacre.
En sus denuncias, la Verón responsabiliza al gobierno de Eduardo Duhalde por aquellas muertes. “Los responsables políticos son el ex presidente Duhalde y desde allí para abajo todos”, acusó el padre de Darío Santillán, Alberto, en una conferencia de prensa en la misma Casa de Gobierno. Sobre ese tema, Kirchner instruyó al secretario de Derechos Humanos para que combinara con los piqueteros para organizar la “comisión investigadora” que reclaman los compañeros de Santillán y Kosteki. El funcionario adelantó a los piqueteros que el lunes próximo les enviará un borrador con su propuesta para crear esa comisión.
Cuando la charla giró hacia la denuncia contra las organizaciones que rodearon el ministerio, el Presidente volvió a decir que “no se va a avanzar con la criminalización de la protesta”. Luego explicó que la denuncia de Tomada tuvo como objeto “poner un freno ante una actitud que considerábamos excesiva”. “Pero no va a pasar nada”, tranquilizó a continuación. Entonces, los piqueteros pidieron que el Gobierno retirara la causa, que tramita en el juzgado de Oyarbide. Los funcionarios explicaron que eso no se podía hacer. La causa, mientras tanto, sigue su curso: ayer, Oyarbide envió por fax un cuestionario a Tomada en el que le pide que responda cuántos empleados permanecieron en el ministerio entre las nueve de la noche del 23 de octubre y las 6 del día siguiente.
Aunque el clima había sido distendido –los funcionarios elogiaron los proyectos productivos y prometieron créditos para autoconstrucción de viviendas–, los piqueteros de la Verón anunciaron que participarán de la marcha del 4 de noviembre próximo, donde una parte del movimiento piquetero manifestará por el “avance de la criminalización de la protesta”.