Tras la decisión del Poder Ejecutivo de quitarle el control de las escuchas telefónicas a la Procuración General y traspasarlo a la órbita de la Corte Suprema, el máximo tribunal decidió que la nueva Dirección de Captación de Comunicaciones “será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente”, y estará a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara, por un período de un año, no renovable. Luego de que ayer la Corte emitiera la acordada correspondiente, mediante sorteo fue designado como director general del organismo el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones, Martín Irurzun. Ayer, tras ser nombrado, el juez no había sido “ubicado” y nadie parecía estar a cargo de los oficios que seguían llegando a la Dirección General de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom).

En caso de que Irurzun no pudiera cumplir su función sería reemplazado por el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra. El organismo tendrá, además, un director y cuatro subdirectores, dos de ellos con experiencia en investigación judicial, uno en el área informática y otro en administración, mientras que la Corte llevará anualmente una auditoría “sin perjuicio de las disposiciones de control sorpresivas transitorias que se dispongan”.

Según la resolución de la Corte Suprema, la Dirección de Captación de Comunicaciones “tendrá por objetivo dar trámite al cumplimiento de las medidas referentes a la interceptación y captación de comunicaciones privadas de cualquier tipo, que fueran requeridas por los magistrados judiciales y del Ministerio Público Fiscal” con los criterios de “transparencia y confidencialidad”, y buscando una estructura con mejor tecnología activa con las operadoras telefónicas.

Respecto del personal, dice la acordada que “la dotación definitiva del personal, con los cargos que correspondan, será fijada por el Tribunal acorde a las necesidades del servicio” y que “entretanto, se realizará un listado del personal y un programa para determinar sus capacidades y eventual permanencia en el organismo”. Y también dispone que el nuevo organismo autónomo deberá “promover la transparencia de los actos de incumbencia para fijar un sistema eficiente de control”, ajustándose “estrictamente a las normas legales vigentes y a las órdenes judiciales”, al mismo tiempo que establece que “seguirá el principio de respeto de la libertad y privacidad de las personas, con reserva absoluta de la información”.

Esta decisión de la Corte cumple con el decreto de necesidad y urgencia 256/15 del presidente Mauricio Macri, quien quitó la responsabilidad de las escuchas judiciales a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. La funcionaria había creado en junio del año pasado el Dicom, dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, luego de que la ley de inteligencia 25.520 sancionada en marzo disolviera la antigua Secretaría de Informaciones (ex SIDE), creara la Agencia Federal de Investigaciones y le quitara las escuchas. A cargo de esa oficina, la fiscal general Cristina Camaño traspasó por primera vez al ámbito judicial tareas que hasta entonces realizaban agentes de inteligencia en una dependencia conocida como “Ojota”, que supo tener un margen demasiado amplio de discrecionalidad en sus iniciativas y casi nulo control institucional.

Los equipos de intercepción funcionan en una casona de Avenida de los Incas al 2800, en el barrio de Belgrano, que seguirá siendo la sede, y desde allí especialistas civiles monitorean los pedidos de interceptación de comunicaciones. Son solicitudes que realizan jueces en casos de investigaciones judiciales, algunas urgentes como las requisas de secuestros extorsivos, y en todos los casos necesitaban de la autorización de la fiscal a cargo y ahora, seguramente, del camarista que esté al frente del organismo.

Según pudo reconstruir Página/12, en los hechos la puesta en marcha del nuevo organismo parecía ayer más compleja que la mera letra de la acordada. En principio, hasta avanzada la tarde no había quién firmara los oficios que seguían llegando y desde la Corte le pidieron a la gestión saliente que siguiera haciéndolo, algo a lo que se negó rotundamente no sin antes advertir que una escucha, por ejemplo, de un secuestro extorsivo, no puede ser interrumpida. La labor de ese organismo es tan intensa que no conoce de intermitencias y se desarrolla las 24 horas los siete días de la semana. El volumen de expedientes que se firman a diario ronda entre los 300 y 400, y en sus primeros pasos el recambio no parecía tomar dimensión exacta de la tarea a realizar, según comentó la fuente consultada. “Hubo mucho apuro por desmantelar lo que estaba pero sin tener una estructura equivalente y acorde de recambio”, señaló el experto.