Como parte de su estrategia para dar por concluido el escándalo iniciado por los Panama Papers, Mauricio Macri firmó ayer un contrato para poner todas sus empresas en un fideicomiso ciego. Luego de que se conociera que figura en el directorio de dos empresas que están radicadas en paraísos fiscales como las Islas Bahamas o Panamá, el Presidente aceleró un proyecto que había anunciado al comienzo de su gestión y puso sus bienes en manos de un administrador con el que no tendrá contacto, excepto –si hay cuestiones de fuerza mayor– a través de la Oficina Anticorrupción, que conduce Laura Alonso. Los bienes estarán en ese fideicomiso hasta los seis meses posteriores a la finalización de su mandato en 2019, aunque Macri puede remover al administrador cuando lo decida.

Macri eligió para esta tarea a la empresa Seguridad Fiduciaria S.A., una compañía a la que en el Gobierno describieron como especialista en ocuparse de armar fideicomisos y administrar fortunas. También indicaron que el presidente no tenía un conocimiento previo del titular de esta firma, José María Fernández Ferrari. Esa empresa será la que administrará la participación accionaria y privada de Macri en las firmas 4 Leguas S.A, Agro G. S.A., Molino Arrocero Río Guayquiraro S.A, María Amina S.A. y en su participación del fideicomiso Inmobiliario Camino. La decisión tiene como propósito evitar el conflicto de intereses cuando el mandatario toma medidas que pueden beneficiar a sus empresas (por ejemplo, al retirar las retenciones se otorgó una disminución de impuestos en sus empresas agrarias). No hubo comentarios sobre por qué la decisión no se tomó antes. Macri se reservó en el contrato la facultad de remover al administrador “sin expresión de causa” y a través de una notificación por escrito, por lo que puede recuperar el control de su fortuna en el momento en que lo decida. El contrato de fideicomiso ciego de administración fue rubricado ayer ante el escribano Jorge Ledesma y por ambas partes. Le otorga al flamante fiduciario la “administración libre y en forma discrecional de tales bienes y cualquier otro” que Macri resuelva “transferir en el futuro”. Macri no podrá “comunicarse directa o indirectamente con el fiduciario o sus empleados, representantes, agentes o personas relacionadas con el mismo” y se abstendrá “de solicitar información relativa al destino de los bienes fideicomitidos y su evolución patrimonial”, según dejaron asentado en el contrato.

Además, deberá “depositar en la cuenta fiduciaria, los fondos que fueran requeridos por el fiduciario a través del a Oficina Anticorrupción, para abonar gastos e impuestos según lo previsto en el contrato”. Fernández Ferrari, por su parte, asume “confidencialidad” y el compromiso de “actuar con la prudencia y diligencia de buen hombre de negocios, adoptando las medidas o ejecutando los actos que considere convenientes o necesarios para la administración, conservación, mantenimiento y protección de los bienes fideicomitidos y el resguardo de los derechos de los beneficiarios”.

Deberá “ejercer todos los derechos y cumplir todas las obligaciones inherentes a la propiedad fiduciaria, pudiendo realizar todo tipo de actos jurídicos o tomar todo tipo de acciones en la medida que no se encuentren expresamente prohibidas por el presente o por la legislación vigente”.

También se compromete a no mantener comunicación con Macri y su entorno, y si deseara requerir información deberá hacerlo ante la Oficina Anticorrupción, mientras que tampoco podrá invertir los bienes fideicomitidos en empresas proveedoras del Estado Nacional o en sus dependencias u organismos, o en aquellas que presten servicios públicos.

A la vez, no podrá adquirir directa o indirectamente todos o una parte de los bienes y no podrá ceder ni transferir esos bienes y deberá asumir la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para evitar o levantar embargos u otro tipo de medidas cautelares que pesen sobre los mismos.

Solamente podrá vender o transferir los activos que impliquen un conflicto de intereses aunque ese tipo de acciones también deberán ser consultadas con la Oficina Anticorrupción que encabeza Alonso que, de esta forma, queda en una posición única con respecto al control de la fortuna del Presidente.