[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El gobierno nacional oficializó mediante un decreto de necesidad y urgencia –publicado la semana pasada- su anunciado avance sobre el espíritu antimonopólico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Los cambios no llegaron a tocar directamente la división del espacio radioeléctrico a través de la que la norma resguarda una porción a los medios sin fines de lucro, pero referentes del sector entienden que la jugada del gobierno de Mauricio Macri de todas formas los afecta gravemente. “El DNU equipara la libertad de expresión con la libertad de competencia, quedamos desprotegidos”, opinan desde Red Colmena. “Pasamos de estar frente al desafío de que las grandes corporaciones se adecuen a lo que dicta el Estado a un Estado que se está adecuando a las condiciones de juego de esas grandes corporaciones”, añaden desde la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Red Com). “Para su forma de ver el mundo, en la que solo el capital y el intercambio comercial mueven las cosas, los medios sin fines de lucro somos una amenaza”, concluyen desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco). Los tres espacios integran la Coalición por una Comunicación Democrática, el colectivo en donde germinó la LSCA y desde donde está fortaleciéndose su defensa.

Los referentes consultados por Página/12 ven “con preocupación” las condiciones en las que quedó el campo de medios de comunicación audiovisuales después del DNU número 267/2015, con el que el Gobierno deshizo gran parte de lo construido por la Ley 26.522, y del decreto número 7/2016, que creó el Ente Nacional de Comunicaciones en reemplazo de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic). “Hace seis años rescatábamos tres cuestiones del entonces proyecto de LSCA: las herramientas que planteaba para desconcentrar el área, el armado institucional que proponía y la concepción de comunicación que defendía e instalaba, entendida no como un negocio sino como un derecho humano. Ahora todo vuelve hacia atrás”, compara Daniel Badenes, director de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes y presidente de la Red Com.

Tres retrocesos

Badenes es pedagógico para explicar el retroceso que implicó el cambio de Cambiemos:

- La sustitución del artículo 45 de la ley, que limitaba la tenencia de licencias permite quince a nivel nacional y la derogación del 161, que obligaba a las corporaciones a adecuarse a la norma, entre otras modificaciones, “acabaron con la vocación desconcentradora” de la norma. “Son los artículos que Clarín cuestionaba y que fueron declarados constitucionales por la Corte Suprema”, añade. El DNU permite la compra-venta de licencias entre privados, “algo que ni siquiera hacía el decreto de la dictadura”, y prorroga el usufructo de licencias por una década.

- La eliminación del Consejo Federal de Comunicación (CoFeCa), en donde estaban representadas las universidades, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos originarios, el sector sin fines de lucro. “Tomaba decisiones, tenía inserción en el armado del directorio de la Afsca determinaba dos de sus siete directores. El directorio del Enacom tendrá mayoría automática del Ejecutivo, que además puede remover a cualquier miembro cuando quiera”, explica el investigador.

- Los cambios en la concepción de la comunicación. “La consagración de la comunicación como negocio pone en riesgo al sector sin fines de lucro porque el Estado deja de pensar en ese modelo de comunicación”, concluye. Martín Azcurra, presidente del conjunto de cooperativas de comunicación Red Colmena, agrega que lo perjudicial del DNU, al que entienden como inconstitucional y antidemocrático, es “el cambio que imprime a una política que consideraba al ciudadano como un sujeto de derecho y ahora lo entiende como un usuario”. “Es una vuelta al neoliberalismo, equipara la libertad de expresión con la libertad de competencia, en donde quedamos desprotegidos ante la voracidad de los conglomerados que recuperan la vía libre para expandirse de acuerdo a su voracidad. Ganan canales y la disputa del sentido común. Esto va a contramano a lo que dicen organismos internacionales”, sostiene.

La titular de Farco y miembro de la FM Bajo Flores, Mariela Pugliese, entiende que la intención proconcentración y la eliminación del CoFeCa ejercida por Cambiemos se relaciona con “su manera de ver el mundo”: “Solo ven que el capital y el intercambio comercial mueven las cosas, ponen el eje allí y lo otro es inexistente, piensan que fortalecer al sector sin fines de lucro es fortalecer una oposición a su modelo de mundo”.

