Durante toda la mañana de ayer la ciudad salteña de Orán, al borde de la frontera con Bolivia, fue una caja de resonancia para sus 80 mil habitantes: en camiones de la Policía de Seguridad Aeronáutica se acumulaban cajas, computadoras y expedientes que provenían –y ahí el motivo de los corrillos que luego se dispararon al resto de Salta y el país– del despacho del juez federal Raúl Juan Reynoso. El juzgado federal de la ciudad fue allanado por orden de su colega salteño Julio Bavío, después de una profunda investigación realizada por el fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba, y el titular de la Procunar, Diego Iglesias. Reynoso fue acusado de dirigir una organización dedicada a cobrar coimas y recibir dádivas a cambio de la libertad de imputados por narcotráfico. Reynoso no fue detenido por sus fueros. Primero deberá ser suspendido por el Consejo de la Magistratura. Pero sí fueron apresados su secretario, cinco abogados y un particular. En los últimos tiempos, Reynoso había criticado en reiteradas oportunidades al Gobierno nacional, al que acusaba de desfinanciar la lucha contra los narcos. El martes de la semana pasada fue mencionado como uno de los integrantes de la flamante Comisión contra el Narcotráfico creada por la Corte Suprema de la Nación con el argumento de que “está en juego la seguridad de la población”. Ayer no formó parte de su primera reunión.

Los pedidos de allanamiento al juzgado de Reynoso fueron impulsados por el fiscal federal Villalba y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, que solicitaron que se investigue al juez, su secretario, cinco abogados del fuero y un particular. Todos, con Reynoso a la cabeza, están señalados por haber “construido” supuestamente un “aparato de poder con la finalidad de obtener beneficios patrimoniales indebidos a cambio de conceder y/o gestionar resoluciones judiciales favorables a los intereses de los imputados cuyas causas tramitan en dicho tribunal”. En pocas palabras, acusan a Reynoso de cobrar suculentas coimas para liberar detenidos por narcotráfico, devolver divisas secuestradas a acusados de ese delito, o la apertura de fronteras por períodos determinados para el paso de empresas con impedimentos de aduana con cargamentos ilegales, especialmente vinculados a las drogas.

Los abogados están acusados de funcionar como gestores y cobradores de las coimas que luego los investigadores consideran que eran enviadas a Reynoso. También aseguraron que el secretario participaba en la recaudación, además de la redacción de resoluciones judiciales “favorables a quienes pagaban las coimas”.

Los fiscales sostienen que la organización funciona al menos desde el 19 de marzo de 2010. “Por debajo del juez Reynoso que detenta el carácter de jefe, la organización está integrada por los abogados M.E.E., R.A.V., A.E.G., R.A.G. y L.M.S., como –al menos por el momento– por el empleado judicial M.A.S. y por terceros intermediarios como D.A.”, tal como señalan en el pedido de indagatoria. “Reynoso ordenaba cómo proceder, distribuía las funciones a los miembros de la organización criminal y suscribía las resoluciones judiciales ilícitas, a cambio de dádivas y/o dinero”, mientras que “los letrados M.E.E., R.A.V., A.E.G., R.A.G. y L.M.S. gestionaban e intermediaban en el dictado de las resoluciones y el cobro de los sobornos, utilizando como excusa el ejercicio de su actividad profesional”. Uno de los abogados, A.E.G. es cuñado de Reynoso; R.A.V., intervino como juez ad hoc en causas en las que Reynoso aparecía demasiado vinculado. R.A.G. es abogado y fue defensor de Marcos Levín en el juicio por lesa humanidad. Su ex mujer se presentó en la investigación contra Reynoso para testimoniar que “nosotros recibíamos en casa al juez Reynoso”, e incluso aseguró que en una ocasión el juez se retiró de la casa con dinero.

Por su lado, el secretario M.A.S. y otros empleados judiciales “recaudaban, eventualmente trasladaban el dinero o las dádivas e, incluso, en ciertas oportunidades se encargaban de realizar operaciones comerciales tendientes a traspasar los bienes a nombre de otras personas con el propósito de impedir la detección de sus anteriores titulares. Seguidamente, redactaban algunas de las resoluciones judiciales que firmaría el jefe de la asociación y desarrollaban tareas logísticas”.

