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El secretario general del Ejército, general Jorge Tereso, dio curso ante el juez federal Jorge Ballestero al pedido de seis represores detenidos que querían pasar las fiestas en sus casas. El magistrado rechazó el pedido, que miembros del Ejército justificaron con el argumento de que “lo único que se hizo fue elevar la solicitud de los presos para que el juez decida. No se sugirió que el permiso debía ser otorgado”.
Al “transmitir” el reclamo de los represores Pascual Guerrieri, Carlos Fontana, José Pereiro, Jorge Granada, Antonio Simón y Julián Marina –procesados por la desaparición de una veintena de militantes montoneros en 1980, en el marco de la contraofensiva– Tereso apeló a “razones humanitarias”, el “alto significado social” y “contenido espiritual” de las fiestas.
El secretario del Ejército, además, informó a Ballestero que el año pasado el juez que entonces llevaba la causa, Claudio Bonadío, accedió a un planteo similar e indicó que “el comportamiento del personal militar fue ejemplar”. Pero por autorizar la salida de los represores para las fiestas, la sala I de la Cámara Federal consideró que Bonadío había incurrido en “abuso de autoridad y prevaricato”.
A pesar de que en el edificio Libertador intentaron quitarle institucionalidad a la presentación –que fue acompañada de distintas cartas escritas por los procesados– un importante integrante del Ejército reconoció cierta simpatía por el reclamo. “Llevan 18 meses detenidos, no están condenados y ninguno aparece como torturador”, aseguró sobre los integrantes del batallón de inteligencia 601.
En la misma causa, la Sala II de la Cámara Federal confirmó ayer los procesamientos de los represores Julio Bellene, Jorge Granada, Luis Jorge Arias Duval y Julio Simón. La prisión preventiva de estos militares fue dictada después que la del resto de los acusados en este caso porque estuvieron prófugos.
Bellene, que fue subjefe del Batallón 601, fue detenido el 19 de junio pasado, cuando se presentó en el Hospital Militar para ser atendido por un problema cardíaco. Arias Duval fue ubicado gracias a una pesquisa del juzgado y el Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) de la policía. Un día después fue arrestado Granada. Por encubrir a estos últimos dos represores Bonadío procesó –y la Cámara confirmó la medida– al ex comisario Luis Patti.
Arias Duval fue jefe de la central de reunión del 601 y Granada, un oficial de esa dependencia, en la que se juntaba la información obtenida bajo tortura por y se decidían los nuevos operativos, es decir, los secuestros.
Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi recordaron que “en el caso se investigan las actividades de una organización de naturaleza ilegal, comprensiva originariamente de quienes integraban la cúpula del Primer Cuerpo de Ejército, diversos integrantes del Batallón de Inteligencia 601 y las autoridades máximas del destacamento de Inteligencia 123” y que “la organización delictiva contaba con medios humanos y materiales para proceder al ingreso a una vivienda por la fuerza, sin la orden de autoridad judicial correspondiente, asesinar a sus ocupantes sin dar explicaciones por ello, sustraer bienes muebles a discreción, secuestrar y, eventualmente, disponer de los menores de edad que pudieran quedar con vida”.