Un tercio

Según su articulado, la Ley 26.522 aseguraba el 33 por ciento del espacio radioeléctrico a la gestión privada sin fines de lucro, un ámbito en el que el decreto 267/2015 no se enfangó. “Solo nos nombra para prohibirnos transferir licencias, algo que nos ubica en desigualdad frente a los privados con fines de lucro. Les da ventaja para disponer del espectro como si fuera propio”, advierte Pugliese. En ese análisis, Badenes añade que de la prórroga de la tenencia de licencias actuales se desprende que “no habrá nuevas disponibilidades en el espectro para que el 33 por ciento se vuelva efectivo”, mientras que “bajo el paradigma de la comunicación como negocio es muy difícil que continúen los fondos de fomento (FoMeCa) para medios comunitarios. Han desaparecido los representantes de ese sector en el directorio, han echado de la autoridad a trabajadores que estaban en ese área. No hay panorama saludable”.

Pugliese entiende que, pese a su aplicación inconclusa, la norma permitió el “fortalecimiento” del sector, que “creció en cantidad de radios como en estructura económica, en producción audiovisual y comunicación, en gestión”, una realidad sobre la que “el espíritu del DNU no permite tener demasiadas expectativas”: “El fomento a la concentración y a la competencia, y a la mirada absolutamente mercantil nos hace pensar que el sector va a estancarse o a quedar peor, porque se lo va a considerar un actor del mercado más”, concluye.

Situación de ilegalidad

El análisis de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) es aún más pesimista, porque sus integrantes decodifican el “grave retroceso” de los cambios que planteó Cambiemos a la LSCA en un contexto en el que “la no aplicación” de esa norma, bajo responsabilidad del kirchnerismo, los dejó en una situación de ilegalidad. “Distinto hubiera sido si quienes venimos batallando desde hace décadas por una normativa que desconcentre, reconozca y dé espacio concreto a los que hacemos desde hace mucho tiempo comunicación contáramos hoy con una existencia legal. No les hubiera sido tan fácil barrer con todo”, explicó Fabiana Arencibia, integrante del colectivo.

Además de asegurar una porción del espacio radioeléctrico para el sector, la norma 26.522 plantea el acceso de aquellos al aire a través concursos específicos y determina fomento para ayudarlos a superar la precariedad en la que la ilegalidad el decreto de la dictadura no les permitía hacer uso del espectro los había obligado a existir. En nueve años, poco fue lo que se logró. De los aproximadamente 70 miembros de la red, ninguno cuenta con licencia. Los integrantes de otros colectivos, como la Red Colmena, no corren suerte distinta. Una de las pocas excepciones es Barricada TV, una televisora comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires que logró la legalidad hace pocos meses. En las grandes ciudades, territorios en donde hay superposición de señales, la cuestión se agrava. Ninguno de los registros a los que estos medios debieron inscribirse significa el reconocimiento de legalidad alguna. Varios participaron de los Fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCa) que, vaya paradoja, en un principio, no los incluía por no contar con licencia.

“No se desconcentró y no se avanzó en la efectivización de la pluralidad de voces y discursos. Se supone que la ley nos traía legalidad y no lo hizo. Hoy la mayoría de nosotros se encuentra peor que antes de la LSCA porque somos ilegales en medio de una embestida mercantilista. Nos pueden borrar de un plumazo”, evaluó Fabiana.

¿Qué hacer?

Azcurra coincide en parte con la RNMA, al apuntar que “muchas veces la LSCA quedó encerrada en el enfrentamiento entre el Grupo Clarín y el gobierno kirchnerista y descuidó algunos pasos fundamentales en su puesta en marcha”, aunque toma el guante: “Tenemos que hacer una autocrítica los medios comunitarios y populares sin fines de lucro por no haber sabido generar en la sociedad el consenso necesario para defender y sostener esta ley. La ausencia de la resistencia de la ciudadanía tiene que ver con que no llega a entender las implicancias de las reformas que está haciendo el nuevo gobierno. Nos debemos una reflexión para que la gente entienda que la ley no fue solo una guerra contra el Grupo Clarín”.

“Estamos en un nuevo escenario en el que hay que salir a defender lo conquistado y hacer balance más complejo de la situación”, propone Badenes. Desde el sector, pusieron en marcha una estrategia de dos vías: la política y la judicial a nivel nacional e internacional. La RedCom, el CELS y Farco, entre otros, enviaron una carta al relator especial para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, en advertencia por los decretos del gobierno de Macri.

“El frente que vemos como único y más apto para concentrar la resistencia es la Coalición por una Comunicación Democrática”, destaca Azcurra al colectivo de organizaciones sociales, sindicales, políticas, profesionales y de derechos humanos que durante décadas construyó el terreno fértil y a la vez la semilla de la LSCA. “La batalla judicial es muy importante porque el DNU es inconstitucional, pero –insiste– la lucha en el Congreso también lo es, porque allí debemos reconstruir el consenso en pos de una comunicación democrática y plural.”