El panel que presentó el informe reflejó la amplia agenda de temas que abarca el CELS.
Imagen: Leandro Teysseire.

“La novedad es que hay otra vez una política de violaciones de derechos humanos que responde a un plan de gobierno. Un plan que esta vez se produce dentro de la legalidad vigente y usando todos los resquicios que esa legalidad permite”. La frase pertenece al periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, y tuvo lugar ayer durante la presentación del último informe anual del organismo, que abarca los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri. El panel reflejó la amplia agenda de temas y alianzas del CELS: los crímenes del Estado en México, la agenda regresiva en materia de drogas, la violencia de genero y el avance sobre los derechos laborales.

La coordinación del panel estuvo a cargo del director del CELS, Gastón Chillier, quien destacó la importancia de dos sentencias recientes: Plan Cóndor y la represión de diciembre de 2001, que permitió la condena de responsables políticos. “Es una larga línea de trabajo del CELS, que ya habíamos intentado tras las muertes en Puente Pueyrredón”, recordó. Como contracara mencionó los nulos avances en la causa por el atentado a la AMIA, destacó los debates sobre el accionar de los servicios de inteligencia y la incipiente reforma del sistema de inteligencia en 2015. “Vemos con preocupación que en las últimas semanas se está retrocediendo, con un decreto que vuelve a la lógica del uso reservado de fondos”, apuntó.

Narce Santibáñez, del Centro Pro Derechos Humanos (Prodh) de México, que litiga los casos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, resumió el panorama de su país en cinco puntos: macrodelincuencia, graves violaciones de derechos humanos, impunidad, corrupción y no acceso a la justicia. “México es el tercer país más violento después de Irak y Siria y se supone que no está en guerra”, destacó. Sugirió comillas para la “guerra contra el narcotráfico”, destacó que el crimen organizado está estrechamente vinculado al gobierno y que “tenemos que empezar a desmilitarizar el tema seguridad de manera paulatina”. La activista se explayó sobre la aplicación de torturas sistemáticas y ejecuciones extrajudiciales, y destacó el rechazo que el presidente Enrique Peña Nieto cosecha en todo el mundo. “Ayotzinapa lo persigue adonde vaya”, concluyó.

El sociólogo Juan Gabriel Tokatlian expuso sobre “la agenda regresiva en materia de drogas” y, sin poder hacer un balance de la gestión Macri, se detuvo en “anuncios y señales” preocupantes: discursos sobre “derrotar al narcotráfico”, decretos para derribar aviones o quitarle a la Sedronar el registro de precursores, afirmaciones de la ministra Patricia Bullrich en la DEA sobre “abrir la puerta de la colaboración con los Estados Unidos”, del propio Macri sobre “reforzar la relación bilateral a través de la DEA y el FBI” en relación al narcotráfico, entre otros. “No quiero prejuzgar pero hay que decir que estamos entrando en un sendero preocupante y peligroso”, advirtió.

Lausana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, citó el informe del CELS para destacar que “el ‘Ni una menos’ fue un punto de inflexión y al mismo tiempo reveló que la violencia institucional hacia las mujeres estaba relegada de la agenda de derechos humanos”. Cuestionó las políticas que “ponen el foco en las mujeres en calidad de víctimas y no en las relaciones desiguales de poder en las cuales se inscriben esos hechos de violencia”. “El ‘vivas nos queremos’ expresa un deseo que nos empuja, nos libera y nos da autonomía sobre cuerpos y vida, y amplia la agenda de reclamos al Estado”, destacó.

Daniel Catalano, secretario general de ATE-Capital, comenzó su exposición sobre la violencia institucional en Jujuy. “Nuestros compañeros no pueden caminar con remeras de nuestro gremio o de la Tupac porque son detenidos”, advirtió. Criticó el fallo “Orellano” de la Corte porque “da herramientas a la patronal para que siga persiguiendo y despidiendo” y se explayó sobre “los ataques brutales del gobierno a la clase trabajadora”: estigmatización de los empleados públicos, protocolo para disciplinar y policías en oficinas estatales con listas para informar quien pasa a ser un desocupado. “Es cierto que durante 12 años de creación de empleo no pudimos resolver la precarización, pero este gobierno ha avanzado de madera desmedida sobre la clase trabajadora”, señaló. “Este gobierno vino a generar un ejército de 15 millones de desocupados, para bajar salarios y garantizar la calidad de vida de ellos”, sentenció. “Vienen avanzando pero los laburantes estamos de pie”, concluyó, y convocó a la marcha federal de agosto “para poner a Macri en el lugar donde tiene que estar”.

Verbitsky repasó los orígenes del CELS durante la dictadura y la afirmación de Rodolfo Walsh sobre “la miseria planificada” como el más grave de los crímenes para recordar que sigue pendiente el análisis de “la participación empresarial que los explica y fundamenta”. El Congreso creó una Comisión Bicameral Investigadora pero “el gobierno tiene un interés notorio en que la investigación no se lleve a cabo”, remarcó. “En el actual gobierno hay un laissez faire con los procesos iniciados, sobre todo si se trata de militares retirados hace muchos años, pero no hay interés en avanzar hacia el enjuiciamiento de quienes de alguna manera impulsaron esas violaciones”, destacó. “Los informes del CELS reflejan la adaptación de nuestras prácticas a situaciones cambiantes”, explicó Verbitsky, quien al margen de los “muchos matices” del período 1984-2015 no dudó en calificar de “tercera etapa” a la actual. “Hay otra vez una política de violaciones de derechos humanos que responde a un plan de gobierno”, resumió.

El periodista consideró que América Latina fue en la última década “un contramodelo” de las políticas aplicadas en países centrales, con “ampliación de derechos en varios países”, pero que “ese contramodelo está profundamente en crisis”. Repasó el “golpe blando” en Brasil, retomó el caso argentino para advertir sobre “decisiones políticas que implican explícitamente violaciones de derechos humanos”: despidos masivos, gigantescas transferencias de ingresos, desmantelamiento de programas de protección social, reanudación del endeudamiento externo. “Frente a eso hay una política deliberada de represión de los movimientos sociales que exigen respeto por los derechos económicos y sociales de bastas partes de la población, y en ese sentido el encarcelamiento de Milagro Sala es una avanzada muy clara para intimidar a todos aquellos que quieran ejercer la protesta”, destacó.