El juez en lo Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, Luis Arias, advirtió que el presidente, Mauricio Macri, y algunos funcionarios de su gobierno cometieron “varios delitos” al avanzar en la disolución de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la modificación de artículos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) pese a la precautelar de no innovar que dictó la semana pasada. “La medida es bastante clara como para ser interpretada de diferentes maneras”, por lo que “está clara la intención de parte del Ejecutivo de avanzar no sólo en contra de una ley votada por el Congreso sino en contra del Poder Judicial también”. Según su análisis, el Gobierno aprovechó el “contexto temporal particular” de fin de año y feria judicial y se valió de su complicidad con “ciertos medios” para actuar “en un marco de invisibilidad” y cambiar una ley “revestida de legitimidad”. “Es digno de un Estado totalitario”, sentenció. La causa quedó ahora en manos del juez Alberto Recondo.

–Pese a la precautelar que dictó de no innovar en la estructura de la Afsca, el Gobierno desintegró el organismo y lo fusionó con la Aftic vía decreto de necesidad y urgencia. ¿Cómo lo analiza?

–Por un lado, la medida obliga a que la situación en la Afsca quede tal cual estaba el 29 de diciembre, la congela en esa fecha y busca evitar despidos de trabajadores, remoción de funcionarios, modificación del organismo, otorgamiento de derechos como permisos, licencias, etc. No se suspendió la intervención de la Afsca (NdR: ésa era la cuestión de fondo de la denuncia sobre la que dictó la precautelar), pero sí se la limitó a la posibilidad de realizar actos de administración que no alteren, supriman u otorguen derechos. Luego, la medida establece que todo decreto o reglamento que se dicte con posterioridad a la fecha de la precautelar queda suspendido de pleno derecho, es decir automáticamente. Hoy el decreto 267/2015 está suspendido.

–Desde el Gobierno interpretan que la precautelar no tiene validez. Se basan en la fecha del decreto, del mismo día de su resolución, y en que usted no es competente. ¿Es posible esa múltiple interpretación de la situación?

–La cautelar dictada es bastante clara como para evitar situaciones ambiguas. Si avanzaron con la creación de un organismo con actos que impliquen la modificación de la Afsca creo que hay una violación muy clara de la medida cautelar. Y si bien en el Derecho no existe una solución única posible sino un marco de racionalidades posibles, de todos modos en este caso queda muy poco margen para dar lugar a otras interpretaciones: está clara la intención de parte del Ejecutivo de avanzar no sólo en contra de una ley votada por el Congreso sino en contra del Poder Judicial también. La cuestión de la fecha resulta sorprendente. El día miércoles 30, cuando anunció la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el ministro Peña dijo que el decreto se iba a firmar. Sin embargo, el lunes apareció firmado, por él inclusive, con fecha del 29 de diciembre. Peña no puede desconocer que él mismo había firmado el decreto antes de anunciarlo, cosa en la que por cierto se contradijo. Allí existe una incongruencia y habría que analizar una posible situación delictiva en torno de la falsificación de documento público, incumplimiento de deberes de funcionario público.

–¿Y la competencia? Usted advierte que no puede actuar sobre la cuestión de fondo...

–Yo soy incompetente para definir la cuestión principal, la nulidad de los decretos de la intervención de Afsca y del traspaso de sus funciones al Ministerio de Comunicaciones. Pero sí tengo una competencia transitoria para decidir cuestiones urgentes. Así lo establece la ley de medidas cautelares que se dictó durante el kirchnerismo (la número 26.854) justamente por las conflictividades con la Afsca. Sí lo soy también de acuerdo al artículo 196 del Código Procesal Civil y Comercial, pero además esto es algo muy común dentro del Poder Judicial. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado medidas cautelares siendo incompetente. El descalificar la precautelar porque quien la dictó no es competente es un argumento que realmente no lo podría esgrimir ni un estudiante de Derecho; es más una excusa que otra cosa. De todas maneras, aun si fuera válido, eso no habilita a incumplir una norma, una decisión judicial. Lo que hay que hacer es apelarla, pedir la habilitación de la feria judicial, pedir al juez federal que la revoque, a la Cámara de Apelaciones, en fin... pero nunca incumplirla.

–No sólo se publicó el decreto que modifica la Afsca y deroga artículos de la LSCA, además se oficializó la creación del organismo que lo reemplaza, el Ente Nacional de Comunicaciones.

–Al avanzar en la implementación de actos que impliquen la desaparición de la Afsca, su fusión con otros organismos, la remoción de empleados, se está violando la medida precautelar con un evidente matiz delictivo, según lo previsto en el artículo 239 del Código Penal. Pero más allá de la cuestión jurídica, lo preocupante aparece desde el punto de vista institucional. Porque esto implica avanzar hacia un Estado de corte totalitario. Desconocer el Congreso mediante la modificación de leyes por decreto, desconocer el Poder Judicial implica que el Poder Ejecutivo asume todas las funciones de gobierno. Y esto es digno nada más ni nada menos que de un Estado totalitario. Es disvalioso, además, el accionar en torno de una ley particularmente discutida, con un gran consenso en su aprobación y aplicación. Y el precedente es terrible. Desde el punto de vista de una democracia real, la ley fue votada por el Congreso por amplia mayoría y antecedida de un debate muy amplio a nivel nacional en donde la sociedad tuvo el uso de la palabra de manera directa, lo cual la viste de legitimidad. ¿Modificarla sin pasar por el Congreso, e incluso, por decreto de necesidad y urgencia? Si quieren cambiar la ley, deben llamar a sesiones extraordinarias del Parlamento. Así lo plantea la Constitución.

–La judicialización de esa norma también sentó jurisprudencia que la avaló. ¿Por qué cree que el Gobierno no tuvo eso en cuenta?

–Hay una intención de avanzar contra todo y frente a todo, violando todos los caminos que la Constitución impone. Y eso ha sido soslayado por muchos medios y por parte de la sociedad también. El fin no justifica los medios. Esto va a afectar gravemente la libertad de expresión, algo que mencionamos en la precautelar. La acción del Gobierno en este ámbito viola todos los estándares internacionales en torno de la libertad de expresión y puede comprometer la responsabilidad internacional del estado en esta materia.

–Según explicó, el Gobierno ya habría cometido varios delitos. ¿Se puede pensar en que esta situación continúe a pesar de las violaciones?

–Cuando uno se pone del lado de los poderosos siempre es más fácil todo. Hay complicidad entre el Gobierno y ciertos medios, lo que le posibilita la acción en un marco de cierta invisibilidad. No es que no se ven las acciones, lo que no se muestra es su halo delictivo. Y además, debemos decir que hay una gran parte de la sociedad que permanece indiferente. El Gobierno aprovechó un contexto temporal particular para evitar el debate y que la gravedad de la situación no se vea: fin de año, la gente piensa en las vacaciones. Probablemente con el tiempo la sociedad vaya tomando conciencia de la gravedad que implica avasallar las instituciones de este modo, pero el verdadero problema es el mientras tanto.