Con la denuncia de una serie de incumplimientos de lo acordado en las paritarias firmadas hace un mes, los gremios docentes realizaron su primer paro nacional en el gobierno de Mauricio Macri. En la protesta advirtieron que hay dos provincias donde los maestros están cobrando menos que el piso nacional y se quejaron de que las subas de las tarifas desfasaron los salarios. Los docentes le reclaman al gobierno nacional que intervenga para dar solución a los conflictos todavía abiertos en cinco distritos. También que no haya despedidos en los planes socioeducativos, en los que 2 mil contratados no tienen garantías de continuar trabajando.

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, salió al cruce de los sindicatos al considerar a la huelga “una medida excesiva”. El funcionario se reunió en la Casa Rosada con el presidente Macri, tras lo que declaró: “hay conflicto real en dos o tres provincias, pero me parece que dejar sin escuela a miles de chicos no es una medida”. Al mismo tiempo, polemizó con los dirigentes gremiales y sostuvo que el paro había logrado una “baja adhesión”, contra lo estimado por la Ctera y el Sadop, que hablaron en cambio de una un cumplimiento “muy alto”, “del 95 por ciento”.

El paro de 24 horas fue acompañado por movilizaciones en las principales capitales del país. En la ciudad de Buenos Aires hubo una marcha multitudinaria encabezada Sonia Alesso (titular de Ctera), Hugo Yasky (CTA de los Argentinos), María Lázzaro (Sadop) y Daniel Catalano (ATE Capital). También estuvieron en la cabecera Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fuentealba, y el dirigente de los docentes de Neuquén Marcelo Guagliardo, ya que uno de motivos de la protesta fue reclamar contra el cierre de la causa Fuentealba II, en la que se investigaban las responsabilidades políticas y policiales del asesinato del maestro, al que la policía neuquina mató durante la represión de una protesta docente.

En el mes de febrero, la jueza Carina Alvarez declaró extinguida la causa y sobreseyó a sus 15 imputados. Así, el único condenado por el asesinato cometido hace nueve años es el policía Darío Poblete, responsable del disparo del cartucho de gas que impactó en la cabeza de Fuentealba.

“Los docentes de todo el país le decimos no a la impunidad. Queremos justicia completa para nuestro compañero Carlos Fuentalba”, señaló ayer la titular de Ctera, Alesso.

Consultada sobre por qué los gremios docentes denuncian que el incumplimiento de la paritaria nacional, la dirigente explicó a Página/12 que “los gobierno provinciales en varios de los conflictos vigentes están incumpliendo la paritaria firmada con la Nación. Por ejemplo, en Santiago del Estero y Jujuy los docentes ganan menos que el piso nacional”.

También en Mendoza, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Córdoba se extienden situaciones irresueltas. “La ley señala que el gobierno nacional es corresponsable de garantizar la educación de todos los argentinos junto a los gobiernos provinciales”, agregó Alesso. “La llamada ley de los 180 días de clases especifica que el gobierno es corresponsable de la educación de los niños a través del financiamiento de la educación, y que en caso de conflictos salariales tiene que haber una intervención de la Nación para ayudar a resolverlos.”

La secretaria adjunta de los docentes privados del Sadop, María Lazzaro, coincidió en que “ni la Nación ni las provincias han cumplido con lo firmado en paritarias, sólo se concretó con el incentivo docente en algunos casos”. Y agregó que “el aumento no nos sirvió de nada porque detrás vino un tarifazo fenomenal y la suba no la cobramos”.

En cuanto a los docentes en peligro de ser despedidos, se trata de los que trabajan en los planes Fines (de terminalidad de la escuela primaria y secundaria), las orquestas y coros juveniles, los programas CAJ y CAI las radios escolares. Se trata de programas socioeducativos financiados con fondos del gobierno nacional. Los dirigentes gremiales señalan que aunque el ministro Bullrich se comprometió a girar las partidas a las provincias, hasta ahora eso no ha sucedido. Como se sabe, ya fueron despedidos trabajadores del Conectar Igualdad, y el temor es que en otros programas se tome el mismo camino.