Uno de los argumentos que más utilizaron Mauricio Macri y sus principales candidatos en las últimas semanas es que las denuncias en su contra tenían un contenido electoral porque en ocho años de gestión en la ciudad de Buenos Aires nunca había recibido cuestionamientos. Sin embargo, en los hechos, el candidato presidencial de Cambiemos y jefe de Gobierno porteño acumula 214 denuncias en su contra desde que asumió, en 2007, la gestión al frente de la Ciudad de Buenos Aires hasta la actualidad.

Entre las acusaciones que pesan sobre el candidato presidencial de Cambiemos hay presentaciones que le adjudican la comisión de “estafa y asociación ilícita. abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos, y amenazas y abandono de personas”, según consigna un informe del portal El Destape.

La semana pasada, Macri resultó denunciado otra vez, en esta ocasión por la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien considera que el titular del Ejecutivo porteño incurrió en “omisión maliciosa y falsedad ideológica” al presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (AO). Cerruti sostiene que la documentación oficializada por Macri, en su condición de postulante presidencial, es distinta de la declaración jurada del ejercicio 2014 de su gestión en la Ciudad.

Macri sigue procesado en una causa por escuchas ilegales en la que está involucrado desde mayo de 2010 como integrante de una “una asociación ilícita” abocada a espiar a particulares. Por esta causa se encuentran al borde del juicio oral el ex espía y ex empleado del Ministerio de Educación de la Ciudad Gerardo Ciro James, el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, el comisario Jorge “Fino” Palacios y su sucesor Osvaldo Chamorro. Palacios, quien fue designado por Macri para poner en funciones la Policía Metropolitana, es juzgado en la actualidad por el encubrimiento del atentado a la AMIA, ocurrido en julio de 1994.

En el informe se reseña que tanto Macri como la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, y el responsable de prensa del Ejecutivo porteño, Miguel de Godoy, se encuentran denunciados por “lavado de activos, peculado y falsificación de documentos” por Carlos Valenzuela, titular del Canal 4 de Posadas. Valenzuela ratificó ante la fiscalía federal 1 de Posadas que su emisora no recibió dinero por parte del Gobierno de la Ciudad, tal como surge de los documentos de la propia administración.

En tanto que en el Juzgado de Instrucción Nº 18, se tramita una causa en la cual se investiga al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, por contrataciones por parte de la cartera que dirige con una consultora.

Otros de los integrantes del gabinete de Macri que están investigados por la Justicia son el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, y el director de la Fundación Ceppa, Matteo Goretti, por lavado de activos. Además en la fiscalía de instrucción 14 de Pablo Recchini se cursa una investigación contra Juan Pablo Piccardo, titular de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), por “administración fraudulenta, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la compra de 86 vagones del Subte de Buenos Aires al Metro de Madrid”.

Otro caso es el del candidato a intendente de Morón por el PRO, director asociado de la consulta Poliarquía y esposo de Vidal, Ramiro Tagliaferro. Esa consultora fue contratada por el Gobierno de la Ciudad, lo que resultaría incompatible por tener en su directorio al marido de la vicejefa porteña. Todos estos casos se suman además a las imputaciones que pesan sobre el periodista Fernando Niembro por contrataciones irregulares que su productora, La Usina, efectuó con la Ciudad por un monto de $ 21 millones. Las repercusiones de este caso y sus derivaciones judiciales, determinaron que el periodista deportivo resignara la candidatura a diputado nacional por el PRO en la provincia de Buenos Aires.