El massismo ratificará en el Congreso el papel de “oposición responsable” que le adjudicó el Gobierno y convalidará con sus legisladores los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) con los que Mauricio Macri gobernó durante sus dos primeros meses de gestión. Con una postura que bifurca su alineamiento entre cuestionamientos legales menores y la conveniencia política, desde el Frente Renovador confirmaron a Página/12 que su política será la de “acompañar” las decisiones del gobierno de Cambiemos. De esta forma el macrismo se garantiza en la Cámara de Diputados los votos necesarios para convalidar los nueve DNU y otros tres de facultades delegadas con que Macri fagocitó organismos autárquicos como Afsca y Aftic, modificó aspectos sustanciales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, transfirió las escuchas telefónicas judiciales del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema, suspendió la aplicación del Código Procesal Penal (CPP), cambió aspectos tributarios, eliminó la devolución del 15 por ciento de coparticipación a las provincias y modificó el presupuesto para que el Banco Central se endeude en 5 mil millones de dólares con la banca privada.

En el Frente Renovador consideran que el “error” presidencial de intentar nombrar a dos jueces de la Corte Suprema por DNU y en comisión “ya está subsanado” con el envío de los pliegos de los abogados postulados por Macri al Senado, donde comenzó el proceso parlamentario para su aprobación o rechazo. El resto de los DNU, aun con algunos cuestionamientos legales, están en sintonía con las propuestas que el massismo levantó durante la campaña electoral y las convalidará con sus legisladores. “Nuestra postura política va a ser la de acompañar”, afirmaron a Página/12 cerca de Sergio Massa.

“Tenemos que dejar que funcione la bicameral (la Comisión Permanente de Seguimiento Legislativo encargada de revisar los DNU) y analizar los dictámenes”, esgrimieron desde el massismo con la idea de no adelantar posturas hasta que la comisión arranque su funcionamiento este martes 16. Allí, en la bicameral, el Frente Renovador y su interbloque Unidos por una Nueva Argentina (que incluye a los cordobeses delasotistas, los neuquinos del MPN y los chubutenses que responden a Mario Das Neves) tendrán un solo representante entre los 16 legisladores que la integran (8 diputados e igual cantidad de senadores): se trata del bonaerense Raúl Pérez.

Aunque el FpV tiene ocho integrantes en la bicameral, la comisión está empatada en número con el oficialismo, que cuenta a Pérez entre los propios. Al menos así se expresó en la primera discusión interna, donde Pérez se alineó con la negativa de Cambiemos, cuando el FpV aceptó que la bicameral esté presidida por el senador radical Luis Naidenoff pero propuso que su mandato sea solo por un año y que luego la presidencia pasara a manos del diputado Marcos Cleri (FpV) por su condición de mayoría, hasta el recambio parlamentario de 2017. Finalmente, se selló el acuerdo y la presidencia de la comisión bicameral será compartida entre Cambiemos y el FpV en estos dos años.

A la hora de repasar cada uno de los DNU, el massismo dejó en claro que su luna de miel con el gobierno de Macri continúa. Los renovadores dejarán los cuestionamientos jurídicos y legales para privilegiar su postura política, como en los casos de los DNU que modifican materia penal, que están expresamente prohibidos constitucionalmente. “La idea de postergar la implementación del CPP fue una propuesta del Frente Renovador que luego toma el macrismo. Aunque le vamos a pedir al Gobierno que envíe su propio proyecto del CPP al Congreso para que se modifique por ley”, afirmaron desde el FR. Tampoco habrá cuestionamientos massistas al traspaso de las escuchas judiciales a la Corte, en línea con las críticas que los renovadores mantienen contra la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

Lo mismo sucederá con el DNU del nuevo organigrama ministerial, que también modifica varias leyes, como la de medios (subordinando organismos autárquicos como Afsca y Aftic) y reduciendo el presupuesto educativo. Para el massismo este aparece como de unos de los temas complejos, donde surgieron críticas sobre su redacción “no ajustada a derecho” y aunque no había demasiado entusiasmo en acompañar, desde el entorno del líder renovador, Sergio Massa, se afirma que “la ley de medios ha nacido vieja y se necesita una nueva ley de radiodifusión”. A la vez, insisten en que la creación del Ministerio de Comunicación “es una atribución del nuevo Gobierno”. Como los DNU no se pueden aprobar o rechazar parcialmente, los renovadores se inclinarían por “acompañar” al oficialismo.

Para el massismo no es cuestionable que otro DNU haya modificado el presupuesto y habilitado que el Banco Central modificara “letras intransferibles” en pagarés que le permitieron endeudarse en 5 mil millones de dólares con la banca privada, con el argumento de engordar las reservas. Sin embargo, desde el FR expresan su primera crítica en uno de los decretos de facultades delegadas: “No se justifica la desfinanciación manteniendo un impuesto menor en un producto como los cigarrillos”, aseguran sobre la alícuota del Fondo Nacional del Tabaco que Macri prorrogó hasta abril; sin embargo, respaldan el decreto presidencial que en el mismo sentido aumenta la cuota de biodiesel en la composición de los combustibles “como una defensa de los productores de cañas”.

Un tema que todavía divide aguas en el massismo es el DNU que anula la devolución del 15 por ciento de la coparticipación a todas las provincias, luego de que la Corte Suprema fallara a favor de tres de ellas que litigaron contra la Nación (Córdoba, Santa Fe y San Luis). “No queremos que se desfinancie la Anses”, insisten cerca del líder del FR, aunque varios legisladores renovadores de las provincias perjudicadas no comparten el criterio de marginar a sus distritos de esos fondos. “El tema todavía está en estudio”, dijeron a Página/12 hombres cercanos a Massa.

Aun a pesar de algunas dudas y debates internos, el massismo no abandonará la fidelidad que ha pactado con el Gobierno, al menos en esta etapa legislativa.