EL PAíS › EL JUEZ CITó A INDAGATORIA A EX FUNCIONARIOS, LEGISLADORES Y DIRECTORES DE CINE

Una película dirigida por Bonadio

En una causa por supuesta malversación de fondos del Incaa fueron convocadas 70 figuras relacionadas con el cine. Mazure destacó que los subsidios directos fueron legales.

El juez federal Claudio Bonadio citó ayer a declaración indagatoria a una nómina de nada menos que setenta figuras públicas conformada por ex funcionarios kirchneristas, diputados, senadores, productores y directores de cine y televisión, a quienes tiene previsto hacer desfilar por su despacho de Comodoro Py a partir de esta semana y hasta noviembre, imputados por “malversación de fondos públicos”.

La medida se enmarca en una denuncia anónima ante la Cámara Federal porteña que originó en 2007 una causa por supuesto desvío de fondos destinados al incentivo del cine nacional.

Están citados a declarar desde el ex ministro de Educación Daniel Filmus hasta el senador y documentalista Fernando “Pino” Solanas, en una lista que incluye al ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y a los ex presidentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) Jorge Coscia, Jorge Alvarez y (la actual diputada nacional) Liliana Mazure, además de numerosos productores, directores y también autoridades de universidades que produjeron cine.

“A esta altura, la medida no me sorprende para nada”, dijo a Página/12 Liliana Mazure. “Hay una persecución hacia nosotros, compulsiva y acordada. Esto es un paso más dentro de una estrategia de gobernar y llevar el proyecto político de Cambiemos adelante”, denunció.

La causa se originó cuando en 2007 una denuncia anónima en la Justicia porteña señaló posibles desvíos de fondos y arbitrariedades en la adjudicación de subsidios a productoras de cine. El subsidio se conoce como “3J”, en referencia al artículo de la Ley de Cine que permite al titular del Incaa a financiar de manera directa a productoras. El expediente quedó en manos de Bonadio en 2010, que investiga únicamente el período 2006/2007. Desde entonces comenzaron los allanamientos y las denuncias contra los artistas que se identificaban con el anterior Gobierno, bajo el señalamiento de que sus posicionamientos eran “sobornados” con plata del Estado. “Mis seis años en el Incaa fueron para mí la concreción de muchos sueños, de hacer escuchar todas las voces de nuestro país en el mundo entero y de empoderamiento de la cultura”, señaló Mazure, quien destacó las producciones Aniceto, de Leonardo Fabio, y Vientos de Agua, de Juan José Campanella, como ejemplo de las producciones que se vieron alcanzadas por el artículo “3J”.

“Cuando yo llego al Incaa, Bonadio ya se había llevado todos los expedientes. Aún así, se generó una unidad de monitoreo, conformada por contadores, para determinar cuándo se comercializaba cada película, en la que por otra parte el Estado recuperaba la inversión en el porcentaje que había financiado. Vale recordar que, aún así, los subsidios directos no tuvieron nada de ilegal, porque se trata de un artículo de una ley nacional”, sostuvo Mazure.

Por su parte, el senador Fernando “Pino” Solanas, que a través del “3J” recibió fondos para sus películas Argentina latente y La próxima estación, anunció que presentará hoy un escrito ante Bonadio. En un comunicado difundido ayer, titulado “me auditaron hasta los boletos del colectivo”, Solanas calificó la citación como una “operación” para ensuciarlo: “Me llama la atención esta operación montada sobre una falsa información para manchar mi trayectoria al servicio de la ética pública y la defensa de los intereses nacionales”.

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La causa comenzó con una denuncia anónima en 2007.
 
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