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La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal presentó el miércoles a la Legislatura el proyecto de presupuesto y la ley impositiva para el año 2016. El resultado financiero previsto para 2015 es un déficit de 19.139 millones de pesos, según se consigna en el mensaje de elevación, lo que representa un valor moderado del orden del 6,59 por ciento de los gastos totales y que significa menos del 1,2 por ciento del Producto Bruto Geográfico. Por lo tanto, la afirmación realizada por la gobernadora el día de su asunción, de que estamos frente a una “provincia quebrada” es un exceso carente de rigurosidad y que tiene por único objeto anticiparse y/o justificar un ajuste y al mismo tiempo un megaendeudamiento, como queda plasmado en la propuesta enviada.

En el presupuesto para el 2016 se estima un gasto de 354.244 millones de pesos, lo que implica tan sólo un 22 por ciento más que el proyectado para el cierre del 2015. Del total, un 93 por ciento corresponde a gasto corriente y el restante 7 por ciento a gasto de capital. En relación al gasto en personal se estima un incremento entre el cierre del año 2015 y el presupuesto 2016 de tan sólo el 15,2 por ciento. Los gastos en bienes y servicios (lo que consume el estado provincial) se proyecta con un aumento de 21 por ciento con respecto al cierre del 2015. El total de los gastos corrientes crecería tan sólo un 17,4 por ciento respecto al año 2015.

Cabe preguntarse algunas cosas: ¿Qué estimación realizan para la apertura de la negociación paritaria de los docentes, médicos, policías y demás trabajadores estatales? ¿Qué pauta de inflación manejan las autoridades provinciales? ¿Se prevé comprar menos insumos y brindar menos servicios? Más allá de las respuestas, parece que nos encontramos frente a una fuerte “subestimación” presupuestaria o estamos ante un fenomenal ajuste del gasto público de funcionamiento.

En cuanto a los gastos de capital, si bien crece su participación al doble de lo que fue en el ejercicio 2015, los 22.049 millones de pesos, entre Inversión Real Directa y Transferencias, no parecen suficientes para los ambiciosos proyectos enunciados, tales como: rehabilitación de 1000 km de rutas, mejora de la infraestructura de transporte de carga, obras de agua potable y cloacas en el segundo y tercer cordón del Conurbano bonaerense, obras hídricas en la Cuenca del Salado y del río Luján, proyectos de vivienda y aumento en la inversión en establecimientos educativos y de salud.

El hecho de que el déficit previsto para 2016 sea del orden de los 15.816 millones (similar al incremento absoluto del gasto de capital: 14.961 millones) y de que los pagos de servicios de la deuda para dicho año se prevean en 23.782 millones, configuran una necesidad de financiamiento de 39.598 millones. Por ello surge la duda acerca de en qué se aplicarán los 25.848 millones restantes, de los 65.446 de operaciones de crédito público previstos en el proyecto de ley.

En relación a los ingresos corrientes (tributarios y no tributarios) el incremento previsto entre 2016 y 2015 es del 24,8 por ciento. Los recursos tributarios de origen provincial crecerían un poco menos (23,5 por ciento). Ahora bien, observando la composición de estos últimos, nada cambia el sesgo regresivo del sistema tributario provincial, e incluso se agravaría levemente, ya que el Impuesto a los Ingresos Brutos pasaría de tener un peso del 73,8 por ciento en 2015 a un estimado para 2016 del 74,3 por ciento.

En lo que respecta al Inmobiliario (urbano y rural) si bien en la Ley Impositiva existe una actualización tanto en la cuota fija, como en la alícuota, su participación en la recaudación se mantendría en torno al 3,8 por ciento del total de los recursos propios provinciales para el componente urbano y del 1,9 por ciento del total para el rural. Incluso, para el inmobiliario rural se mantiene igual que en 2015 una reducción en la base imponible para la determinación del impuesto.

Frente a la eliminación de los derechos de exportación del trigo, maíz, girasol y una rebaja sustancial para la soja, que son los principales cultivos de la provincia de Buenos Aires, sumado a la decisión de una devaluación del tipo de cambio del orden del 40 por ciento que favorece a los exportadores de granos, dejar inalterado el impuesto inmobiliario rural es sumarle una renta adicional a los grandes productores y terratenientes rurales bonaerenses.

Por último, una evidencia clara del desprecio de las autoridades provinciales por una institución republicana de planificación y gobierno como es el “presupuesto” lo constituye el artículo 24 del proyecto de ley. Allí se consigna que los representantes del pueblo (diputados y senadores) accederán a la apertura de las planillas presupuestarias (programas, finalidades, funciones, fuentes de financiamiento) y a las políticas que tendrá cada ministerio, dentro de los 90 días de aprobada la ley. El mensaje político es: “aprobar sin detalles el monto total y el endeudamiento y tomarse tres meses para detallar el contenido y las políticas que lo sustentan”.

El presupuesto es el documento de política pública central de cualquier gestión, en tanto expresión financiera del Plan de Gobierno que efectivamente se busca llevar a la práctica. Parecería que los funcionarios del flamante gobierno provincial se sienten más cómodo con el marketing vacío de contenido y apareciendo en los medios de comunicación con fotos descontracturadas y sonrientes, que haciendo transparentes las políticas que realmente va a llevar a cabo en 2016.

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.