“Desguace.” “Recorte presupuestario.” “Subejecución.” “Políticas insuficientes para la magnitud de la problemática.” “Orientación neoliberal.” “Especulación con el valor del suelo.” “Expulsión de los pobres fuera de los márgenes de la ciudad.” Ese es el balance que dejó el paso del nuevo titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), según las organizaciones populares que desde hace ocho años denuncian la falta de respuestas del gobierno porteño frente a la problemática habitacional. Consultados por Página/12, referentes del movimiento de cooperativas y de la urbanización de villas coincidieron en señalar a Basavilbaso como un exponente de las políticas en favor de la especulación inmobiliaria y en detrimento del acceso a la vivienda digna que caracterizaron los primeros ocho años del PRO en la ciudad.

“La gestión en vivienda del PRO tuvo una orientación neoliberal, que se plasmó en la liberalización del suelo. Basavilbaso fue parte de esa política y llevó adelante el achicamiento presupuestario del IVC”, resumió la referente del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y coordinadora de la Comisión de Vivienda del Consejo Económico y Social de la Ciudad, Carla Rodríguez.

Para el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Baldiviezo, la gestión de Basavilbaso “estuvo de acuerdo a la orientación neoliberal con que se manejó el PRO: dejar la solución a la problemática en manos del mercado, y que el Estado sólo intervenga para paliar la situación de los que quedan fuera, pero es una política insuficiente”. Baldiviezo señala críticamente el impulso a programas como Mi Primera Casa BA y Alquilar se Puede (que se financian a través del Banco Ciudad) porque “sólo se orientan a la clase media y desfinanciaron los créditos colectivos”.

“La única política de vivienda del PRO es un decreto de emergencia”, afirmó en el mismo sentido el referente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, Jorge Abasto. “El negocio inmobiliario llegó a los barrios postergados del sur y se entregaron terrenos fiscales a precios regalados. El PRO y Basavilbaso fueron parte de ese proceso que dejaba desalojos a su paso y como solución aportaron una ayuda de emergencia, que lo único que logra es apagar el incendio”, dijo.

Como parte de la Corriente Villera Independiente de la Coordinadora de Ocupantes e Inquilinos (COI), Laura Britto participó de varias movilizaciones a las oficinas que el IVC tiene sobre la calle Pellegrini en el centro porteño. “Los reclamos son los de siempre: urbanización, reapertura de la Ley 341 y créditos individuales. La respuesta es siempre la misma: no hay presupuesto”, relató. Sobre la experiencia de su organización con los créditos individuales, que la gestión de Basavilbaso muestra como un éxito, relató: “Se presentaron 200 compañeros, de los cuales pasaron el primer filtro 50 y aprobaron a 15. De ellos, sólo uno quedó dentro del programa. De 200, a uno solo”.

- Desfinanciamiento. Los números sobre su gestión apoyan la descripción de las organizaciones: al tercer trimestre de este año, Basavilbaso sólo llevaba ejecutado el 36,5 por ciento del presupuesto del IVC, que por otra parte es casi medio millón de pesos menor al de 2012. En 2007, vivienda ocupaba el 3,6 por ciento del presupuesto total de la ciudad, algo que este año se redujo al 2,4. Para 2016, el presupuesto prevé una quita de 80 millones en el programa de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos, fondo del que dependen las obras en el Complejo Soldati, donde murió el joven Cristian Crespó al ceder una baranda en mal estado a principios de septiembre. Basavilbaso fue denunciado penalmente por la muerte del joven.

- Desguace. Basavilbaso asumió al frente del IVC a fines de 2012. Creado en 2003 en el marco de la Ley 341, el organismo gozó de buena salud hasta la asunción de Mauricio Macri en 2007. A partir del primer gobierno del PRO, el IVC fue delegando funciones, entre ellas la urbanización de villas, en organismos como la Secretaría de Hábitat e Inclusión (Sechi) y Corporación del Sur, lo que generó “una descoordinación de las áreas, lo opuesto de la integración sociourbanística que reclama la ley, y que generó que las familias no tengan una instancia específica a la que reclamar”, apuntó Baldiviezo. “Basavilbaso fue corresponsable de darle continuidad al desguace del organismo, que empezó en 2008. Continuó con la política de fragmentación y delegación de funciones y su desfinanciamiento”, agregó. En materia de urbanización, la política de descentralización no dio resultados. “Se realizaron obras de preurbanización, pero metros de urbanización real, cero”, explicó Britto, de la Corriente Villera Independiente, que junto a la organización La Poderosa montó un acampe frente a la Legislatura porteña para exigir mayor presupuesto.

- Números. Según los datos que manejan las organizaciones sociales, más de medio millón de porteños vive en emergencia habitacional, entre villas, asentamientos, inquilinatos y situación de calle. “La situación, en lugar de mejorar, ha empeorado”, afirma Rodríguez. “Una de las formas en que se manifiesta la situación es que creció un 52 por ciento el número de personas que alquilan informalmente en las villas de la Ciudad”, remarcó. Para Rodríguez, las políticas del gobierno porteño “aumentaron el déficit habitacional y la cantidad de personas en situación de emergencia”. “Hoy, un trabajador con ingresos promedio necesita 72 años de ahorro para acceder a un departamento de 60 metros cuadrados en la ciudad”, resume.

“Ninguno de los programas tuvo éxito en relación a la población en riesgo a la que apuntaban”, resaltó Rodríguez.

Informe: Matías Ferrari.