El juez federal Sebastián Ramos procesó ayer al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por la presunta comisión de delitos en el marco de la renegociación de la concesión de los servicios ferroviarios durante las administraciones kirchneristas. Ramos los acusó de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y de llevar a cabo “negociaciones incompatibles con la función pública”. Además, les impuso embargos del orden de los 500 millones de pesos.

Tras cuatro años de investigación, el juez consideró que los ex funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner obstaculizaron la renegociación de las concesiones de los servicios ferroviarios y, de esa manera, contribuyeron a una situación irregular que derivó en un perjuicio para los usuarios, que soportaron un sistema ferroviario en malas condiciones de infraestructura y seguridad, informaron fuentes judiciales.

La causa comenzó en 2012 a propósito de una denuncia del secretario de la Asociación Civil de Defensa del Pasajero y del Usuario de Transportes (ADEPAUT), Edgardo Carranza, quien había advertido a la Justicia sobre la existencia de “un acuerdo entre funcionarios públicos y las empresas concesionarias de los servicios de ferrocarriles para que éstas no llevaran adelante los planes de inversión establecidos en 1994”, al momento de producirse la concesión del sistema ferroviario. Según la denuncia, el objetivo de tal acuerdo había sido mantener el régimen de excepción de la emergencia “con el fin de continuar recibiendo subsidios sin realizar las inversiones”.

En 2003 se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicio Públicos (UNIREN), que nunca fue integrada técnicamente ni convocada para avanzar en la renegociación de los contratos de concesión, según la investigación. “Luego de seis años de encomendada la renegociación a la Unidad que presidía por parte del Poder Ejecutivo, el ex ministro tenía conocimiento de que la renegociación de los contratos en cuestión no se había iniciado”, postuló Ramos, lo cual “refleja la voluntad perpetuada en el tiempo de impedir el inicio y avance del proceso en tal sentido”, añadió.