Con la lectura de las acusaciones, el Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata comenzó ayer a juzgar a seis ex jefes de la Armada argentina y otros dos represores por los delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros del cordón industrial que abarca las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. El debate repasará el secuestro y las torturas sufridos por 40 víctimas como resultado de la actividad de lo que se conoce como la Fuerza de Tareas Número 5: nueve de ellas continúan desaparecidas y otras dos han fallecido en los últimos años. Los acusados se negaron a declarar ayer. La ronda de testimonios –se calcula que serán más de cien– comenzará tras la feria judicial.

El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, estuvo presente en la primera audiencia del juicio, al que calificó como “paradigmático”, ya que “dará cuenta de un plan sistemático para exterminar la resistencia de los trabajadores de la industria y así imponer un modelo social y económico de corte neoliberal”. El organismo que dirige está al frente de una de las querellas del debate que cuenta con ocho marinos retirados en el banquillo de los acusados. Algunos, como Antonio Vañek, ya tienen otras condenas. Lo acompañan Juan Alberto Errecaborde, Juan Carlos Herzberg, José Fernández Carró, Carlos Schaller, Luis Roca, Eduardo Meza y Roberto Guitián, el único que llegó a juicio en prisión. Los otros dos acusados, Tomás Osvaldo Méndez y Antonio Mocellini, fallecieron durante la espera del debate oral.

Parte de los familiares de las victimas celebraron el inicio del juicio, aunque advirtieron “limitaciones”. “Estamos juzgando a ocho genocidas. Pero eran diez, dos murieron impunes. Y a su vez el juicio es por 40 casos nada más, cuando en la zona de Ensenada, Berisso y La Plata hubo cientos de detenidos desaparecidos”, sostuvo Tania Nuez. El caso de su papá, Ricardo Nuez, un obrero de Astilleros Río Santiago que fue desaparecido la madrugada del 24 de marzo de 1976, es uno de los que será repasado ante el TOF número 1 platense.

Para Jorge “Turco” Sobrado, ex detenido desaparecido y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), el debate que comenzó ayer “después de 39 años” es “importante”: “Es muy importante que los metamos presos, en cárcel común y efectiva, es importante estar acá, acompañando a los trabajadores del Astillero, de Propulsora y de YPF, que fueron las víctimas de estos represores”, indicó.

Todos los imputados integraron la Armada durante la última dictadura cívico-militar. Se los acusa de intervenir en las acciones represivas desarrolladas por la Fuerza de Tareas Número 5, cuyo escenario fueron las ciudades de Berisso y Ensenada y su objetivo “centralmente a los obreros de Astillero (Río Santiago), Propulsora, los frigoríficos, una zona de mucha lucha y combate de los obreros contra el capitalismo y el neoliberalismo”, explicó la sobreviviente del terrorismo de Estado María Laura Bretal, quien acompañó ayer el inicio del juicio. Se presume que esa patota represora tuvo como centro de operaciones cuatro lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención: el Liceo Naval –dirigido por Herzberg–, el Hospital Naval, la Prefectura Naval y el Batallón de Infantería de Marina Nº 3, del que Carró fue comandante y Guitián, jefe de Operaciones e Inteligencia. Ninguno de los acusados quiso hablar ayer. El juicio contará con más de cien testigos que empezarán a compartir sus historias después de la feria judicial invernal.