La Cámara Federal porteña aceptó un pedido del empresario Lázaro Báez, quien a través de una carta de puño y letra había solicitado una “audiencia personal” con los jueces. Los magistrados lo citaron para el lunes 6 de junio, cuando se cumplan dos meses y un día de su detención. A la vez, en el juzgado de Sebastián Casanello, que tiene la instrucción de la causa por la que está preso, Báez reclamó que el magistrado y el fiscal Guillermo Marijuán “sinceren” el objeto procesal de la causa, es decir, el delito concreto por el que es investigado. Báez fue procesado por lavado de activos, pero el empresario señaló que el juez y el fiscal adujeron en algunas oportunidades que pudo haber sobreprecios en las obras públicas realizadas por su compañía y negó que eso hubiera ocurrido.

La Sala II del tribunal, que integran los camaristas Martin Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani, tiene que resolver las apelaciones del procesamiento de Báez por presunto lavado de activos dictado por Casanello. El empresario hizo llegar el viernes pasado un pedido escrito de puño y letra desde la Cárcel de Ezeiza en el que solicitó una audiencia personal para tratar “temas vinculados a la causa” y a su “situación procesal”.

“Báez desea ser escuchado personalmente antes de que el tribunal se expida sobre las apelaciones”, dijo un allegado al empresario, quien apuntó a que durante la audiencia el empresario pedirá el cese de su prisión preventiva y continuar el proceso en libertad. “Quiere que los camaristas escuchen de su propia boca que no existe riesgo de que se fugue y que tampoco obstaculizará la investigación que lleva adelante el juzgado y el fiscal Marijuán”.

Casanello detuvo a Baez el 5 de abril aduciendo el peligro inminente de fuga cuando viajaba desde Santa Cruz en un vuelo privado.

“En atención a lo peticionado en el escrito remitido por Lázaro Báez desde su lugar de detención y sin perjuicio que ya se ha superado la audiencia prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación (..), en resguardo del más amplio derecho de defensa del imputado suspéndase el pase al Acuerdo y fijase audiencia a su respecto para el día 6 de junio a las 11:15hs”, resolvió el camarista Irurzun. La Sala II puso como condición que Báez debe especificar “la naturaleza de la audiencia pretendida, posibilidad de acceso de otras partes, letrados, publicidad, etc., a los fines de poder instrumentar su adecuada realización”.

En el escrito presentado ante Casanello, Báez rechazó haber sido “el zar de la obra pública” del kirchnerismo y dijo que su empresa, Austral Construcciones, estaba en el número 35 de las constructoras que fueron adjudicatarias en la región patagónica. Además, acusó al magistrado de “direccionar” la causa y reclamó “sincerar” el objeto de la investigación, “si es que pretenden continuar con la inadmisible lógica de presunción de ilicitud general de mi patrimonio”.

“Tanto el fiscal como el juez intervinientes han alegado en reiteradas oportunidades –sin probar nada– que ACSA (Asutral) habría realizado obras en las cuales habría conjeturales sobreprecios. A partir de allí han invocado –también sin probar nada– que se habrían emitido supuestas facturas apócrifas mediante las cuales se habrían tornado ilícitos esos fondos”, adujo la defensa de Báez. “Parecería que el procesamiento en esta causa y la prisión preventiva dictada a mi respecto responde a fines vindicativos o propenden a cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos”, consideró en su escrito.

Báez dijo que los procedimientos por los que su empresa se hizo cargo de las obras fue transparente y detalló todas las compañías que intervinieron en esas operaciones. Finalmente advirtió que en el caso de que el objeto de la investigación sean los sobreprecios, “los actores centrales de ello no somos nosotros sino los máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional, los funcionarios de las carteras más importantes, los distintos actores del Congreso (Diputados y Senadores, nacionales y provinciales), y los demás funcionarios de la Administración Pública de todos los partidos políticos sobre quienes reposaba el deber de control”.