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El juez federal Norberto Oyarbide archivó la investigación iniciada contra un grupo de piqueteros acusados de haber privado de su libertad al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, cuando reclamaban en la puerta del edificio la entrega de planes. En la resolución el juez consideró que los manifestantes ejercieron “el legítimo derecho de petición ante las autoridades”. Los fiscales no apelaron la decisión y pidieron que se investigara a los que testimoniaron “desdibujando la primigenia versión”.
El 22 de octubre pasado un grupo de organizaciones piqueteras, entre las que se encontraban el Futradeyo, la Tendencia Clasista y Combativa y el Movimiento 29 de Mayo marcharon a la puerta del Ministerio de Economía para reclamar la entrega de planes de empleo y bolsones de comida. Ante la negativa de los funcionarios a atenderlos y acceder al pedido, los manifestantes bloquearon el acceso al edificio hasta la madrugada. Al día siguiente, el Gobierno acusó a los piqueteros de haberle impedido la salida al ministro Tomada y hasta incluso hablaron de “secuestro”.
Luego de dos meses de investigación, Oyarbide dispuso el archivo del expediente y destacó que a través de la protesta social los piqueteros ejercieron “el legítimo derecho de petición ante las autoridades”. El juez también recordó que fue el propio Tomada quien minimizó la cuestión al afirmar que “le habían dicho” que los manifestantes no abandonarían la entrada hasta que no se satisficieran sus reclamos, de lo que “surge de manera evidente que la recomendación de permanecer en el edificio surgió del personal de seguridad” de esa cartera.
Finalmente, el juez enfatizó que la decisión de abandonar o no el edificio del ministerio dependió “exclusivamente de la voluntad del ministro y sus funcionarios, quienes ante la necesidad de resolver el conflicto suscitado por la manifestación recibida optaron de manera plausible por el criterio de negociar, evitando situaciones de violencia”.
Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers no apelaron la resolución del juez e incluso pidieron que se investigara a aquellos que testimoniaron “desdibujando la primigenia versión”.