El Poder Ejecutivo ordenó retirar 31 pliegos de jueces, fiscales y defensores que habían sido elevados al Senado por el gobierno anterior y que todavía no habían pasado por la audiencia pública. Lo que sucederá ahora es que todas las ternas que esos candidatos integraban serán revisadas por el Ministerio de Justicia y la Casa Rosada, y podrán elegir entre ellas algún nombre nuevo o los que ya habían sido seleccionados. Como era previsible, quedaron fuera de juego Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín, quienes habían sido propuestos por Cristina Kirchner para la Corte Suprema. El presidente Mauricio Macri optó por designar dos jueces por decreto y en comisión, como oficializó esta semana. Entre los concursos que ya generaron revuelo están el de fiscal de Cámara de Casación Penal Federal y el de varios cargos en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA).

Después de la controversia generada por el nombramiento de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte en comisión en un decreto publicado en el Boletín Oficial, y a raíz del malestar que el método causó en el propio alto tribunal, que tiene dicho en fallos recientes que no se puede saltear al Senado, el Gobierno decidió demorar el juramento. En Justicia dicen que para febrero ya estarán cumplidos todos los pasos iniciales obligatorios del decreto 222/03, que prevé la publicación de antecedentes y la presentación de avales o impugnaciones por parte de la sociedad civil. Esto significa que serán enviados los nombres al Senado, como para intentar que los apruebe y tengan mayor legitimidad. El kirchnerismo está en contra, por lo que no le será fácil. Como primera decisión sobre nombramientos judiciales, el de los supremos se da de patadas con el mensaje de asunción de Macri, cuando dijo que apostaba a una justicia independiente sin jueces macristas.

Durante enero el Gobierno revisará los pliegos retirados y las ternas a las que pertenecen. El plan, dicen funcionarios de Justicia, es reenviarlos ya en febrero para que sean tratados por el Senado ni bien se inicie el período de sesiones. No está descartado el pedido de anulación de algún concurso, pero es improbable y sería engorroso. Cuando ayer comenzaron a circular los nombres de algunos de los candidatos que habían sido remitidos por Cristina Kirchner se los asoció con Justicia Legítima. Hay concursos que, sin embargo, llevan varios años y son previos a la existencia de esa organización. Por ejemplo, en la Procuración General se concursaron tres cargos en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), que se ocupa de la corrupción de los funcionarios públicos. Desde 2008 que se dilata el proceso de selección que terminó en 2010 y sigue abierto. Eso es incluso mucho antes de la llegada a de Alejandra Gils Carbó a la Procuración. La candidata que había quedado primera es Valeria Honisch, quien trabajó con el radical Manuel Garrido, luego José Miguel Ipohorski y María Andrea Garmendia Orueta. La FIA está dirigida hoy por Sergio Rodríguez pero es un organismo prácticamente vacío, que estuvo paralizado tras estar más de cinco años sin titular.

Para ocupar el lugar de fiscal de Casación Penal Federal el nominado enviado al Senado fue Alejandro Alagia, quien ya es fiscal y actuó en juicios de lesa humanidad. Este fue un concurso cuestionado por el valor que se le había dado a la evaluación de un jurista al que se suele invitar al jurado y que en este caso era Fernando Díaz Cantón, quien puso primero a Maximiliano Rusconi (defensor de Diego Lagomarsino en el caso Nisman). Después de una pulseada con medidas cautelares de varios postulantes, Rusconi quedó en la terna junto con Marcelo Ferrante, quien trabaja en la Procuración, con dictámenes penales ante la Corte. Ambos ahora tienen chances. Esta es una fiscalía importante, que actúa frente a un tribunal que adquirió visibilidad en los últimos años al tener que revisar condenas de grandes causas, desde AMIA, Cromañón, los sobornos en el Senado hasta el homicidio de Mariano Ferreyra, y expedientes signados por la política, como el del Memorándum con Irán.

Otros cargos altos en juego son dos en la Cámara Federal de San Martín, donde estaban propuestos por la ex Presidenta: Juan Pablo Salas –juez federal de Morón, quien tiene el caso de Luciano Arruga– y Néstor Pablo Barral. Otros pliegos retirados son los de Gabriel de Vedia para fiscal de Cámara de la Seguridad Social y para otras fiscalías Pablo Turano, María Alejandra Mángano, Alan Iud (abogado de Abuelas de Plaza de Mayo), Paula Gorsd, Santiago Roldán, Javier Matías Arzubi Calvo (secretario del juez Ariel Lijo), Elizabeth Karina López y Javier Lorenzutti. Los candidatos a defensorías que serán revisados son Juan Ignacio Pérez Curci, Nicolás Laino, Mauricio Gabriel Zambiazzo, Mariana Cisneros Billaud, Gabriel Alberto Lanaro Ojeda y Rosana Leonor Marini. Los pliegos replanteados para juzgados laborales: Azucena Beatriz Ragusa, Silvia Susana Santos y de Graciela Haydée Avallone. Y cargos en provincias Juan Carlos Silberstein (juzgado federal de Paso de los Libres), Abel Fleming Figueroa, Domingo José Batule y Gabriela Catalano (para tribunales en lo Criminal Federal de Salta) y María Silvina Domínguez (juzgado federal de Zapala, Neuquén).