Las presentaciones de los fiscales ante el juez Bavío –dos pedidos durante el mes de octubre– se basaron en el cotejo de dos denuncias coincidentes contra Reynoso y el resto. Una la realizó la ex pareja de un acusado por narcotráfico en el juzgado de Orán; la otra, por el abogado de Orán David Leiva, vinculado a organismos de derechos humanos.

El 19 de octubre pasado, Leiva, junto a miembros de organismos de derechos humanos, denunció públicamente al juez federal de Orán por presunto cohecho y otorgamiento de beneficios a personas involucradas en narcotráfico, trata de personas e ingreso ilegal de divisas al país, entre otros delitos.

“Presentamos una denuncia porque tenemos conocimiento y muchos indicios que en la Justicia federal de Orán se requiere dinero a cambio de actividades judiciales que benefician con la excarcelación o la falta de mérito a personas vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y las divisas ingresadas ilegalmente”, dijo Leiva, en los tribunales salteños, acompañado por Martín Avila, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Oscar Rodríguez, de la APDH de La Plata y Nora Leonard y Cristina Cobos, de la Asociación de Derechos Humanos “Lucrecia Barquet”, entre otros.

“Era una información vox populi en Orán, era comentario de todos”, confió Leiva a Página/12. Entre junio y julio pasados, el abogado lanzó al aire en su programa radial las denuncias que luego serían constituidas ante los tribunales.

Por otro lado, la ex pareja de un imputado por narcotráfico por Reynoso, denunció que participó ella misma del pago de otra coima. La mujer sostuvo que “siempre que él (su ex pareja) caía preso por drogas y lo llevaban a Orán, estaba confiado porque arreglaba por plata (...) le pagaba al juez para salir”. Y sostuvo que uno de los pagos lo realizó a través de M.E.E.

Los investigadores analizaron al menos once causas llevadas por Reynoso y comprobaron que contrastando las mismas imputaciones y hasta en el mismo expediente, unos imputados eran tratados de una manera que alcanzaban la libertad o ventajas en el proceso, y otros, en cambio, transitaban el proceso tras las rejas.

Una de las causas es conocida como el caso Sejas Rosales e involucra al transportista boliviano José Luis Sejas Rosales, en la que fue apartado Reynoso por orden de la Cámara Federal de Salta. Sejas Rosales había sido detenido en el transporte de camiones de su empresa, uno de ellos detenido con 600 kilos del precursor tolueno. Mientras que Procunar había solicitado que Sejas Rosales fuera procesado por asociación ilícita, Reynoso decidió incorporarlo a la causa como partícipe secundario, es decir, cuya participación no fue imprescindible para que se produjera el transporte del cargamento de drogas. Con esa calificación Sejas Rosales salió libre. Procunar, Villalba y el fiscal general Adolfo Villatte apelaron remarcando que la calificación correcta es la de autor de contrabando agravado de estupefacientes en concurso real con contrabando doblemente agravado por tratarse de sustancia peligrosa para la salud (tolueno) y por adulteración de documentos.

Sin detención, Sejas Rosales se presentó en el juzgado para que se le devolviera la mercadería incautada de la que, según dejó asentado, era el responsable. Reynoso concedió el pedido. El cargamento fue traspasado a otro camión al que se le realizó un peritaje. El resultado estuvo listo cuando el camión ya estaba en Chile: no era alcohol etílico sino tolueno, un precursor utilizado para fabricar drogas. Finalmente la Cámara apartó a Reynoso por evidentes sospechas, en julio pasado.

Todo esto, y con el consiguiente escándalo público, tres meses antes de que fuera mencionado como uno de los primeros integrantes de la Comisión de lucha contra el narcotráfico, creada por las Corte Suprema de la Nación y presentada por su presidente, Ricardo Lorenzetti, con el objetivo de asegurar las fronteras del país para seguridad de la población.

Las indagatorias a Reynoso solicitadas por Procunar y Villalba podrán realizarse el 11 de noviembre si se presenta a declarar. Pero en el caso contrario, no se lo podrá detener salvo que el Consejo de la Magistratura de la Nación le quite los fueros que lo protegen.

“El fiscal (José Luis) Bruno pidió que la frontera con Bolivia tiene que ser blindada para proteger al país del avance narco –dijo el abogado Leiva a este diario–. Lo que hay que blindar para proteger al país es al juzgado federal de Orán.”