El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que “la gente” votó a Cambiemos “para poner el Estado en pie”, y a continuación dio a entender que puede haber todavía más despidos en la administración pública, ya que sostuvo que se encontraron con “más de 70 mil contratos basura”. Mientras el funcionario defendía así la política de cesantías masivas del Ejecutivo, la Asociación de Trabajadores del Estado ratificó el paro nacional para el próximo 24 de febrero. “Tenemos contabilizados 20 mil despedidos, de los que se pudieron revertir 5 mil”, señaló Hugo Godoy. El secretario general de ATE agregó que esto indica que “las reincorporaciones son posibles si nos plantamos” para evitar que se desmantelen programas.

Frigerio, como si fuera parte de otro gobierno y no del que está despidiendo a miles de estatales, acusó de haber dejado como herencia “un Estado desmantelado” al kirchnerismo. “Lo que hemos encontrado son más de 70 mil contratos basura. Trabajadores que tenían contratos que no son los contratos que nosotros entendemos que tienen que tener”, declaró.

Con el mismo de recurso de cambiar el sentido de las palabras, el ministro aseguró: “Necesitamos un estado fuerte, activo” y advirtió que “con los contratos basura, por la calidad del contrato que había en el Estado, eso no se puede lograr”. “Heredamos un estado quebrado desde el punto de vista fiscal y financiero, pero sobre todo un estado desmantelado. Necesitamos un Estado fuerte, activo”, enfatizó. “Con los contratos basuras, por la calidad del contrato que había en el estado, eso no se puede lograr.”

Por otra parte, negó que desde la Casa Rosada se busque poner un techo a las paritarias, y anticipó que si la inflación supera el 25 por ciento anual “tendremos que revisar la cosa, porque la restricción es que no haya pérdida de poder del salario”. Frigerio sostuvo que durante el mes de enero “hubo menos inflación que en diciembre”, por lo que reclamó “un voto de confianza”.

ATE realizará un paro nacional el próximo miércoles 24 de febrero, con movilizaciones en todo el país en contra de los despidos. La medida sumó ayer a la CTA provincia, que en un plenario de secretarios generales encabezado por el docente Rodolfo Baradel votó participar de la Jornada Nacional de Protesta en unidad de acción con otras organizaciones, que la CTA a nivel nacional definirá el 11 de febrero pero que tiene como fecha más que posible el 24. Los líderes de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, se encaminan a trabajar en unidad de acción y realizar una jornada nacional de protesta conjunta, en la que también confluirían otros movimientos sociales.

A su vez, algunas regionales de la CGT, como es el caso de Córdoba, se declararon en estado de “alerta, movilización y conflicto” por los despidos. La regional anunció que es miércoles presentará un documento con un “análisis de situación” y un plan de lucha.

El secretario de prensa de la CGT Córdoba, Gustavo Rossi, explicó que “la realidad supera toda posibilidad que el gobierno pueda argumentar”. “De noviembre a hoy el aumento indiscriminado de precios ha sido de entre el 30 y 35 por ciento. A eso le tenemos que sumar la devaluación de un 40 por ciento”, dijo el dirigente, que rechazó así además las estimaciones del macrismo sobre un 25 por ciento de inflación anual. “Nosotros ya estamos emitiendo un documento y hablando de un plan de lucha concreto”, advirtió. Según el segundo informe sobre los despidos del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, la ofensiva contra los trabajadores se ha profundizado en el mes de enero, sumando a las cesantías “amenazas generalizadas de despidos y un creciente uso de la fuerza pública contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales”. Los investigadores apuntaron que “la precariedad contractual, que ha alcanzado a miles de trabajadores durante los últimos años, ha facilitado significativamente la tarea de los nuevos funcionarios de turno, que en muchos casos se han limitado a no renovar contratos temporales”. Por esto la gran mayoría de los alcanzados por los despidos han sido los que estaban en una situación de mayor vulnerabilidad, como integrantes de cooperativas, estatales a los que se pagaba como monotributistas y miembros de plantas transitorias.