Si algo quedó claro al terminar la mega reunión que encabezó ayer el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, es que nadie en el universo judicial quiere pagar impuesto a las Ganancias. Ni jueces, ni funcionarios, ni empleados, y a duras penas algunos fiscales y defensores. No lo ven como un privilegio ni algo que ubica a los judiciales en un estatus diferenciado respecto del resto de la sociedad. Las asociaciones de jueces dicen que es una garantía constitucional, que pagar ese impuesto implicaría una rebaja salarial y que podría ser utilizado para condicionar su independencia. La Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) –el único gremio invitado al encuentro, pese a que hay otros– lo planteó en otros términos: ningún asalariado debería pagarlo porque “el salario no es ganancia”.

Lorenzetti convocó a una reunión sorpresivamente la semana pasada para conocer las posturas de entidades que representan distintos sectores del sistema de justicia en relación al pago de impuesto a las Ganancias. Es la primera vez en más de diez años como presidente del alto tribunal que llama a abrir un debate –que se hizo a puertas cerradas– sobre un tema que lleva años de controversia. Se adelantó, en buena medida, a un tema que los nuevos jueces supremos, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, ya mostraron interés en modificar cuando fueron consultados en la audiencia pública en el Senado, antes de que fueran aprobados sus pliegos. Rosenkrantz incluso dijo que iba a “militar” para que los jueces paguen impuesto a las Ganancias como cualquier hijo de vecino. Pero Lorenzetti, con astucia, juntó a representantes de la familia judicial, al gremio que dirige Julio Piumato y al Ministerio Público, lo que hacía fácil prever que habría una oposición definida a pagar el impuesto en cuestión.

El juez supremo inauguró el encuentro diciendo que estaba cansado de que aparezca su foto cada vez que algún medio publicaba información vinculada con la eximición de pagar ganancias que beneficia a los judiciales. Sin ir más lejos, así ocurrió un día antes de que difundiera su convocatoria, cuando el diario La Nación tituló que la exención de ganancias a los jueces cuesta al fisco 5.000 millones de pesos al año. Cuando intentó explicar por qué su decisión de hacer un encuentro ahora dijo que “el tema está en los medios”, que “estuvo en las audiencias públicas” de los dos nuevos supremos y que él quería conocer las posiciones. La UEJN se había declarado en “estado de alerta” ni bien conoció la noticia y amenazó con hacer paro ante el menor intento de hacerles tributar a sus agremiados. Otro de los gremios judiciales, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), se quejó en una carta dirigida a Lorenzetti por no haber sido invitado al encuentro. Y lo mismo hizo, pero directamente en un carta documento, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (Aefpjm) que planteó que se estaba perjudicando sus “intereses legítimos” como sindicato inscripto. Cuando uno de los representantes de la Procuración General en la reunión, Víctor Abramovich, señaló que todo el mundo debía estar representado, Lorenzetti intentó seguir de largo con el argumento de que las reuniones por este asunto recién comienzan.

Dentro del salón Gorostiaga del cuarto piso del Palacio de Justicia, se escuchaban cánticos de los distintos gremios, que se repartían entre la planta baja del edificio la calle Talcahuano, donde incluso en el hall estaba plagado de policías antimotines. En la calle y en Plaza Lavalle había un extenso vallado.

Cuando Lorenzetti cedió la palabra, por la UEJN habló Pablo Serdán, y planteó que su intención no era reflejar una “posición corporativa de los derechos como judiciales” sino lo que considera el gremio que corresponde para todos los trabajadores “que se ven perjudicados por una norma que no respeta sus derechos” y más aún en “el contexto actual”, en alusión a la inflación y el aumento de tarifas, lo que hace que además sea –dijo– “inoportuno”.

En 1996, la Corte Suprema dictó una acordada que declaraba inaplicable para los jueces el pago de impuesto a las Ganancias que poco antes había quedado establecida por ley. O sea, se autoeximieron de la norma a ellos y a todos los magistrados, y detrás el beneficio se aplicó al resto del sistema, de lo contrario su aceptación habría sido dificultosa. Cuando en 2004 cambió la Corte, los nuevos supremos –Lorenzetti inclusive– amagaron con modificar el régimen, pero nunca avanzaron.

Ricardo Recondo, el presidente de la tradicional Asociación de Magistrados, planteó que a su entender está fuera de discusión que desde el punto de vista constitucional los salarios de los judiciales no se pueden tocar, son “intangibles” y que en el caso de los jueces eso operaría como garantía de “independencia”. Que esa es la postura histórica de la asociación, aunque a menudo “aparece como injusta para la sociedad” y “en especial cuando hay decisiones que no les gustan a los políticos”. Advirtió que el poder político podría utilizar las escalas impositivas o sus ajustes para ejercer presión y complicar la investigación de los casos de corrupción.

El titular de la Junta de presidentes de Cámaras, Javier Leal de Ibarra, señaló que más allá de las diferentes opiniones y de que no tiene dudas constitucionales sobre la eximición de Ganancias, él alentaba la idea de darle una definición al tema. Quizá una salida, planteó, sería que sólo paguen los jueces nombrados de ahora en adelante, pero el riesgo es que poco tiempo después planteen reclamos de que a igual tarea corresponde igual remuneración.

Las exposiciones, de todos modos, no avanzaron en grandes detalles, más bien hubo grandes enunciados. Los jueces de las provincias, a través de la Junta Federal de Cortes (Jufejus), señalaron que en caso de que se planteara el pago había que tener en cuenta que fuera de la Ciudad de Buenos Aires, los salarios tienden a ser bastante inferiores. Los jueces porteños cobran de 80 a 160 mil pesos, pero hay provincias donde perciben sueldos de 25 a 40 mil pesos. El titular de Jufejus también hizo hincapié en la “intangibilidad” de los salarios. Para los jueces es obvio lo que en otros ámbitos puede discutirse: para ellos un impuesto implica una reducción salarial, no una carga pública.

Cuando veía que una gran mayoría de sus invitados se pronunciaba en contra de pagar ganancias, Lorenzetti enfocó a Abramovich, de la Procuración, y le pidió que se definiera. En su caso, dijo que no sólo contemplaba las cuestiones jurídicas sino, en el supuesto de que se deduzca el impuesto, cómo se haría para que no afecte los salarios, más aún ante el escenario inflacionario. Abramovich, que actúa como fiscal ante la Corte, le dijo a Lorenzetti que por lo pronto el Ministerio Público aceptaba el debate.

–¿Pero cuál es su posición?–le insistió.

–Con todo respeto, yo le podría hacer a usted la misma pregunta. O si la Corte va a revisar la acordada de 1996– le devolvió Abramovich.

La respuesta, hábil, fue “lo estamos discutiendo”. El Gobierno no envió a nadie de la AFIP, pese a que fueron invitados, en señal de que el tema no es prioritario en la agenda. Habrá nuevas reuniones judiciales y serán convocados el ministerio de Justicia y de Economía.