El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer una serie de allanamientos, entre ellos a la sede de la financiera SGI, conocida como La Rosadita, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero conocida también como “la ruta del dinero K” y en la que está preso el empresario Lázaro Báez. Fuentes judiciales indicaron que el juez dispuso siete allanamientos, en los que incluyó a la SGI, donde en grabaciones de cámaras de seguridad se vio al hijo y al contador de Báez, entre otros, contando millones de dólares. Otro de los puntos allanados fueron oficinas en Avenida de Mayo 570, en pleno microcentro porteño. Las fuentes señalaron que la orden del juzgado era hacer “extracciones informáticas” con el fin de ser analizadas en la causa que sigue bajo secreto de sumario, y que el resto de los procedimientos se realizaría mañana. En este caso están detenidos Báez y el contador Daniel Pérez Gadín, mientras que permanece pendiente la decisión del juez respecto del pedido de imputación que el fiscal Guillermo Marijuán realizó sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el diputado y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Marijuán realizó este pedido luego de la declaración que realizó el comisionista Leonardo Fariña el viernes pasado, aunque según fuentes judiciales, su testimonio no habría involucrado a la ex primera mandataria en las transacciones ilícitas.